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Abogado de Elsa Méndez no ha sido notificado de denuncia en contra suya

La Fiscalía no ha podido notificar a Julio Aldape de la denuncia que hay en su contra por las amenazas a una periodista, quien manifestó, se lo ha topado en varias ocasiones.

“La impunidad está a todo lo que da en el tema de agresión a periodistas; y, en este caso, en el tema de perspectiva de género”, denunció la periodista Jessica Rosales, tras dos años sin avance en la denuncia que interpuso en el estado de Coahuila contra el abogado de la diputada Elsa Méndez Álvarez: Julio Aldape Moncada.

Cabe recordar que al hoy defensor de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) se le investiga por amenazas contra la periodista coahuilense; de igual manera, el abogado fue acusado en su momento por violencia política de género en contra de la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

En entrevista con Tribuna de Querétaro, Rosales señaló que, hasta este momento, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Mujeres y Periodistas no ha podido notificar a Aldape Moncada de la demanda: “Yo les enseñaba que me lo he topado montones de veces, y compañeros lo hemos visto en el aeropuerto, en eventos; o sea todo el mundo lo localiza”.

El mismo abogado se ha presentado, al menos, un par de veces en la Legislatura del Estado para ofrecer conferencias de prensa junto a Elsa Méndez, su clienta; con quien además comparte diversas ideas, entre ellas la defensa de la vida representada por el uso de un pañuelo celeste.

Denuncias y autoprotección

Bajo ese contexto, varias organizaciones de la sociedad civil —como Red de Mujeres de la Laguna, Artículo 19, la Red de Periodistas del Noreste, el colectivo San Aelredo y Periodistas de Coahuila— hicieron un pronunciamiento en el cual exigían a las autoridades afrontar el tema. Incluso se hizo una llamada al entonces gobierno de Enrique Peña Nieto.

A pesar de que se activó el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al considerar que había un riesgo a hacia Jessica Rosales, el mecanismo fue “muy deficiente” para la agredida, “sobre todo en la coordinación con las instituciones locales, porque mientras el mecanismo activa un protocolo; pues los estados están ajenos al implementar las medidas que se solicitan y son muy deficientes”.

Finalmente, señaló que, ante el panorama de riesgo y de impunidad hacia periodistas, lo que les ha “funcionado” es protegerse entre ellos mismos, “y aquí lo que funciona más en Coahuila es que, como agrupación de reporteros, nos organizamos de manera independiente en grupos de redes; en donde nosotros mismos nos estamos protegiendo, porque sí: el mecanismo local y federal son muy deficientes”.

Mecanismos insuficientes

De acuerdo al informe Protección y acceso a la justicia para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México (2019), realizado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por su sigla en inglés) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no cuenta con niveles adecuados de personal ni presupuesto: “En el Mecanismo hay solamente 35 funcionarios que supervisan la protección de 831 periodistas y activistas”.

Además, el informe detalla que, entre 2012 y junio de 2018, solo el 3 por ciento de las investigaciones iniciadas por las procuradurías y fiscalías estatales, analizadas por WOLA y PBI, llegaron a los tribunales.

De los mil 77 casos investigados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), durante este periodo, menos del 12 por ciento resultaron en un juicio y solo cinco casos —menos de uno por ciento— llevaron condenas.

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