Martes, 01 Diciembre 2020 08:57

Querétaro: Estado sin ley

Written by Claudia Romero

Diecisiete operadoras privadas de agua recibieron permiso de operar en Querétaro, sea por la Comisión Estatal de Aguas (CEA) o por tres de los 18 municipios.

Querétaro es el único del país sin ley local de agua, aunque de 2006 a la fecha se han elaborado cuatro iniciativas. Diferentes promotores, diferentes figuras institucionales, misma tendencia: el servicio público en manos de privados.

El anteproyecto de Ley de Aguas del Estado de Querétaro —elaborada desde el ejecutivo en 2006, con injerencia del Banco Mundial—, proponía remunicipalización y posibilidad de concesión vía ayuntamientos. Igual que las dos iniciativas de Ley de Agua del Estado de Querétaro presentadas en 2008 el mismo día, pero por dos partidos distintos.

En el dictamen de Iniciativa de Ley del Agua del Estado de Querétaro enviada por el ejecutivo en 2017, apareció sorpresivamente la participación del sector privado en la prestación de servicios, aunque dicha posibilidad había sido eliminada en mesa de trabajo con la sociedad civil.

Algunas no presentadas —otras rechazadas, otra congelada—, las iniciativas “perdidas” no impidieron la materialización del modelo por todas previsto. Diecisiete operadoras privadas de agua recibieron permiso de operar en Querétaro, sea por la Comisión Estatal de Aguas (CEA) o por tres de los 18 municipios. Lo hacen bajo cláusulas discrecionales, desarraigadas de un marco legal uniforme que ha generado problemas entre los que destacan la adjudicación indebida de obligaciones, delegación indebida de responsabilidades, evasión de mecanismos de vigilancia, indefensión e impunidad.

El Relator de Naciones Unidas sobre el derecho al agua alertó dentro de su último informe especial, en octubre de este año, sobre tres factores que comprometen la garantía de derechos en contexto de prestación privada de servicios. La exclusión de cobertura a comunidades “no redituables”.

La creación de monopolios por cooptación del Estado, mal uso de aguas y otras prácticas que permiten la transferencia indebida de ganancias. El desmantelamiento de la capacidad técnica de una autoridad que se torna cada vez más dependiente de las privadas.

Cuando en 2008 se consultó a la CEA respecto de la propuesta de remunicipalizar los servicios, esta respondió por oficio que ello era inviable por tres motivos: la competencia le estaba reservada por su decreto de creación, el agua le estaba legalmente asignada y su transmisión incurriría en ilegalidad acorde con la Ley de Aguas Nacionales. Por último, los municipios en su fragilidad presupuestal no podrían hacerse cargo del servicio, como sí podía ella gracias a su salud financiera. Hoy —sin embargo— el otorgamiento de concesiones pasa por la declinación oficial de la CEA a su facultad aludiendo incapacidad de hacerse cargo y se transfieren de manera tanto contractual como fáctica grandes volúmenes de aguas, en efecto, intransferibles.

A la luz de los casos en donde “adjudicación y deslinde a conveniencia” son clave para operar a discreción, más que una “casualidad” la desregulación queretana parece atender a una conveniencia, cuyo único escenario más optimo para el proyecto de privatización es un derecho a modo que regularice lo irregular. Está por verse si tal pretensión se ha retomado en la iniciativa, no socializada aún, de reforma al Código Urbano, o en las cláusulas de política hídrica del recién anunciado, todavía no aprobado, Código Ambiental. Aguas.

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