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Bienvenido el diálogo que propuso el gobernador: Efraín Mendoza

Por Víctor Pernalete

 

La aprobación de la propuesta de reforma que el Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) presentó a la Legislatura del estado supondría un retraso de 15 años en materia electoral en Querétaro, advirtió el sociólogo Efraín Mendoza Zaragoza, ex consejero electoral del instituto. El académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), quien fungiera durante 13 años como consejero electoral y que entre 2000 y 2003 ocupara la presidencia del Consejo General, manifestó que la reforma ataca tres flancos sensibles del funcionamiento del árbitro electoral.

 

La pretensión de que la Legislatura designe al presidente del Consejo General, precisó, rompería la paridad entre consejeros y las lealtades del presidente estarían con quienes lo eligieron y no con sus pares. “Hasta ahora nadie ha dicho en qué sería mejor para la democracia el que el presidente del instituto sea elegido por los diputados; y no hay argumento alguno porque no sólo no hay ventajas sino lesiones y perjuicios”. Más aún, indicó el ex funcionario electoral, en sus considerandos la iniciativa es omisa pues nunca justifica tal pretensión.

 

El segundo flanco, precisó, es el debilitamiento de los órganos colegiados y el robustecimiento de las estructuras jerárquicas verticales. El diseño institucional que se propone no garantiza mejora alguna y mucho menos ahorros, pues se plantea la creación de nuevas direcciones y unidades con rango de dirección, lo que se traducirá en abultamiento de un aparato burocrático innecesario.

 

En tanto, el tercer flanco sensible de la reforma es la pretensión de ablandar el control ciudadano sobre los partidos en materia de fiscalización. “Ha sido difícil meter controles que contribuyan a la transparencia del origen y destino del dinero que manejan los partidos, y es que no porque sea un punto conflictivo la solución sea suavizar la fiscalización, que no es sino una aniquilación paulatina, como se ha venido haciendo ya, por la vía de los hechos. Los partidos deben seguir siendo fiscalizados cada tres meses y junto con sus estados financieros deben seguir entregando toda la documentación comprobatoria a la autoridad para que ésta, sin presión alguna, audite el gasto”. En los hechos, puntualizó, hay un conjunto de pequeñas reformas que aniquilan la efectividad de la fiscalización.

 

Tomarle la palabra al gobernador

Por otro lado, el investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales consideró positiva la postura que asumió el gobernador José Calzada al advertir que esa reforma no puede ser aprobada “al vapor” ni “de la noche a la mañana”. Y es que el mandatario dijo el martes pasado que esta reforma debe dejar satisfechas “a las grandes mayorías” y para ello “tiene que haber muchísimo diálogo”.

 

En lo personal, precisó Efraín Mendoza, el grupo de los 14 firmantes del documento entregado a la Legislatura el lunes 7, le toma la palabra al gobernador y está dispuesto a sostener los diálogos y los análisis jurídicos que sean necesarios con los legisladores para sopesar el alcance de las reformas propuestas, “pues es justamente lo que estamos demandando”. Desde luego, añadió, “hay algunas premisas que son inamovibles, pues es necesario avanzar en una clara dirección, que es la dirección que viene marcando el proceso democrático que vive el país: más fiscalización, más transparencia, más rendición de cuentas, más horizontalidad en las decisiones y más autonomía del árbitro”.

 

Consideró que es relevante la postura asumida por el Partido Acción Nacional, en el sentido de que el instituto debe dar muestras tangibles de autonomía e independencia, en lugar de abonar al descrédito en que lo sumió la irregular elección del actual Consejo General. “El instituto es patrimonio de los ciudadanos, no pertenece a los partidos, pertenece a la sociedad, y los actuales consejeros equivocaron la ruta al empujar nuevamente las reformas que interesaban al gobernador y que en 2010 recibieron amplio rechazo; tenemos que defender a esa institución que es producto de la lucha democrática de los años 90 del siglo pasado”.

 

Más aún, añadió que el Consejo General debió asumir la postura definida por el propio colegiado en la sesión del 23 de septiembre de 2010, pues no fue la postura de 4 consejeros, fue la postura del órgano máximo de dirección, que después de una amplia discusión estableció con claridad el posicionamiento de la institución, y éste fue de un abierto rechazo a la pretensión de debilitarla y someterla. “Con independencia de las personas que ocupen los cargos, las instituciones deben atender a sus basamentos históricos y constitucionales, que no pueden estar a merced de vaivenes ni compromisos coyunturales”.

 

Reconoció la seriedad de la postura que asumió el presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, Hiram Rubio, a favor de escuchar a las voces que disienten del proyecto oficial. “Por supuesto que estamos atentos a discutir con los diputados nuestros planteamientos”, aunque precisó que deberá haber un compromiso serio de “escucharnos no como un trámite, sino con la voluntad de establecer compromisos y que lo dialogado se refleje efectivamente en las nuevas normas”. Es importante, puntualizó, que se esté construyendo un puente de interlocución con el Poder Legislativo.

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