Agresión y censura policial
EDITORIAL
Lo ocurrido con el reportero y estudiante Kaleb Marín no es un incidente menor ni un exceso aislado: es una expresión concreta de cómo el poder policial puede convertirse en un mecanismo de intimidación contra el ejercicio periodístico y contra el derecho ciudadano a documentar lo que ocurre en el espacio público. La amenaza, el borrado forzado de material audiovisual y la detención arbitraria son censura.
Y no es una circunstancia coyuntural, es una actuación estructural de la fuerzan policiaca contra los jóvenes que viven en la periferia que día a día padecen la brutalidad policiaca pero no hay quien lo documente porque los silencian.
Grabar una actuación policial no es un delito. Cuando ese derecho se castiga con coerción, amenazas y abuso de autoridad, el problema deja de ser operativo y se vuelve político e institucional. No es sólo un reportero afectado; es el mensaje que se envía a cualquier ciudadano que pretenda observar, registrar o cuestionar el ejercicio del poder.
El silencio institucional frente a estos hechos normaliza la impunidad. La autoridad que no investiga, que no corrige y que no rinde cuentas, da permiso al abuso del poder. En una democracia, la policía debe estar sujeta al escrutinio público. La censura policial no es compatible con el Estado de derecho.
