Lunes, 17 Febrero 2020 00:00

El PIN parental contra la educación sexual

Written by Alejandra Martínez Galán

La controvertida diputada Elsa Méndez presentó hace algunos días una iniciativa de ley llamada “PIN Parental”, la cual pretende que padres y madres de familia puedan intervenir en la educación de sus hijos/as, a través de una reforma al artículo 58 de la “Ley de Educación del Estado de Querétaro”.

Este artículo en general habla de los derechos y obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela, entre los que están: obtener la inscripción, el colaborar con las autoridades escolares, formar parte de asociaciones de padres de familia, conocer las calificaciones de sus hijos/as o pupilos/as, así como participar en los programas, cursos y talleres que determine la Secretaría de Educación, los cuales serán tendientes a fomentar la vinculación con los educandos en temas de sexualidad, nutrición, valores, seguridad y demás que se requieran, acorde a la realidad social que se va presentando.

En realidad esta propuesta presentada por la diputada no responde a la realidad actual del estado, sino más bien es una estrategia de la ultraderecha internacional que nació inicialmente en España impulsada por el partido político Vox, partido ultranacionalista y de extrema derecha caracterizado por propuestas regresivas y que atentan contra los derechos humanos, y ahora retomadas por el Partido Encuentro Social.

La propuesta de VOX, al igual que la copia que ahora hace Elsa Méndez, es defender que los padres y madres de familia deben tener la libertad de elegir los contenidos educativos que reciben sus hijos. Pero en realidad no se refieren a cualquier contenido educativo, sino en particular con los relacionados a la educación sexual, porque para nada se ha escuchado que están interesados o preocupados por involucrarse en los contenidos de otro tipo materias, como por ejemplo español o matemáticas.

Lo que está detrás de esta supuesta “libertad de elección” es el reforzamiento de valores morales desde una visión religiosa, para impedir que niños, niñas y adolescentes reciban educación sexual en las escuelas.

Esta propuesta es regresiva y vulnera los derechos de los niños y niñas, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México.

La Convención sobre los Derechos del Niño en su Artículo 3 establece que las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deben de tomar medidas basadas en la consideración del interés superior de la niñez, correspondiendo al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los padres y madres, u otras personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo.

Mientras que el Artículo 29 afirma que la educación del niño/a deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades, así como inculcar al niño/a el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en México, en su Artículo 1 reconoce a los NNA como titulares de derecho, mientras que en el Artículo 2, se manifiesta que para garantizarles su protección, las autoridades deben realizar acciones y tomar medidas para promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Teniendo como base fundamental el interés superior de la niñez, el cual deberá ser considerado de manera primordial en toda toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes.

El Artículo 13 por su parte, garantiza el derecho a la educación y a la libertad de expresión y de acceso a la información, mientras que el Artículo 58, afirma que uno de los fines de la educación, es promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y adolescentes que le permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Por tanto, aunque los padres y madres de familia tienen derecho a decidir muchas cuestiones sobre la educación de sus hijos e hijas, los niños y niñas también tienen derecho a una educación plural en valores democráticos, por lo que el Estado al tener la rectoría de la educación le corresponde velar por ella.

La propuesta y postura de la diputada Elsa Méndez es preocupante y sumamente peligrosa, ya que en México contamos con antecedentes negativos de cuando los gobiernos priorizan sus ideologías y valores morales, frente a los derechos de la población, en este caso los NNA.

Para muestra un botón: En los periodos sexenales de Vicente Fox y de Felipe Calderón, hubo una ausencia de campañas de control de natalidad y anticonceptivos lo cual trajo consigo un aumento en las cifras sobre el embarazo adolescente.

El mismo Osorio Chong, como titular de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Peña Nieto llegó a afirmar que hubo descuido en estos gobiernos en las políticas públicas en materia de planificación familiar y salud sexual y reproductiva, derivando en una alta incidencia de embarazos en jóvenes y adolescentes.

La salud reproductiva no fue una prioridad para los gobiernos panistas, a los cuales les ganó la ideología, limitándose a promover la abstinencia para evitar los embarazos no deseados y las consecuencias están a la vista:

Según información del Instituto Nacional de las Mujeres, México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. De acuerdo con estos datos, aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.

Esto pudo ser consecuencia, entre otras situaciones, de un incremento de 30% entre el 2006 y el 2012, del comienzo de la vida sexual en mujeres de 15 a 19 años. En 2006 el 20.9% de las mujeres de 15 a 19 años habían empezado a tener relaciones sexuales, pero para 2012 el porcentaje aumentó a 31.2 (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012). 

Aunado a ello, del número de adolescentes que inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años, el 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual.

Estas cifras deberían de preocuparnos, sobre todo por la mala información existente, la cual afirma que la Educación Integral en Sexualidad no sirve, sin embargo, existen estudios basados en evidencia científica que muestran lo contrario. A continuación se mencionan algunos de ellos:

1. La organización Advocates for Youth se ha dedicado a estudiar desde 1998 los resultados positivos que ha presentado la educación sexual cuando forma una parte integral de los programas educativos desde la infancia en Francia, Alemania y Holanda. La organización ha concluido que existen principalmente dos factores que contribuyen a la obtención de buenos resultados en los países europeos: 1) la apertura social y la normalidad con la que se manejan los temas de sexualidad, y 2) las políticas gubernamentales implementadas, ya que los gobiernos de estos países financian y distribuyen constantemente campañas de educación pública sobre sexualidad a través de la televisión, lo periódicos, la radio, el internet, los anuncios espectaculares, las escuelas, etc.

2. Otro ejemplo es la investigación realizada en 2006, por Douglas Kirby y sus colegas del Centro de Investigación Healthy Teen Network, quienes publicaron un informe titulado Programas de educación sexual y en VIH para la juventud. Su impacto y características importantes.

Este informe identificaba 17 características de los programas que habían sido reconocidos como efectivos para el cambio de conductas que conducen a embarazos no planeados y a contraer ITS y VIH en los y las jóvenes. Para identificar esas características, los investigadores llevaron a cabo una revisión sistemática de 83 programas de educación sexual y prevención de VIH tanto de países desarrollados, como de países en desarrollo.

De los 83 programas revisados, alrededor de dos tercios de ellos mostraron cambios conductuales positivos. Es decir que la mayoría de los programas resultaron efectivos para cambiar el comportamiento en una dirección positiva.

3. Cochrane (Red global independiente de investigadores en salud) realizó una investigación con 41 ensayos controlados aleatorios en Europa, Estados Unidos, Nigeria y México, donde afirma que existe evidencia de que la Educación Integral en Sexualidad previene los embarazos precoces no planificados en adolescentes.

4. Entre 1998 y 2003, en Inglaterra y Gales, hubo una reducción del 56% en la tasa de nacimientos entre adolescentes menores de 18 años. El éxito se atribuye a la estrategia de prevención del embarazo adolescente que se aplicó en el país, la cual tuvo el objetivo brindar educación sexual de buena calidad que respondiera a las necesidades de las y los jóvenes.

5. En un estudio efectuado en Kenia, en el que participaron más de 6.000 estudiantes que habían recibido educación sexual, se comprobó el aplazamiento de la primera relación sexual y un aumento del uso del preservativo en aquellos que ya eran sexualmente activos, en comparación con más de 6.000 estudiantes que no habían recibido educación sexual.

Lo que se puede concluir a partir del trabajo realizado por varios estudios serios, sistemáticos, y con evidencia científica es que se confirma que la educación sexual y las políticas públicas sí contribuyen a fomentar la salud sexual entre los jóvenes, a reducir el embarazo en adolescentes, así como la propagación de infecciones de transmisión sexual, pero no sólo eso, también fomentan el respeto y la responsabilidad para el desarrollo de una vida plena.

Si bien, los padres y madres de familia tienen derecho a educar de la manera que mejor les parezca a sus hijos, la salud sexual y reproductiva es un problema de salud pública, y por tanto le corresponde al Estado otorgar a la niñez y juventud las herramientas necesarias para salvaguardar su salud sexual, como lo es la Educación Integral en Sexualidad.

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