Balance de los derechos humanos en Querétaro en 2024

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se observa el 10 de diciembre, el Observatorio Estatal de Derechos Humanos UAQ y Bajo Tierra Museo del Agua realizaron una mesa de diálogo sobre “Avances, retos y retrocesos en materia de derechos humanos en el estado de Querétaro” en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ.

El evento que moderó el Dr. Gerardo Cantú Sanders tuvo como propósito hacer un ejercicio de reflexión y seguimiento año con año, con el propósito de diagnosticar “dónde estamos, en dónde estábamos y a dónde queremos ir” con respecto al estado de disfrute, garantía y ejercicio de los derechos humanos.

Replantear la capacidad de agencia política ciudadana

El vocero de Parlamento Abierto Ciudadano, César Zafra, identificó una necesidad de replantear quiénes son parte de la toma de decisiones colectivas, en que fuera de la clase política suele tenerse una visión limitada a “sindicatos, organizaciones clientelares o grupos profesionalizados” y en que se pierde de vista el potencial de la ciudadanía organizada activamente desde los barrios, comunidades, asociaciones estudiantiles y la sociedad civil.

El también Secretario Ejecutivo suplente de Cívica, señaló como retrocesos en derechos humanos a la situación generalizada de inseguridad que “inhibe y anula acción colectiva”, así como al desdén social e institucional que se tiene sobre las organizaciones ciudadanas y a una coyuntura nacional marcada por el “desmantelamiento de organismos autónomos, el menosprecio a la transparencia y la corrupción”.

Represión, cierre del espacio público y falta de garantía sobre derechos son una constante

La Dra. Claudia Romero, coordinadora de incidencia ciudadana de Bajo Tierra Museo del Agua, compartió su evaluación de que a nivel local no se produjeron avances en justicia social, reducción de la desigualdad o de reparación hacia las luchas en defensa del agua o el territorio, en que recuperó antecedentes como los de Escolásticas y Maconí, que este año han tenido continuidad en cuanto a la represión y el cierre del espacio público a las disidencias, especialmente en el caso de las mujeres y las personas indígenas.

La abogada ambientalista destacó que la ciudadanía organizada tuvo éxito en llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia sobre la Ley de Aguas del Estado de Querétaro, sin embargo, destacó la continuidad del lobbying de grupos político-económicos y la modificación en fast track de las leyes, sin hacer parlamento abierto, como factores que contribuyeron a una resolución negativa del máximo tribunal y que mantienen el riesgo de cumplimiento de derechos humanos.

A pesar de violencia todavía hay oportunidades de construcción de paz

El Lic. Adrián Rangel Juárez de la Red Estatal de Paz, que ha trabajado en proyectos de cultura de la paz y transformación de conflictos, enfatizó en la necesidad de concebir la construcción de la paz como un proceso con avances y retrocesos. Identificó como grandes retos la polarización de la sociedad, los elevados niveles de violencia y el incremento poblacional sin armonización de las políticas públicas.

El también fundador de la empresa social “La Semilla”, destacó que a pesar de la ruptura de la “fantasía de inmunidad de la violencia”, Querétaro todavía tiene la oportunidad de revertir esas circunstancias, ya que cuenta con elementos que le colocan en la “cuarta posición con más paz positiva en el país”. Es decir, cuenta con recursos para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, una resiliencia social y una institucionalidad que permiten actuar por el cambio.

La marginación y las decisiones gubernamentales aumentan la violencia

El Dr. Guillermo San Román Tajonar, del Laboratorio Universitario de Seguridad Ciudadana, señaló que los recientes episodios de violencia en Querétaro, como fueron las masacres en Los Cantaritos y el Mezcalito, “no son sucesos aleatorios, sino parte de un contexto de degradación” vinculado a decisiones estatales en materia de seguridad.

Con base en datos de la ENVIPE 2024, el experto en dinámica social y delincuencial destacó que aunque la inseguridad ha mostrado una gradual tendencia a la baja a nivel nacional desde 2020, Querétaro enfrenta un aumento en la vulnerabilidad ciudadana a ser víctima de delitos y en la desconfianza hacia sus autoridades.

Este proceso de degradación continúa en casos como la persecución y revictimización de Esmeralda tras sufrir un aborto espontáneo y la represión policial a los artesanos en el Centro Histórico, así como a la continuidad de estrategias fallidas basadas en arrestos y ejecuciones de líderes de organizaciones criminales que se han heredado de la “guerra contra el narco”, que sólo generan más violencia en un esfuerzo por construir la percepción de efectividad.

San Román llamó a una pacificación sustentada en la justicia, la preservación del marco institucional, que rompa con la impunidad y que atienda las raíces del problema a nivel social que son la desigualdad, la pobreza, la exclusión y el limitado disfrute de derechos humanos, que ha aprovechado el crimen organizado para convertirse en el cuarto mayor empleador de México.

La corrupción está presente en todo aspecto de la vida pública

El Mtro. Amos García Montaño, especialista en el estudio de la corrupción e impunidad, remarcó que incluso cuando la corrupción se percibe como el segundo problema más importante para la ciudadanía, sólo detrás de la inseguridad, no se reconocen todas sus formas ni se les da la importancia que merecen.

De acuerdo con su análisis, la prevalencia de prácticas corruptas en la vida pública se apoya de la polarización política y la segregación social, en que la partidización de estos fenómenos dificulta su denuncia y reprobación pública, que afectan finalmente en el ejercicio de derechos y en la impunidad. Especialmente en casos que van mediados por intereses políticos, mediáticos o económicos que dejan en indefensión a la ciudadanía.

Un panorama complicado pero con oportunidades para la ciudadanía organizada

Los panelistas destacaron las oportunidades que brinda la organización y movilización social, en que la colaboración con el sector académico puede impulsar leyes y medidas benéficas a la colectividad, así como a convertirse en un referente de evaluación y de discusión en los espacios públicos e institucionales.

Algunos de los puntos que identificaron como desafíos fueron la concentración de fuerzas en la política nacional, la polarización social y la debilitación de la función institucional con medidas como la desaparición de organismos autónomos, pero identificaron un espacio de oportunidad para que la ciudadanía llene esos vacíos y vigile la actuación gubernamental.

Finalmente, Cantú Sanders invitó a la vinculación y generación de redes de apoyo y acompañamiento interpersonal en los entornos cercanos como son edificios, calles, barrios y colonias. En lo que identificó como otra forma de incidir para “desactivar en nosotros, en los espacios inmediatos, las violaciones de derechos humanos”.