Jueves, 06 Mayo 2021 12:00

El contexto de las reformas a leyes del sector energético Featured

Escrito por: Ángel Balderas Puga

No se pueden comprender las iniciativas sobre reformas a leyes en el sector energético, recientemente enviadas al congreso por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, sin tener el contexto previo derivado de los cambios en el andamiaje jurídico de la reforma energética de 2013.

Uno de los principales cambios en este andamiaje jurídico fue la modificación del artículo 27 constitucional para permitir el otorgamiento de contratos, tanto en el sector petrolero como en el sector eléctrico. El problema de esa reforma es que no se establecieron ningún tipo de candados para la participación de extranjeros, es decir, se dejó en total libertad y sin regulación a los extranjeros que quisieran invertir en el sector energético.

Pero además de permitir de manera indiscriminada la participación de trasnacionales en nuestro sector energético, también se les dieron ventajas incomprensibles, desde el punto de vista nacionalista y estratégico.

Las reformas propuestas por el gobierno de la 4T no constituyen en sí una reforma energética de gran calado, como si lo fue la de 2013, la que incluyó cambios constitucionales, por cierto, para nada obstaculizados por ningún juez, a pesar de ser sumamente lesiva para el interés nacional.

Las propuestas enviadas por el ejecutivo al legislativo buscan reducir los efectos más nocivos de la reforma energética de 2013 impulsadas por el PRI y por el PAN.

Uno de estos efectos fueron la firma de toda una serie de contratos leoninos, ampliamente ventajosos para los privados y ampliamente desventajosos para las paraestatales públicas, Pemex y CFE.

Por primera vez en años, han sido exhibidos, por parte del gobierno federal, algunos de esos contratos.

En el caso del sector eléctrico, la pérdida para el sector público, derivada de contratos con los Productores Independientes de Energía (PIE) alcanzó los 470 mil millones de pesos en tan sólo cinco años, es decir, casi 100 mil millones de pesos anuales. Las ventajas para el sector privado trasnacional se han dado por subsidios, por bajo despacho de energía eléctrica, por riesgos cambiarios, por simulación en el proceso de autoabasto, por distorsiones en la adquisición de certificados de energía limpia y por gastos no asumidos para el respaldo de energías renovables, entre otros.

En el caso del sector de los hidrocarburos es bastante emblemático el contrato Odebrecht-Braskem-Idesa para el suministro de gas etano por parte de Pemex. Este contrato leonino fue firmado por el gobierno del panista Felipe Calderón.

En este contrato, Pemex se obligó a suministrar 66 mil barriles diarios de gas, durante 20 años, más prórrogas adicionales de hasta 15 años adicionales. De manera increíble, Pemex, el vendedor tenía que hacerse cargo del costo total del transporte, nacional o de importación. ¿Se imaginan si una empresa privada vendedora se quisiera hacer cargo del costo total de la mercancía entregada a sus clientes?

Pero, además, hay en ese contrato penalizaciones a Pemex, desproporcionadas e inequitativas. Por cada barril no suministrado, por debajo de los 66 mil, Pemex debía pagar ¡200 por ciento de penalización! Mientras que Braskem-Idesa pagaría únicamente un 30 por ciento.

Entre 2016 y 2020 el costo para Pemex y por lo tanto para el sector público y por lo tanto para todas y todos los mexicanos fue de 13 mil millones de pesos, casi 2 mil 600 millones de pesos anuales.

Son todas estas distorsiones, extremadamente dañinas, las que se busca corregir con las iniciativas de ley en el sector energético. Se trata de volver a poner por delante lo público, por encima del lucro privado.

 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Tal vez te pueda interesar: « Felipe And justice for all »

Redes sociales

Contacto

Teléfono y fax: 1921200 Ext. 5425
Correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com