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Alta concentración mediática vulnera derecho a la información

Por Víctor Pernalete

El balance en el tema del derecho a la información es negativo para México, sobre todo en el aspecto referente a la concentración mediática, advirtió Aleida Calleja Gutiérrez, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Para la activista y ex vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), el tema se divide en tres grandes rubros: la concentración mediática, el acceso a la información y la libertad de prensa.

“México es uno de los países que tiene una de las concentraciones mediáticas más grandes del mundo. Tomando en cuenta que supuestamente es un país democrático, donde hay procesos electorales, existen ciertas estructuras democráticas, pero no supera a las dictaduras, no supera a los países árabes o algunos asiáticos donde el control informativo es esencialmente del Estado”, explicó.

Calleja Gutiérrez añadió que en México los procesos de desarrollo y transición tecnológica tienen una tendencia mercantil, ya que son manejados por empresas privadas, dejando de lado las aplicaciones sociales que en países democráticamente más desarrollados, sí se tienen.

Los servicios agregados de televisión, Internet y telefonía fija, conocidos como triple play; o incluso cuádruple play (cuando se incluye a la telefonía móvil), provocan una mayor concentración de los recursos mediáticos y de telecomunicaciones en pocas manos, coartando la posibilidad de que más voces tengas canales de difusión.

“En realidad con el tema de la concentración lo que se pone en riesgo es el debate democrático, porque hay muchas voces que no se oyen, sólo las de quienes sustentan los medios”, reiteró la presidenta de la Amedi.

 

“Debemos contrarrestar la política represiva del gobierno hacia radios comunitarias”

Es debido a esta concentración mediática que las voces de pluralidad tienen que buscar espacios de difusión fuera de los canales institucionales, cerrados a conveniencia de los dueños de los emporios televisivos y de telecomunicaciones, manifestó.

Las radios comunitarias sirven como válvula de escape para generar procesos comunicativos “más abiertos”, sin embargo, el Estado tiene adoptada una actitud represiva que, a decir de Aleida Calleja, se ha reflejado en la utilización de recursos penales durante el gobierno de Felipe Calderón.

“Tenemos un duopolio en la televisión: el 96 por ciento de la televisión está concentrada en dos empresas, la radio está concentrada en 13 grupos, y las pocas expresiones plurales que han ido naciendo como parte de la lucha social, como es el caso de la radio comunitaria: es un tipo de radiodifusión que ha sido perseguida, reprimida, y que existe una política general muy represiva del gobierno.

“Últimamente es penal. Antes era de tipo administrativo porque iban y les cerraban; es decir, les ponen muchas barreras de entrada para poder acceder a una frecuencia. Esas barreras son técnicas y económicas porque las comunidades indígenas y campesinas no pueden cumplir con los requisitos que la ley les establece.

“Además de eso, aquéllos que optan por operar una frecuencia porque no tienen capacidad legal o administrativa para ser concesionarios”, añadió.

Sustentado en la Ley General de Bienes Nacionales, el Gobierno Federal ha iniciado una cruzada en contra de quienes utilizan el espectro radioeléctrico sin el permiso del Estado, aun con la recomendación de organismos internacionales de derechos humanos para cesar con esta persecución, recordó Aleida Calleja.

“Hay un par de personas que están enfrentando esos procesos penales con riesgos de que los metan a la cárcel (de dos a 12 años) lo cual ya ha generado muchas recomendaciones a México por parte de organismos de derechos humanos, en el sentido de que en materia de libertad de expresión, todo aquello que signifique el ejercicio de la libertad de expresión, tienes que llegar a un extremo muy grande de daño a la sociedad como para que puedas utilizar la vía penal”, reconoció.

 

“El Estado es omiso en sus obligaciones en materia de telecomunicaciones”

Además del conocido duopolio que forman Televisa y Tv Azteca en cuanto a los medios de comunicación en México, también hay que agregar el monopolio que la empresa Telmex tiene sobre las plataformas de telecomunicaciones en México, y que incluso ha enfrentado una lucha abierta con sus enemigos mediáticos para hacerse del control de aún más recursos para proveer servicios de este tipo, señaló la especialista.

“Toda la política pública pensada a nivel federal es ideada para hacer una industria, no para ver cómo las telecomunicaciones son utilizadas para que el resto de la población en condiciones de vulnerabilidad y pobreza tenga acceso a la banda ancha, para generar los proyectos de cultura, de desarrollo, salud y educación.

“Hay una omisión del Estado respecto de las obligaciones que debiera de tener para garantizar el acceso a la banda ancha hacia las comunidades más pobres. Todo en general se ve para un tema de desarrollo de mercado, y en general para una mayor concentración”, expuso la presidenta de la Amedi.

Aleida Calleja Gutiérrez recordó la famosa Licitación 21, en la que se le permitía a Televisa operar junto a Nextel telefonía móvil, con lo que la empresa de Emilio Azcárraga Jean se hacía de prácticamente toda las áreas mediáticas y de telecomunicaciones posibles, lo cual generó una importante movilización ciudadana.

“Además, se ganó el uso de los dos hilos de fibra óptica de la CFE (que significan 23 mil kilómetros de fibra óptica) que les costó una ganga, pero que a nosotros nos costó porque se hizo con nuestros impuestos. Se utiliza para que ellos sigan haciendo esquemas de negocio sin ninguna contraprestación al Estado y ninguna responsabilidad y obligación de generar una infraestructura social”, lamentó.

La presidenta de la Amedi sostuvo que en buena medida, estos grupos empresariales tienen una gran fuerza debido a que la clase política tiene miedo de ellos, ya que los necesitan en cuestiones electorales y prefieren no meterse con sus intereses para que puedan ellos mismos cumplir con los que les corresponden.

“Hay una clase política que le tiene miedo a la televisión. Si no salen ahí no van a ser presidentes, gobernadores, diputados; entonces se doblegan al poder de los medios y por eso no ha habido una ley integral de medios de comunicación, porque las televisoras no tienen, ni tampoco políticas públicas con contraprestación social, porque las televisoras no quieren. Terminan definiendo las reglas y por eso decimos que son poderes fácticos”.

 

“Ha sido coartada la libertad de expresión”

Aleida Calleja Gutiérrez reveló que México es el país donde más peligroso es dedicarse al periodismo en América Latina. Contrario a lo que la mayoría cree, la delincuencia organizada no es la principal amenaza de los periodistas, sino los mecanismos del Estado.

“Está metido el tema del crimen organizado, pero si tú verificas la documentación de agresiones que hacen varias de las organizaciones que defienden la libertad de expresión en el país, te vas a dar cuenta que el 60 por ciento de las agresiones provienen de actores estatales”, alertó.

Los periodistas trabajan en condiciones poco rentables para sí mismos, lo cual provoca que muchos tengan que acudir a arreglos poco éticos para procurarse su manutención.

“También tiene que ver la situación en la que trabajan los periodistas: el 90 por ciento de ellos no tiene un contrato laboral. Muchos de ellos tienen que recurrir a relaciones perversas, porque, ¿qué hacemos si te pagan a 15 pesos la nota?

“Hay un gremio muy desorganizado, poco solidario entre sí que no ha sido capaz de reaccionar de manera sistemática ante la brutalidad de los actos que se han venido viviendo”, concluyó.

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