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Alza a usuarios preferentes no tiene razón de ser: politóloga

Barba González apuntó que “[el subsidio] no debería existir porque sólo es algo que beneficia a las concesionarias y al gobierno”.

Las gestiones del Gobierno del Estado para el transporte urbano han sido mal planificadas, además se ha complicado cada vez más con aumentos en las tarifas y la eliminación de rutas. Las acciones en materia están enfocadas en el poder y en el beneficio de concesionarios, no en la necesidad de la ciudadanía, expresó Paulina Barba González, coordinadora de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.

Destacó que la práctica de aumentar las tarifas una vez pasadas las elecciones es una táctica demasiado inteligente, es una forma de no llevarse el costo político que esto pueda repercutir. En 2009 y 2015 se registraron incrementos a la tarifa; en el primer caso, el PAN fue el perdedor de la elección y en el segundo, el PRI. En 2018, aunque el blanquiazul mantuvo una mayoría, se autorizó un aumento del pasaje.

De 2009 a la fecha la tarifa del transporte público ha incrementado un 120 por ciento, sin tomar en cuenta las condiciones salariales de los habitantes del estado. De acuerdo con indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de la Población Económicamente Activa, el 49.03 por ciento percibe ingresos entre dos a tres salarios mínimos. Es decir, el sueldo mensual es de entre 6 mil 160 y 9 mil 241 pesos.

Con respecto al subsidio que la administración estatal comenzó a entregar para los usuarios con tarjeta preferencial, Barba González apuntó que “no debería existir porque sólo es algo que beneficia a las concesionarias y al gobierno, no a los estudiantes o usuarios preferenciales”.

No obstante, observó que su implementación obedece a una estrategia para evitar que -principalmente- los jóvenes universitarios tengan un motivo para unirse y manifestarse en contra de estas acciones, porque no hay ninguna mejora para los ciudadanos. Desde el 12 de agosto la tarifa preferencial pasó a 9 pesos si no se cuenta con el subsidio.

Otra iniciativa poca certera para el estado, es la implementación de obras públicas, cuyo propósito es la mejora del transporte público. En un comienzo la idea para mejorarlo (semáforos inteligentes, vialidades y zonas de ascenso y descenso) generaba un alta expectativa, sin embargo, la ejecución e implementación generó más complicaciones que beneficios. Esta ha sido una forma muy clara de ver el desapego del gobierno con las necesidades de ciudadanía, concluyó la coordinadora de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.

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