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Adjudica DDHQ responsabilidad a municipio por suicidio en Ezequiel Montes

Las omisiones de las autoridades denotaron “la imposibilidad del municipio para salvaguardar la integridad, seguridad personal y vida del ahora finado”, concluyó la DDHQ.

La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) emitió una recomendación a la presidenta municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo, debido a que se consideró responsabilidad indirecta de funcionarios públicos en el suicidio cometido por una persona privada de su libertad por presuntamente cometer una falta administrativa.

En el documento -firmado por la presidenta del organismo autónomo, Roxana de Jesús Ávalos- se señala que el 19 de marzo tuvieron conocimiento del fallecimiento de una persona que se encontraba privada de la libertad en el área de detención al Interior del Juzgado Cívico Municipal, conocida como galeras municipales.

El mismo día, el director de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal informó del fallecimiento de un hombre alrededor de las 14:10 horas. Se halló “colgado” del cuello con una franja de la cobija que le fue proporcionada al interior de su celda, atada a uno de los barrotes de un ventanal.

Por su parte, el Jefe de la Unidad de la Fiscalía de Acusación de los Distritos Judiciales de Jalpan de Serra, Tolimán y Cadereyta de Montes, informó el inicio de la indagatoria por el delito de homicidio en su modalidad de suicidio.

La detención –señalaron las autoridades municipales- fue por “faltar al respeto y consideración que se debe a las mujeres, niños, ancianos o discapacitados en la vía pública o lugares de uso común”. Sin embargo, se le trasladó al área de detención sin que se llevara a cabo el procedimiento administrativo correspondiente.

En la narración del hecho se estableció que cuando un oficial advirtió lo ocurrido, llamó a un socorrista de Protección Civil que se encontraba en sus instalaciones -las cuales se ubican a 10 metros de distancia-; este acudió a la celda y al ingresar, “la persona todavía se movía” y tenía “respiraciones agónicas” por lo que lo liberó y comenzó a darle reanimación cardiopulmonar (RCP).

“De lo antes expuesto, se puede colegir que una vez que el oficial de guardia en turno se percata de que se encontraba colgado al interior de su celda, no sólo no implementa acción alguna de manera inmediata”, además no contaba con equipo o medios para comunicarse urgentemente con personal capacitado. Por lo tanto, se estableció que “no se detectó el suceso de manera pertinente y una vez advertido el mismo, no fue posible brindar una atención oportuna tendiente a salvaguardar la vida”.

Es decir, las omisiones de las autoridades del municipio denotaron “la imposibilidad del municipio para salvaguardar la integridad, seguridad personal y vida del ahora finado”. Derivado de este análisis, la Defensoría reunió “datos que permiten atribuir dicha circunstancia de manera indirecta, al no prevenir que pudieran conducir por omisión a la transgresión de los derechos a la integridad personal y la vida del ahora finado”.

Suicidio exhibe carencias

Entre las irregularidades detectadas, no existe un comisario municipal; no cuentan con protocolos de seguridad y vigilancia para dicho recinto de detención; tampoco hay cámaras de vigilancia o circuito cerrado dentro de las celdas.

Además, los baños que se encuentran al interior de los separos están sucios y sin agua. De las tres camas -consistentes en planchas de concreto- sólo una contaba con colchoneta, misma que está maltratada, y no se proporcionan alimentos a las personas sujetas a detención.

Las dos celdas no cuentan con señalética para determinar cuál es de “hombres” y cual de “mujeres”; no hay registros de llamadas realizadas por los arrestados, ni de los expedientes administrativos generados a las personas detenidas. Finalmente, carecen de servicio médico.

“Derivado de la investigación iniciada de oficio por esta Defensoría se tienen por acreditadas violaciones a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, libertad, trato digno, integridad personal y vida”

Dichas violaciones son atribuidas “al personal adscrito al Juzgado Calificado y a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ambas de Ezequiel Montes, Querétaro, por acciones y omisiones contrarias a los derechos”.

Por estos hechos, la Defensoría emitió las siguientes recomendaciones: el municipio deberá gestionar que las víctimas indirectas reciban tratamiento psicológico especializado de manera gratuita; deberán capacitar al personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, y presentar un proyecto encaminado a garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Finalmente se debe iniciar el procedimiento administrativo correspondiente para deslindar responsabilidades.

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