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ANCIANO EJIDATARIO DE AJUCHITLANCITO ENCARCELADO

Por: Agustín Escobar Ledesma

El 21 de octubre de 2012, sin orden de aprehensión de por medio, fue detenido Gerardo Rojas de Camilo -ejidatario de Ajuchitlancito, Pedro Escobedo- quien en aquel momento contaba con 68 años de edad. Desde entonces se encuentra recluido injustamente en el penal de San Juan del Río, acusado de despojo e invasión de propiedad privada.

Carta abierta

¿Cómo fue que Gerardo Rojas de Camilo, anciano ejidatario de Ajuchitlancito, fue a dar a la cárcel? La hemeroteca del Archivo Histórico de Querétaro nos da la respuesta. Nueve días antes de su detención, Carlos Miranda Saulny, María de Lourdes González Rivas y Edmundo Jiménez Suso (fallecido en enero de 2013), quien en aquel momento figuraba como representante legal de la Inmobiliaria de Desarrollos Tecnológicos, publicaron en Diario de Querétaro una carta abierta dirigida al gobernador José Calzada; al secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado; y a Arsenio Durán Becerra, Procurador General de Justicia de Querétaro.

La misiva, que detenta una incorrecta redacción, denunciaba supuestas invasiones: “A mediados del mes de julio del año 2010, un grupo de personas pertenecientes al Ejido y Comunidad de Ajuchitlancito, en el municipio de Pedro Escobedo, Qro., realizaron invasiones diversas a bienes inmuebles que se encuentran regidos bajo la figura de propiedad privada, ubicados en la parte norte de la Exhacienda de Ajuchitlancito, colindando en la parte Sur con el Instituto Mexicano del Transporte, en la parte este con el Fraccionamiento San Fandila y en la parte oeste con el Ejido de Ajuchitlancito”.

Los signatarios de la misiva también solicitaban audiencia con el gobernador José Calzada Rovirosa, así como su intervención directa: “Los hechos fueron informados en su oportunidad a la Procuraduría General de Justicia del Estado, denunciando los hechos delictivos generados en nuestro perjuicio como propietarios, elementándose tres Averiguaciones Previas, mismas que después de un año fueron consignadas ante el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de San Juan del Río, Qro., sin que hasta el momento se hayan ejecutado las respectivas órdenes de aprehensión emitidas desde el mes de Agosto de 2011 en contra de los probables responsables”.

Antecedentes

La detención y encarcelamiento de Gerardo Rojas de Camilo se suma a las sistemáticas demandas que los ejidatarios de Ajuchitlancito han sufrido por parte de quienes intentan despojarlos de sus tierras. Hace 14 años, en marzo de 2000 (ver Tribuna de Querétaro 24/10/2000/), 16 ejidatarios fueron denunciados por despojo con violencia, ante el Ministerio Público de Pedro Escobedo, por Celina Aréstegui Sada, esposa de Nicolás González Rivas, y cuya hermana, María de Lourdes González Rivas, es quien ahora demandó a los ejidatarios de aquel lugar perteneciente al municipio de Pedro Escobedo y que tiene en la cárcel a Gerardo Rojas de Camilo.

En aquel momento, el titular del Ejecutivo estatal era Ignacio Loyola Vera, quien en un supuesto gesto de “generosidad” propuso a los encarcelados que pagaran la multa impuesta por la juez (Delfina Ordaz, quien violara los derechos humanos de Eustacio Yáñez Ledesma, en el caso del choque de éste con la comitiva de Loyola Vera), entregaran las tierras ejidales a Celina Aréstegui Sada y a cambio obtendrían la libertad.

Ahora, de acuerdo con los allegados de Gerardo Rojas de Camilo, los demandantes proponen, para que el anciano obtenga su libertad, haciendo un uso faccioso de la justicia, que el Ejido -en asamblea plenaria- les ceda el terreno en disputa. Es la condición que Carlos Miranda Saulny y María de Lourdes González Rivas les marcan a los labriegos.

Hacendados vs ejidatarios

El ejidatario Braulio Álvarez Botello señala que las presiones sobre sus tierras no son nuevas, que éstas han permanecido desde 1935, cuando el presidente Lázaro Cárdenas los dotó de tierras ejidales; desde aquel momento, los propios hacendados imponían a los comisariados ejidales y manipulaban a los campesinos para que se enfrentaran entre sí, con tal de no perder sus vastas extensiones de tierra.

Antes de la reforma agraria, el dueño de la hacienda de Ajuchitlancito, que contaba con una extensión de 23 mil hectáreas, fue Fernando Huelguera Rojo, quien vendió a Nicolás González Jáuregui, también hacendado y empresario taurino, quien fuera propietario de la Plaza de Toros Santa María.

Ahora, los ejidatarios de Ajuchitlancito no sólo tienen que defenderse de las embestidas de la familia González Rivas, heredera de Nicolás González Jáuregui y otros terratenientes, sino también de desarrolladores, gobernadores y los medios de comunicación de Querétaro, debido a que, en respuesta a la carta abierta dirigida al gobernador por parte de Carlos Miranda Saulny, María de Lourdes González Rivas y Edmundo Jiménez Suso, los ejidatarios acudieron al Diario de Querétaro con la intención de que les publicaran una carta en la que fijaban su posición; sin embargo, en el periódico les dijeron que ni aunque pagaran se las publicarían; lo mismo escucharon en los periódicos Noticias y El Corregidor de Querétaro.

Ciudades fallidas y mansiones reales

Los gobernantes estatales, tanto priistas, como panistas, tampoco han resistido la tentación de aprovecharse del Ejido de Ajuchitlancito. En la década de los setenta, Antonio Calzada Urquiza le enajenó 425 hectáreas para crear el fraccionamiento Sanfandila e impulsar la Ciudad Satélite; después, con Rafael Camacho Guzmán, se proyectó la Ciudad Obrera; y con Mariano Palacios Alcocer, la Ciudad Inteligente.

Aunque ninguna de estas ciudades prosperó, lo cierto es que en el fraccionamiento Sanfandila fue edificada la Casa Club del Gobierno del Estado, durante la administración de Antonio Calzada Urquiza; y después, al final de su mandato, el gobernador Ignacio Loyola Vera construyó -para su disfrute- una mansión de cinco hectáreas de extensión.

El pastel

El ejido de Ajuchitlancito es un apetecible bocado para la oligarquía queretana, puesto que cuenta con 2,137 hectáreas en posesión y 2,077 en disputa; sus tierras son de temporal, cuya producción no les es suficiente a los propietarios para sobrevivir, razón por la cual deben salir a trabajar de albañiles o vigilantes; como Gerardo Rojas de Camilo, anciano que ahora tiene 70 años de edad y quien fuera encarcelado en el penal de San Juan del Río, y cuya esposa, María Pueblito Rojas Guzmán, de 65 años de edad, a partir de la detención, enfermó de diabetes mellitus y quedó desamparada.

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