Ambulantaje: Artesanos, comerciantes y gobierno, conflicto sin fin
Los enfrentamiento y tensión de últimas semanas entre autoridades y artesanos indígenas es sólo otro episodio en un problema que tiene más de 20 años sin resolverse. Mientras los artesanos exigen espacios dignos para vender, las autoridades rechazan otorgarlos permanentemente en plazas públicas.
En esta ocasión, el gobernador Mauricio Kuri González declaró que no se permitirá el desorden en la ciudad y que en caso de que comerciantes no cumplan con lo que dicten las autoridades, se interpondrán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Además, advirtió que se denunciará a las personas que movilicen a los artesanos.
Los argumentos expresados este año por autoridades y líderes comerciantes, son una calca de otros que se presentaron a finales de la década de los noventa. En junio, la Alianza por el Centro Histórico de Querétaro, elogió el retiro de los comerciantes del Centro, ya que aseguraron que en el tiempo que los vendedores estuvieron en el Centro provocaron una caída del 30 por ciento de las ventas del sector formal.
También en 1998, Federico Ibarra, dirigente de la agrupación de Empresarios del Centro Histórico, culpó a los comerciantes ambulantes de la avenida Corregidora de desplomar el comercio formal, ya que pasó del 90 al 70 por ciento en ventas.
Garrido, foros fallidos
En el trienio de Francisco Garrido Patrón (1997-2000) como presidente municipal, los comerciantes convocaron a un foro para dar solución al problema de los ambulantes. Entre las propuestas que se discutieron se encontraba la transformación a microcomerciantes, gozar de los mismos derechos que los comerciantes establecidos y reportar al 100 por ciento sus gastos, como el de energía eléctrica. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo.
En 1999, los comerciantes -no sólo artesanos, cabe aclarar- lograron un acuerdo para establecerse en frente de la Alameda Hidalgo, donde se ubicaron 358 carros metálicos. Pese a ello, en junio de 2016, en la administración de Marcos Aguilar Vega, fueron retirados bajo el argumento del “rescate” de dicho espacio.
Rivera y González Valle, más abusos
El 20 de noviembre de 2006, al cierre del trienio de Armando Rivera Castillejos, integrantes de la Unión de Mujeres Indígenas y Campesinas de Querétaro (UMIC) señalaron que fueron víctimas de discriminación y rechazo por parte de autoridades municipales. Apuntaron que han sido “perseguidas, ofendidas, golpeadas, insultadas, marginadas y robadas por personal del municipio”, ya que las acusan de “afear la ciudad”.
Ya en enero de 2007, con Manuel González Valle como alcalde, dichos abusos se incrementaron. Testimonios de mujeres indígenas de Amealco de Bonfil apuntaban que, además de destruir su mercancía, los funcionarios pateaban a sus hijos cuando estaban dormidos en el suelo y les exigían que se retiraran. Dichos funcionarios les recomendaban, además, que se dedicaran a pedir limosna.
La estadística de la época mostraba que quienes eran objeto de las agresiones eran particularmente mujeres, puesto que los hombres de zonas indígenas buscan empleos como albañiles o ayudantes de construcción, mientras que las mujeres trabajaban como comerciantes ambulantes.
Con Nava, agresiones físicas
La administración de Luis Bernardo Nava Guerrero se ha caracterizado porque ha habido enfrentamientos en la plaza de Armas durante protestas de artesanos. En la víspera de Navidad de 2018, un enfrenamiento en dicho lugar dejó a ocho inspectores lesionados, así como a un número no determinado de personas indígenas con lesiones.
Algo similar ocurrió hace dos semanas, cuando testimonios de afectados señalaron que inspectores habían arrastrado a una niña de 11 años. La respuesta del Municipio de Querétaro, en voz del secretario de Gobierno, Arturo Molina Zamora, fue que no se podían instalar los artesanos en plazas públicas por temas de salud; no obstante, al día siguiente se anunciaron más de 300 puestos temporales de distinta índole en el Centro Histórico con motivo de Día de Muertos.
A esto hay que agregar el abuso policíaco que se vivió tras las elecciones, cuando fueron aprehendidas cinco personas que estudiaban en la plaza, esto por los supuestos delitos de desobediencia de particulares, daños y lesiones dolosos. Entre los detenidos de junio, había artesanos indígenas y líderes sociales, quienes fueron liberados al día siguiente. Arturo Molina, secretario de Gobierno, señaló en una rueda de prensa el 25 de octubre que los artesanos tienen permiso para vender sus productos, sin embargo, este es para trabajar de forma rotatoria y no permanente en un sólo espacio.
