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Cada voto por Domínguez tuvo $5.37 ilegales, concluye estudio

Entre Francisco Domínguez Servién y Roberto Loyola Vera debieron erogar durante la campaña de 2015 un aproximado de 525 millones 616 mil 500 pesos; de los cuales 406 millones 936 mil 500 pesos serían ilegales.

De acuerdo a estimaciones detalladas en el reporte “Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en México”, durante la contienda por la gubernatura de Querétaro en el 2015, quienes fueron competitivos tuvieron que haber gastado 750 pesos por voto recibido. Es decir, que por cada peso que la ley permite erogar en campaña, se estima hubo 5.37 pesos ilegales extra, pues el tope de gastos de campaña vigente en Querétaro asciende a 59.34 millones de pesos.

La fórmula utilizada consiste en dividir el tope de gastos de campaña entre la lista nominal para así obtener el tope máximo de cada voto de los candidatos a gobernador, siembre bajo el supuesto que se utilice la totalidad del tope establecido y se logre un votación del 100 por ciento.

De esta manera, resulta que en Querétaro el costo es de 44.51 pesos por cada integrante de la lista nominal; por lo que el gasto real está por encima de este tope legal.

En este documento se realiza un ejercicio hipotético para saber cuáles son los recursos necesarios para ser competitivo en unas campañas a gobernador y se estima que cada voto que se emite en una zona rural es de 500 pesos, mientras en las zonas urbanas, el costo incrementa a mil pesos.

En este reporte únicamente se menciona a Francisco Domínguez Servién, quien obtuvo 379 mil 790 votos durante la campaña pasada, por lo que debió haber gastado 284 millones 842 mil 500 pesos.

Y aunque no mencionan a su más cercano competidor, el priista Roberto Loyola Vera, si se le aplica la misma fórmula, debió haber gastado cerca 240 millones 774 mil pesos, pues obtuvo 321 mil 32 sufragios.

Por lo tanto, entre los dos, debieron erogar 525 millones 616 mil 500 pesos; de los cuales 406 millones 936 mil 500 pesos serían ilegales.

En el estudio realizado por Integralia y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se aclara que “este dinero que no se reporta se usa para el pago de estructuras de clientelas, comprar, inhibir y coaccionar el voto, además del pago de coberturas en medios de comunicación y contratación de estrategas”.

Tan sólo en el gasto para nómina de estructuras clientelares en una contienda por el Ejecutivo estatal, se calcula una erogación de 84.98 millones de pesos, pues “una estrategia clientelar de éxito requiere mucho dinero”.

No se puede ir a la guerra sin fusil

Los expertos entrevistados para realizar este estudio, concluyeron que a mayores recursos—económicos y en especie—, mayores posibilidades de promover, comprar, movilizar el voto y por lo tanto, ganar. “Las elecciones se ganan con dinero”, señaló un operador político citado por este estudio.

“En consecuencia, partidos y candidatos tratan de conseguir todos los recursos posibles, lícitos e ilícitos, para aumentar sus probabilidades de triunfo. Así, aunque reconozcan la ilegalidad de los diversos mecanismos clientelares, varios operadores confiesan que lo hacen porque ‘no pueden ir a la guerra sin fusil’”.

Los testimonios y datos disponibles en este documento evidencian que el gasto estimado para una campaña ganadora puede superar más de 15 veces el tope legal de campaña, por lo tanto, recaudar y gastar sólo lo permitido por la ley significaría estar en clara desventaja con quienes gestionan recursos que rebasan varias veces los topes legalmente establecidos.

“Las campañas se han encarecido en buena medida porque se ha incrementado el costo de la operación en tierra. La publicidad fue durante mucho tiempo el rubro más caro de las campañas; sin embargo, después de la reforma electoral de 2007 —que prohibió a los candidatos contratar espacios en radio y televisión—, buena parte del dinero que se asignaba a ese propósito se destina ahora a prácticas clientelares, es decir, a actividades orientadas a conseguir más votos en el terreno”.

Aunque aclaran que la mayor parte de esos recursos no se destina a la compra directa de votos o a las dádivas que se reparten entre los votantes, sino a la manutención de estructuras clientelares piramidales, particularmente las de promoción del voto y operación electoral.

Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, señala que este no es un problema de un partido político en concreto, sino que resulta una actividad sistemática, por lo que exhortó a las autoridades a reformar el sistema electoral para resolver esta problemática.

La corrupción es el mayor problema de la democracia. Antes se luchó contra el fraude, pero esa lucha trajo un problema más grave que es la corrupción”, señaló el consejero presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) ante medios de comunicación el pasado lunes.

La investigación dirigida por María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde señala que una fuente para cubrir los diferenciales entre el dinero que se les permite gastar y el que realmente erogan, son los recursos públicos, en particular los recursos federalizados que cada entidad recibe; por lo que la fiscalización que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de estos ingresos permite dimensionar los recursos que se usan “irregularmente” en cada entidad.

Si se agrupa la totalidad de irregularidades y observaciones hechas por la ASF y que el estado de Querétaro no ha recuperado ni aclarado -entre 2012 y 2016- y se contrastan con la estimación del dinero ilegal necesario para ganar cada campaña a gobernador, en promedio sería suficiente con que 66.2 por ciento de las irregularidades no solventadas de los recursos federalizados se destinaran a fines electorales para poder “cubrir” el dinero ilegal que se requiere en las campañas; pues tan sólo en ese periodo de cuatro años, se estima que en Querétaro “se perdieron” 430.4 millones de pesos que la federación transfirió al estado.

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