Peña Colorada: Kuri prometió protección; hoy delega responsabilidad a AMLO
Dos décadas de lucha
En el 2000, cuando Ignacio Loyola Vera fue gobernador del estado comenzó la lucha por parte de activistas para que se declarara a Peña Colorada como área natural protegida, con la finalidad de evitar que el crecimiento acelerado de la ciudad acabara con la naturaleza. Esta iniciativa se extendió a otras regiones como El Tángano o el cerro del Cimatario.
Según el proyecto del gobierno federal, hay más de 700 especies de animales, insectos y plantas que se encuentran en la región de más de 4 mil hectáreas. Algunas de éstas son endémicas y nueve se encuentran en riesgo de extinción.
En 2019 tomó más fuerza el movimiento, ya que en la Legislatura del Estado se intentó promover un decreto estatal, sin embargo, la bancada de Morena se opuso. En ese mismo año, el gobierno estatal de Domínguez Servién inició el diálogo con el presidente López Obrador para echar a andar el proyecto.
El presidente de México se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre esta situación; por ejemplo, en 2019 señaló que el diálogo era la vía para llegar a acuerdos y posteriormente en 2022 reiteró su compromiso del decreto de protección.
El nombramiento busca frenar los intereses de grupos inmobiliarios que han burlado el polígono de protección decretado en 2014, como en 2020, cuando a menos de un kilómetro y medio de la zona hubo un cambio de uso suelo, lo que permitió que se construyan viviendas en un terreno de 39 mil metros cuadrados.
Ejidatarios, excluidos
Son nueve ejidos que tendrán repercusiones con la protección del polígono; los dueños de las tierras han declarado de manera constante que nunca se les consulta y que lo que saben del proyecto es por los medios de comunicación, de ahí que vean un abandono de las autoridades.
Cerca de 15 mil personas dependen de los recursos que ahí se encuentran y con las restricciones que requiere una zona protegida, no podrían ni siquiera extraer leña del lugar. Así el interés del gobierno choca contra el de los particulares que temen perder su patrimonio.
El 22 de noviembre la abogada y ejidataria Rocío Vidal indicó que buscaron acercamiento con Paloma Arce Islas, delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien una semana antes señaló que no era su competencia atender las inconformidades.
Vidal remarcó que no están contra la protección del medio ambiente, pero sí contra los términos que les ofrece el gobierno federal, de 5 mil pesos anuales por cinco años. Se dijeron listos para comenzar otras acciones legales en caso de que no haya un acuerdo favorable.
Ante las protestas, el gobernador Mauricio Kuri sugirió el 25 de noviembre a los ejidatarios tomar el apoyo “porque difícilmente un municipio les dé un uso de suelo diferente”. Señaló que el gobierno estatal plantea de igual forma un apoyo económico del que no dio más detalles.
Cabe señalar que ni la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente o el proyecto presentado contemplan alguna indemnización o apoyo económico a los dueños de la tierra, a quienes únicamente se señala que se les notificará de la determinación de la autoridad.
El artículo 2 de la Ley de Expropiación en el país enuncia distintos supuestos en los cuales puede procederse a la toma de un espacio, como la protección de una zona natural o sus recursos; promete una indemnización a los dueños de las tierras según su valor de mercado.
No obstante, según autoridades estatales, este procedimiento en Peña Colorada no se trata de una expropiación, por lo que seguirá la incertidumbre sobre el apoyo que recibirán.
