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Actitud de funcionarios, lastre de la transparencia: Luis Alberto Fernández

Los funcionarios públicos tienen poca costumbre a ser alternativamente funcionario y ciudadano”, advirtió el catedrático de la FCPS

Por: Carlo Daniel Aguilar González / Ricardo Lugo

Aunque las mediciones de transparencia y acceso a la información “mejoran el estado del paciente”, la inercia en la actitud de los servidores públicos se encamina hacia no proporcionar la información pública, consideró Luis Alberto Fernández García, catedrático universitario especialista en acceso a la información.

“Los funcionarios públicos tienen poca costumbre a ser alternativamente funcionario y ciudadano, a estar a un lado del escritorio u otro, adentro o fuera de la ventanilla. Pero cuando están en el palacio no piensan que mañana estarán en la plaza, entonces hacen cosas como si fueran a ser gobernantes por siempre y toman decisiones que afectan a los ciudadanos y refuerzan las dinámicas autoritarias”, manifestó Fernández García.

De acuerdo con quien ha impulsado y encabezado varios estudios sobre transparencia y rendición de cuentas, los servidores públicos lastiman el ejercicio del acceso a la información cuando buscan y encuentran la vía con tal de no proporcionar la información que desde un inicio debería ser pública.

Una de estas rutas ha sido el redactar oficios extensos en el que al final se le dice al ciudadano que la información no se le entrega.

“Podríamos pensar en una reforma en la que en ningún caso el sujeto obligado pudiera negar la información. Si realmente considera que hay motivos para que la información sea reservada, que él le solicite directamente a la comisión la reserva y que la justifiquen.

“Que no le contesten al ciudadano con oficios ambiguos y largos, para decirle que no se la da. Ahí se ha quedado el ejercicio del derecho en muchas ocasiones”, advirtió.

En cuanto a las ocasiones en que se pide la reserva de la información, el académico alertó que se han presentado casos en que los procesos de adquisiciones y licitaciones que hace Gobierno del Estado no se ajustan a los criterios legales y constitucionales.

“El órgano regulador tiene algunas decisiones que incluso es difícil encontrar en internet, las actas y los razonamientos cuando declara las reservas que a veces son totalmente infundadas. En muchos casos no se justifican.

“Incluso hay procesos de adquisiciones de licitaciones de concursos de Gobierno del Estado que sin ajustarse a los criterios legales –y mucho menos a los constitucionales– han declarado la reserva y los ciudadanos estamos aquí sin hacer nada o sabiendo poco”, aseguró.

Retroceso desde 2008

Luis Alberto Fernández consideró que la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG) ha cumplido su papel “mucho menos a lo que ciudadanos tendríamos derecho a esperar e incluso exigir”. Señaló que existen limitaciones en el actuar de la Comisión, debido a la normatividad que la rige, y que desde 2008 ha habido “un retroceso”.

“Hay defectos normativos y hubo retroceso cuando se reformó la Constitución del estado, cuando hicieron la Constitución chiquita. En vez del órgano colegiado que tomaba las decisiones hay un consejero, como si fuera él el único funcionario y el resto no tiene facultades ni fuerza. Eso es un retroceso, independientemente de las cualidades personales de quien ejerce el puesto que institucionalmente los limita”, manifestó.

Respecto a lo que será el segundo periodo de Javier Rascado Pérez al frente de la CEIG, Fernández García le recomendó impulsar más cambios de manera que los ciudadanos gasten menos y obtengan más rápido la información pública que desean.

Asimismo, recordó que una vez que termine su gestión al frente de la Comisión, ya no estará “en el escritorio” como servidor público y para ejercer el derecho de acceso a la información le conviene ‘heredarse’ un marco normativo adecuado todos los ciudadanos.

“Que revise sus normas y que las adecúe a la Constitución. Segundo, hay que hacer creativos y que de ahí salga la reforma para que el ejercicio del derecho sea más expedito y menos costoso para los ciudadanos.

“Como ya es su segundo periodo yo le diría que después de ahí irás a estar del otro lado del escritorio: a ver autoherédate un marco que sea menos costoso para el ciudadano en el ejercicio de su derecho. Es donde podemos exigir porque es parte de su trabajo”, indicó.

El docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) reiteró la exigencia de mejorar los marcos institucionales de manera que se puedan utilizar y ejercer los derechos que vienen considerados en las leyes.

“Los ciudadanos debemos hacer más uso de lo que tenemos y a la vez tenemos muchos pendientes. Casi siempre que se habla del tema del ejercicio de los derechos, la idea de la democracia, la participación, siempre hay reclamos de que la gente no participa, no hay conciencia, que los ciudadanos no se informan.

“Si todos los ciudadanos fueran el Che Guevara, no necesitaríamos marcos institucionales. Los ciudadanos no tienen tanto tiempo como el funcionario que les niega la información. Necesitamos marcos institucionales que nos faciliten el uso de nuestros derechos”, concluyó.

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