Lunes, 22 Febrero 2021 00:02

¿Regular las redes sociales?

Escrito por: Sergio Rivera Magos

Las redes sociales han pasado de ser benditas a medios dudosos operados por intereses oscuros y empresas con poder desmesurado. Cuando sirvieron para los fines políticos del actual gobierno eran espacios irreprochables de libertad ciudadana, hoy amenazan al sistema y a su elaborado modelo de comunicación política. El giro en la percepción gubernamental de las redes sociales comienza con el ejercicio del gobierno mismo, cuando se denuncia que toda crítica vertida a través de redes sociodigitales procede o de bots o de enemigos del cambio añorando privilegios perdidos. Las redes sociales —según el discurso oficial— deberían estar reservadas para quien apoya o aplaude, y no para el que diciente o critica.

El divorcio definitivo entre redes sociales y gobierno vino cuando en enero Twitter y Facebook cancelaron las cuentas de Donald Trump, por violar sus disposiciones en cuanto a incitación a la violencia y propagación reiterada de mentiras. Esto fue duramente condenado desde las mañaneras, planteando la necesidad de regularla por ser agentes de censura. El pico del conflicto se presentó cuando Twitter suspendió a varios usuarios por contravenir sus políticas de spam, entre ellos cuentas afines a la Cuarta Transformación.

Es una realidad que las redes sociales se han convertido en un espacio donde lo mismo se promueve la democracia, que se le amenaza a través de fake news, lenguaje de odio, y campañas de bots y haters. Sin embargo, su regulación es crítica y requiere de un acuerdo global entre sociedad, empresas y gobierno, así como organizaciones relacionadas con el mantenimiento de Internet como espacio horizontal y público.

La opción de que el gobierno las regule abre la puerta a nuevas formas de censura y de uso político de Internet. Sobre todo, considerando la implementación no orgánica que este gobierno les ha dado, tendiente a acallar voces críticas como lo ha señalado repetidamente el Signa-Lab del ITESO. En la antesala de un proceso electoral como el que se llevará a cabo este año, una regulación gubernamental de las redes sociales podría estar sesgada y fuertemente politizada.

La iniciativa propuesta por el senador Ricardo Monreal adolece del conocimiento pleno sobre lo que son las redes sociales y su diversidad. No son equiparables a los medios de comunicación convencionales, ni en sus fines ni en sus contenidos, no sirven sólo para informar, también son espacios de interacción a veces lúdica, a veces comercial o meramente emocional. Implican la posibilidad de expresarse y demandan libertad para ello, pero esta libertad no puede ser absoluta, pues debe estar acotada por la comunicación responsable, el civismo digital y por los límites impuestos a los discursos de odio y a la difusión de mentiras.

La propuesta parte de falacias como el hecho de que las redes sociales son concesionarias de un bien público como es el espectro radio-eléctrico, pero no son estas las que reciben tal concesión, sino las empresas que ofrecen el servicio de Internet, en donde circulan una gran cantidad de formatos, contenidos digitales y donde se establecen todo tipo de vínculos entre plataformas y consumidores.

Monreal se refiere a las redes sociales como empresas que no tienen reglas y que cancelan cuentas arbitrariamente atentando contra la libertad de expresión; pero estas plataformas cuentan con ellas y son aceptadas por los usuarios cuando deciden abrir un perfil. Lo que se debe buscar es que estas reglas sean mejores, se apliquen con criterios más consistentes, trasparentes y se apeguen a lineamientos éticos deseables para la promoción de una participación ciudadana constructiva. Si la autorregulación es mala, deberá buscarse que esta mejore, a riesgo de la intervención autoritaria del gobierno.

La discusión sobre la necesidad de regular Internet es mucho más amplia que la iniciativa de Ricardo Monreal. Requiere de un acuerdo liderado por expertos en derecho digital, organizaciones civiles vinculadas al derecho a la información y al uso libre de Internet, académicos y organizaciones de usuarios. Tal regulación no debe obedecer a los vaivenes políticos ni a las paranoias gubernamentales, la posible regulación deberá de nacer de la convicción de mantener Internet como un espacio de propiedad común, sin más restricción que las impuestas por la sociedad y las organizaciones especializadas en su correcto funcionamiento a nivel global.

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