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Acusa DDHQ omisión en suicidio de reclusos de San José El Alto

En el Cereso de San José el Alto se registró el suicidio de dos reclusos, lo cual no hubiera ocurrido se hubieran cumplido las obligaciones en materia de seguridad y vigilancia, concluyó la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ).

La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) emitió una recomendación al comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro, Miguel Ángel Contreras Álvarez, pues la ausencia de estrictas medidas de seguridad y vigilancia provocaron que dos personas se quitaran la vida en los últimos meses.

El documento señala que existe una clara y evidente falla en lo más básico de la estructura de vigilancia penitenciaria, lo cual calificó como grave, pues se trata de un centro calificado como de “alta seguridad”; además describió como preocupante que el personal de custodia no cuente con los conocimientos necesarios para el desarrollo de sus funciones, pues no tienen protocolos para desarrollar su trabajo.

La recomendación hace alusión al expediente de queja DDH/404/2017 dentro del cual se acreditaron violaciones a los derechos humanos de integridad y de seguridad personal en agravio de dos sujetos finados, así como de las personas privadas de la libertad ubicadas en dos módulos del Centro Penitenciario Varonil en San José el Alto.

Dichas infracciones se atribuyeron a las omisiones de servidores públicos adscritos a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro; en específico al titular del mismo centro, al subdirector de Seguridad y Vigilancia, la directora de Apoyo Técnico Interdisciplinario, el Subdirector Operativo de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro y a personal de custodia, quienes se encontraban en funciones los días en los que los agraviados perdieron la vida.

Declaraciones no coincidentes con pruebas científicas

La DDHQ revisó las carpetas de investigación iniciadas en la Unidad Especializada en Homicidios de la Fiscalía General del Estado, en donde el dictamen de necropsia señaló que el tiempo estimado en el que se produjo la muerte de uno de los implicados ocurrió entre las 9:40 horas y las 11:40 horas del 22 de diciembre del 2017.

Lo que contraviene lo reportado por el personal, quienes manifestaron haber hecho el hallazgo del cadáver alrededor de las 8 horas, “situación materialmente imposible acorde al dictamen citado”.

En el caso de la necropsia realizada el 4 de marzo del 2018 a las 8:30 horas, se consideró que el occiso tenía entre 7 y 10 horas de haber muerto, por lo que debió haber fallecido entre las 22:30 horas del 3 de marzo y la 1:30 horas del día siguiente.

Esto demuestra “la insuficiente vigilancia dentro del módulo, considerando que el personal de seguridad tardó entre dos y cinco horas en percatarse de la situación que acontecía al interior de un módulo de seguridad; considerando que, según lo reportado por el personal de custodia en turno el día de los hechos, el cadáver fue descubierto a las 3:37 horas del 4 de marzo del 2018”.

Custodios no cumplen su labor

En los testimoniales del personal de seguridad y vigilancia se reveló “una clara y evidente falla en lo más básico de la estructura de vigilancia penitenciaria. Situación que se agrava al tratarse de espacios que son descritos por el mismo centro penitenciario como de ‘alta seguridad’”.

“Lo que evidentemente no sucedió en fechas 22 de diciembre de 2017 y 4 de marzo de 2018; en donde de haber existido estrictas medidas de seguridad y vigilancia como lo puntualizaron ante esta Defensoría los custodios, así como los supervisores de seguridad y vigilancia, no hubieran perdido la vida los agraviados”.

Las personas privadas de la libertad en ambos módulos coincidieron en referir que los elementos de custodia no pasan en las noches a realizar rondines de vigilancia, por lo que para “solicitar atención de dicho personal, recurren a los gritos, golpes en los barrotes e, incluso, a tapar la cámara encontrada dentro de su celda” pues es la única manera de que el personal de custodia responda a sus llamados, los cuales, en la mayoría de los casos, son atendidos con dilación.

Además se documentó que el personal de custodia no cuenta con los conocimientos necesarios para el desarrollo de sus funciones, “lo que resulta especialmente preocupante, pues su presencia es indispensable no sólo para mantener el orden y la disciplina, sino para prevenir, garantizar y resguardar la integridad física de las personas privadas de la libertad”.

Personal sin capacitación

En su momento, el entonces subdirector de Seguridad y Vigilancia no consideraba necesario que el personal de vigilancia y custodia tuviera conocimiento en temas como normatividad, labores cautelares del centro, trabajo técnico, prevención de la tortura, tratamiento y reinserción social, primeros auxilios y conocimiento de los protocolos específicos, pues son características que no estaban especificadas en los perfiles solicitados por el área.

A esto se suma que el funcionario aseguró que en el 2017 se había impartido capacitación en “atención y prevención de la conducta suicida y detención de violencia sexual” al personal adscrito a las áreas médica, de psicología, criminología y custodia. Sin embargo, en sus comparecencias, el personal de seguridad refirió “expresamente no haber recibido la preparación antes mencionada”.

Además, el personal de seguridad y vigilancia no cuenta con capacitación en aspectos psicosociales y ético-jurídicos “que apunten a una formación basada en el reconocimiento a la dignidad del ser humano, sino que ésta ha girado en torno a objetivos de seguridad y control, punitivos, represivos, y no así de reinserción y de contención”.

Videovigilancia no funciona

También se demostró que no hay un protocolo adecuado del manejo y monitoreo del sistema de videovigilancia, pues no detectó al interior de la celda del módulo de seguridad un cadáver, ya que el descubrimiento del cuerpo sin vida de la entonces persona privada de la libertad, fue hecha por personal de seguridad y vigilancia; mientras el personal destinado al monitoreo de las cámaras fue incapaz de detectar no sólo el cuerpo encontrado, sino las acciones que realizó esta persona encaminadas a su muerte “resultando ineficaz la videovigilancia”.

Recomendaciones

Derivado de este análisis, la DDHQ recomendó que se determine las responsabilidades correspondientes de las y los servidores públicos adscritos a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro señalados.

Además pidió que se contrate personal que cuente con el perfil apropiado y con las competencias profesionales adecuadas; que implemente un programa de capacitación y formación especializada del personal en protocolos y medidas que reduzcan riesgos en la vida e integridad de las personas privadas de la libertad y que se garantice la ejecución de estrategias operativas eficaces de monitoreo de las cámaras de videovigilancia.

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