“Abismo” en pensiones aprobadas por legislatura anterior
Mientras un trabajador de servicios públicos municipales obtiene cinco mil pesos mensuales, exdiputados se llevan 47 mil
De enero a septiembre de este año, la LVII Legislatura (2012-2015) aprobó 339 jubilaciones y pensiones (por muerte o vejez). Desde docentes de primaria, trabajadores de limpia, capturistas y hasta diputados aparecen en los decretos publicados en el periódico oficial La Sombra de Arteaga.
La anterior Legislatura dejó -entre otras cosas- pendientes la aprobación de 228 solicitudes de jubilación, mismas que deberán ser discutidas y aprobadas por la LVIII Legislatura del estado. Fue el mes de junio en el que se aprobaron más jubilaciones (132) mientras que en los meses de abril y agosto no se aprobó ninguna.
Las pensiones otorgadas varían considerablemente en relación al cargo y tiempo ejercido, por mínima que sea la diferencia. Profesores de primaria, obtienen 10 mil pesos por un promedio de 29 años trabajados.
La excandidata a la presidencia municipal de Huimilpan por el PRI-PT, Celia Durán solicitó su jubilación por los 31 años, 7 meses y 14 días de servicio, laborando como maestra de primaria. Pero ella fue una excepción, porque a diferencia de otros profesores, su pensión es de 30 mil 590 pesos (más del doble de un profesor promedio) según el periódico del 21 de septiembre.
Mario Morales, adscrito a la Escuela Normal de Querétaro (ENEQ), obtendrá 14 mil 815 pesos mensuales por 30 años, 10 meses y 16 días, mientras que Alfonso Rodríguez 14 mil 114 por 29 años, 5 meses y 16 días en el mismo cargo de profesor de la ENEQ.
Los trabajadores de servicios públicos municipales (jardineros y limpia) obtienen una jubilación promedio de cinco mil pesos mensuales. Por 20 años, siete meses y 18 días de servicio como peón en el servicio de limpia de Ezequiel Montes, Zenón Verde recibirá cuatro mil 61 pesos. Con 60 años cumplidos y 18 trabajados como jardinero adscrito a la Dirección de Control Patrimonial de Oficialía Mayor, Genaro Trejo Chico obtuvo cinco mil 24 pesos mensuales. En ambos casos obtuvieron el equivalente al 55 por ciento de su salario original.
En tanto, José Antonio Villegas Monroy, recibió 58 mil 11 pesos “en forma vitalicia… por haber cumplido 29 años, 2 meses y 27 días de servicio”, quien se desempeñó como Director, adscrito a la Dirección Administrativa de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Sara Septién Olivares, hermana del exmagistrado Carlos Septién Olivares, se desempeñó como Directora de Contabilidad y Finanzas, adscrita a la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Tribunal Superior de Justicia. Laboró 28 años, dos meses y 18 días en el Poder Judicial, con un salario de 57 mil 12 pesos, misma cantidad que recibe de forma vitalicia desde junio pasado.
Para el caso del exdiputado Marco Antonio León, el decreto expresa que “se reconoce al trabajador 32 años, cinco meses y 11 días de servicio en distintas dependencias de Gobierno del estado y Municipios”, fue aprobado el 23 de julio una jubilación de 47 mil pesos mensuales.
Jesús Galván, exdiputado de Nueva Alianza sirvió 30 años, seis meses y 17 días al gobierno estatal, y fue actualizada su jubilación de ocho mil 736 pesos (por su tiempo como docente) a 47 mil mensuales.
Salvador Rojas ex magistrado presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje obtuvo una pensión por vejez de 45 mil 384 pesos. Fue aprobada el 21 de septiembre pasado. El decreto señala que se jubiló con más de 60 años de edad, tras 21 años y medio de servicio.
Sumando las cantidades presentadas en esta información, 316 mil 916 pesos mensuales del erario se destinarían a pagar jubilaciones; si se multiplica por los 12 meses del año, el gasto asciende a tres millones 802 mil 992 pesos.
El artículo 133 de la Ley de Trabajadores del estado de Querétaro, especifica que las jubilaciones son un derecho de los trabajadores que acumulen los años requeridos por la ley para obtener como pago la misma cantidad de “la última entidad en la que prestó sus servicios”. El artículo 130 de la ley referida indica que la Legislatura deberá aprobar –o denegar- las solicitudes de los empleados que laboraron en alguna dependencia gubernamental
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