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Jardín Guerrero, la primer derrota de Loyola Vera

Por: Isamar Cabrera Ríos

Una “acampada”, una combinación de organización y presión social, más una avalancha de comentarios y críticas en su contra a través de Facebook y Twitter por considerar que su proyecto dañaba el patrimonio del Centro Histórico, fueron los ingredientes de la ‘receta’ que derrotó al alcalde Roberto Loyola Vera en su intención de demoler la fuente del Jardín Guerrero.

Cuando se enteraron del propósito de remodelar la plaza pública, que oficialmente tendría un costo de 10 millones de pesos,  habitantes de Querétaro manifestaron su inconformidad al considerarlo un “despilfarro” de recursos y un atentado contra el patrimonio histórico de la entidad (Tribuna de Querétaro, 662).

El 3 de mayo se llevó a cabo la «Asamblea Informativa tardía» con el objetivo de recolectar firmas y realizar consultas en relación con el destino de la fuente; se había invitado a la autoridad para entablar un diálogo pero ésta nunca se presentó

Ese mismo día se inauguró la “Acampada Guerrero”, campaña que tuvo eco en las plataformas Facebook y Twitter para manifestar su crítica hacia el presidente municipal Roberto Loyola por intentar hacer una obra sin consultar a los ciudadanos.

“Acampada Guerrero” consistió en que decenas de habitantes se plantaron en el Jardín para impedir la obra de “remodelación”, hasta que el presidente municipal dialogara con ellos y mostrara apertura para no realizar su propósito inicial.

Al mismo tiempo que avanzaba la “acampada”, usuarios se preguntaron molestos: “Loyola, ¿al jardín de quién te llevas nuestra fuente?”, y también propusieron “Que el alcalde nos dé una respuesta pública”, entre otras manifestaciones.

La presión que se hizo en Twitter provocó que el edil se comprometiera a no mover ni una sola piedra de la fuente, y se ‘conformara’ con modificar la fisonomía de la plaza pública en aras de un supuesto incremento de la movilidad.

Guadalupe Zárate Miguel, doctora en Historia e investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), advirtió que políticamente el hecho fue grave porque puso en evidencia una forma ‘autoritaria’ para ejercer el poder y tomar decisiones en materia de espacios públicos.

Asimismo, afirmó que con la obra sí se habría producido un daño al patrimonio, dado que todo espacio tiene un fuerte significado social y que cualquier monumento, aun cuando no pase de 100 años, posee valor histórico y no debe ser removido a menos que suponga un riesgo social.

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