Viernes, 25 Septiembre 2020 13:09

Tomemos un caso concreto: #NuevaLeyDeAguasYa

Written by Claudia Romero

La Conagua, efectivamente sin facultad para el abastecimiento, reporta no tener registro de permiso de explotación para abastecimiento urbano a nombre de la operadora privada.

Gobierno local concesiona el servicio público de agua a operadoras privadas —casualmente— todas vinculadas a inmobiliarias y —curiosamente— abasteciendo de manera exclusiva a los territorios de su propiedad. Cosa que, —es de esperarse— trastoca al bien común como fin del servicio público y el acceso universal al agua como un derecho humano. Fuera, comunidades denuncian despojo o desabasto provocado por urbanizaciones edificadas en zonas -en muchos casos- sin viabilidad hídrica y, por lo tanto, sin infraestructura. Dentro, residentes de los fraccionamientos reclaman tarifas excesivas, aguas contaminadas o servicio deficiente.

Hoy por hoy, el artículo 4° constitucional establece el acceso al agua y al saneamiento como derechos cuya inclusión en la regulación integral del agua sigue pendiente a 8 años de su reconocimiento. La administración de fuentes de agua corresponde a la Comisión Nacional de Aguas (CONAGUA) acorde al artículo 27°. El abastecimiento urbano corresponde a los municipios según el 115, o bien —como sucede en nuestro caso— tal facultad originaria puede cederse a un órgano de nivel estatal.

En la ciudad de Querétaro simultánea y arbitrariamente, tanto la Comisión Estatal de Aguas (CEA) como los municipios, se adjudican o bien claudican sus facultades cuando de concesionar el servicio público se trata. Sucede que, por un lado, la CEA declina la facultad -aún vigente- que adquirió por decreto y el municipio concesiona pretendiendo ejercer una facultad previamente delegada.

Los pobladores afectados acuden a las instituciones para encontrar a la primera deslindarse por “no tener facultad” al no haber otorgado ni la concesión ni su infraestructura. El segundo se deslinda aludiendo “no tener facultad” frente a hechos derivados de “contrato entre particulares”.

La CONAGUA, efectivamente sin facultad para el abastecimiento, reporta no tener registro de permiso de explotación para abastecimiento urbano a nombre de la operadora privada. Claro, porque dotarle de aguas para dicho fin sería —como lo es— ilegal. La investigación correspondiente, que sí le compete, queda inconclusa. Inéditamente, la Defensoría local de Derechos Humanos admite fungir como mediadora entre los “usuarios finales” y la operadora; equiparando tácitamente a ésta última con la autoridad responsable, pero sin reconocerla formalmente como tal. Sin definir tampoco contundentemente a CEA o municipio —o a ambos— como tales.

La ausencia de un marco legal claro provoca que la ruta de protección del derecho al agua quede al arbitrio de las instituciones y —sobre todo— de las voluntades en turno. Imagina que esto se repite. No lo imagines. Abre el periódico. Durante la reciente presentación de su último informe, justamente sobre “privatización de los servicios de agua y saneamiento”, el Relator Especial de Naciones Unidas para dichos derechos alertó sobre el nulo progreso en las 20 recomendaciones derivadas de su visita a México, particularmente la actualización de legislación en la materia.

A propósito, el relator ahondará en ello el próximo 28 de septiembre en un foro público y virtual de la Cámara de Diputados, donde actualmente se discute el futuro legal de las aguas mexicanas.

Son estas realidades las que ponen de manifiesto lo irrisorio de buscar materializar el mandato del 4to constitucional a partir de una Ley General de Aguas que regule exclusivamente “lo relativo al derecho humano al agua” sin tocar la actual Ley Nacional de Aguas y los intereses detrás de ella.

Es decir, acotarle a determinado número de litros por día, para población “rural” “indígena o afrodescendiente” en “pobreza extrema”, que, según los promoventes de dicha iniciativa constituye el total de la población sin acceso al derecho al agua.

Como seguiremos detallando, este derecho humano es interdependiente e indisociable de otros derechos como el saneamiento, la salud, la alimentación y medio ambiente sano. Un absurdo de iure, pero sobre todo de sentido común es pretender su garantía fuera del manejo integral del agua. Los hechos hablan.

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