Lunes, 17 Mayo 2021 00:00

El papel del árbitro electoral

Escrito por: Sergio Centeno García

En cualquier contexto colectivo donde se pretenda promover los valores democráticos; esto es, donde se quiera tomar en cuenta la opinión de todos los integrantes del grupo para la toma de decisiones importantes, se promueve también la elección de quienes habrán de funcionar como guías, líderes o representantes grupales. Esto es una parte importante de la democracia y la mayoría de las sociedades que presumen ser democráticas así lo hacen.

Y cuando de elegir a sus representantes se trata, producen leyes o reglamentos para regular los procesos electorales, y al mismo tiempo nombran “árbitros” o “árbitras” que habrán de encargarse de promover, organizar y realizar las elecciones. Y cuando dichos árbitros no pertenecen o no tienen compromiso alguno con los grupos que compiten, dichas elecciones se llevan a cabo con limpieza y efectividad respetando la voluntad popular. El problema es que esto nunca sucede, pues es muy normal que quienes conforman los institutos electorales en los países, o las comisiones electorales en las empresas e instituciones no gubernamentales, son miembros activos de los grupos de poder que mantienen el control. Esto por supuesto obstaculiza y envilece los procesos de elección trayendo como consecuencia la imposibilidad de que la cultura democrática progrese.

¿De qué manera actúan estos miembros de los “institutos electorales” o de las “comisiones electorales” para favorecer a sus correligionarios? Muy simple: utilizan las leyes o los reglamentos electorales para favorecer a los suyos y para perjudicar a los contrarios, tal y como hoy está ocurriendo en nuestro país y ha venido sucediendo desde el año 2000. De este modo, se conducen totalmente estrictos con sus adversarios políticos, pero les permiten todo tipo de trampas y actos delictivos a sus compañeros de partido, por ejemplo, anulan las candidaturas de sus enemigos por cualquier tontería y se hacen de la vista gorda cuando sus correligionarios cometen verdaderos actos delictivos. Por eso es que hoy el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de sus consejeros, ha cancelado casi 100 candidaturas al partido Morena, pero permite que sus amigos ofrezcan impunemente “tarjetas rosas” con las que prometen que, si ganan la elección, regalarán mil 500 pesos bimensuales a quienes logren demostrar que votaron por ellos, lo cual es una descarada y ruin compra del voto aprovechándose de la pobreza y la necesidad de la gente humilde, pero el INE nada de esto ve.

Ahora bien, cuando en los países, estados, instituciones educativas o empresas particulares los miembros de los “institutos electorales” o de las “comisiones electorales” no logran descalificar a sus adversarios utilizando tramposamente las leyes o normas que ellos mismos han creado, recurren al fraude electoral con el único fin de que los candidatos de su grupo obtengan el triunfo. Esto es lo que ocurre normalmente en México y sólo se ha podido evitar (como en el 2018), con el triunfo de López Obrador, cuando la votación adversa a los organizadores de las elecciones ha sido tan abundante que intentar el fraude electoral, ya sea cibernético o manual, es muy arriesgado.

Evitar a toda costa hacer un uso faccioso de los organismos encargados de organizar los procesos lectorales, es indispensable si es que queremos que la cultura democrática prevalezca en todas nuestras instituciones. Opino que las universidades deben poner el ejemplo.

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