Domingo, 01 Octubre 2017 19:00

Elecciones: el germen de la corrupción (I/II)

Written by Francisco Hernández Calderón

Iniciado ya oficialmente el periodo electoral en nuestro estado, varios nombres suenan ya como posibles candidatos de las distintas fuerzas políticas que operan en nuestro estado. Son 46 los espacios de poder que hay en juego: 18 ayuntamientos, 25 diputaciones y tres senadurías. No obstante, si prescindimos de los cargos plurinominales, son 35 los cargos de elección popular que se disputarán en las elecciones de 2018. Por tanto, 35 son los personajes que finalizados los comicios obtendrán el triunfo electoral y eventualmente definirán el rumbo político del estado.

El ejercicio democrático en nuestro estado ha ocurrido históricamente entre dos camarillas; el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). Existe en Querétaro un arraigado bipartidismo que merma la posibilidad de que los ciudadanos tengamos verdaderamente lo que nos merecemos: una democracia de calidad. La realidad que cada tres años nos acosa, es que los queretanos no contamos con un abanico de suficientes opciones de entre las cuales podamos elegir. Lo cual no necesariamente es una condición de la democracia, pero sí de crucial importancia para el adecuado funcionamiento de la misma.

Una de las bondades de la democracia es que al menos políticamente, ésta nos otorga a todos los ciudadanos el mismo peso en el mercado electoral.

Empero es preciso decir que, lamentablemente no todos los ciudadanos tenemos posibilidades reales de ser candidatos. En este tenor cabe recordar que los partidos políticos, como entidades de interés público que buscan acceder al poder, dirigen todas sus acciones a mantener y obtener la renta, el poder y el prestigio. Su función social de elaborar y realizar políticas resulta ser un subproducto de sus motivaciones privadas.

Para efectuar sus designios, los candidatos propuestos por los partidos políticos, necesitan recabar fondos para financiar sus campañas. Las actuales reglas y regulaciones para el aspecto financiero de la competencia partidaria hacen posible que los partidos políticos tengan la capacidad organizacional para vender sus ideologías y sus presuntas propuestas de políticas al electorado. En esencia, los políticos formulan propuestas de políticas con el objetivo de gobernar, no gobiernan con el objetivo de formular propuestas de políticas. De suyo, la anterior dinámica vuelve a los candidatos una suerte de empresarios recaudadores de capital que pretenden consolidar a su partido-marca como puntero político predilecto en un mercado electoral cada vez más competitivo, cueste lo que cueste.

Pero, ¿qué sucede cuando los partidos políticos con todo y la gran bolsa de dinero de que hoy por hoy disponen, no logran obtener una mayoría que permita ganar ampliamente las elecciones? Simple, establecen alianzas y coaliciones. La Ley General de Partidos Políticos abona a darnos una definición teórica de lo que son las coaliciones, definiéndolas como la “manera en que se organizan dos partidos políticos o más con el fin de alcanzar puestos de representación popular”. De la anterior definición se deduce que la razón por la que los partidos políticos deciden integrar coaliciones, desde luego, no es cultivar amistades. Entre otras cosas, las coaliciones logran una legitimidad incuestionable, cuando un solo partido no es capaz de lograrlo.

Hoy por hoy, el mapa político en el estado pinta preponderantemente blanquiazul. El PAN, además de tener la gubernatura, domina en 11 de los 18 municipios de nuestro estado, y posee 13 de 25 legisladores en el Congreso local. En el otro extremo de la balanza, el PRI, con todo y sus disolutas prácticas, tiene presencia sólo en 5 de 18 municipios (todos por coalición, ninguno por triunfo individual). Ahora bien, ¿qué pasa con los restantes dos municipios donde no gobiernan individualmente el PRI ni el PAN? Son gobernados por el Partido Nueva Alianza (Panal) y el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), ambos tradicionales aliados del PRI.

Si bien, la legislación electoral en Querétaro ya permite las Candidaturas Independientes (CI), esta novedosa figura aún no tiene una presencia notoria en el estado. En el proceso electoral local ordinario de 2014-2015 se presentaron siete planillas de CI para los ayuntamientos de: Cadereyta, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, y dos en Tolimán. Un punto a favor de nuestro árbitro electoral, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), es que, en los municipios de Cadereyta de Montes, Corregidora y Ezequiel Montes, por la cantidad de votos obtenidos, se asignó una regiduría de representación proporcional a 3 candidaturas independientes.

Dadas las condiciones legales de relativa equidad, y la existencia de un árbitro reductor de incertidumbre que la hace a la vez de organizador de los procesos electorales y legitimador de los resultados, los partidos políticos se ocupan de explotar al máximo el régimen de financiamiento existente para poder captar más votos.

En 2015, por citar un ejemplo, el total de financiamiento público proyectado a distribuir entre los partidos políticos y las candidaturas independientes en el estado se estimó en un total de 103 millones 181 mil 885.78 pesos. Con este escenario previo, lo que naturalmente se advierte para el periodo electoral próximo es un cóctel de compra de votos, compromisos políticos entre compadres, contratos de concesiones fraudulentas, etc. Años de experiencia con un bipartidismo recalcitrante conducen a la gente a hacer conjeturas sobre la realidad queretana.

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