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Calzada ha incumplido promesa de reunirse con nosotros: Ambientalistas

Angélica H. Morales

El Consejo Ciudadano de Medio Ambiente exigió la intervención del titular del Poder Ejecutivo del estado, José Calzada Rovirosa, para la investigación de los presuntos daños en perjuicio de la zona Peña Colorada y garantizar la protección del ecosistema dañado.

 

América Vizcaíno Sahagún, integrante del Consejo, manifestó que no han tenido reunión con el gobernador Calzada Rovirosa, porque él hace referencia a ello sólo en medios pero no se generan compromisos con el Consejo. “Dice que vamos a tener una reunión y no la hemos tenido”, advirtió.

 

Sin embargo, consideró que mantienen un estrecho contacto con el Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, Tonatiuh Salinas Muñoz, y confía en que a través de él se hagan “los trabajos necesarios para garantizar la permanencia futura de Peña Colorada”.

 

Además, recordó que en rueda de prensa presentaron un pliego petitorio en el que exigieron a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que actúen de manera contundente en contra de los infractores del ecosistema Peña Colorada.

 

La ambientalista negó cualquier acercamiento con el Gobierno Municipal, ya que éste ha incumplido su promesa de no permitir ni un cambio más de uso de suelo, “ni un centímetro más, era su lema.”

“Las autoridades no actúan”

El Consejo Ciudadano de Medio Ambiente ha denunciado continuamente los diversos impactos producidos por ilícitos ambientales que se cometen en los ecosistemas forestales de Querétaro, entre ellos la devastación absoluta de la ex hacienda La Solana, un área de 32 mil metros cuadrados, más otros seis mil metros cuadrados que fueron desmontados.

 

Sin embargo, con el paso del tiempo estas prácticas no sólo continuaron sino que se permitieron construcciones irregulares y desarrollos habitacionales, lo que aumenta el deterioro y destrucción de las superficies protegidas.

 

En diciembre del año pasado, interpusieron una denuncia legal en contra del Gobierno Municipal por autorizar un cambio de uso de suelo en un territorio impactado que aún tiene procedimientos interpuestos por instancias federales.

 

El Municipio de Querétaro autorizó la construcción de un fraccionamiento, por lo que se le pidió aportar pruebas de los procedimientos de Profepa y Protección Civil.

 

Pese a las continuas demandas del Consejo, las autoridades ambientales no están realizando las acciones preventivas necesarias, advirtió América Vizcaíno Sahagún, y esto queda demostrado con el primer desmonte registrado este año: una parcela de poco más de 70 mil metros cuadrados –según datos de la ambientalista– que ya fue clausurada por la Profepa.

 

El problema, aclara Vizcaíno Sahagún, es que las medidas aplicadas en contra de los infractores no son contundentes.

 

“Cuando actúas sobre un infractor de manera blanda, la señal que mandas al resto de los dueños es ‘continúen devastando los terrenos porque el Municipio les va a autorizar el cambio de uso de suelo’, o les fomentas que realicen ciertos giros”, señaló la bióloga.

 

Es por eso que los miembros del Consejo Ciudadano de Medio Ambiente solicitan a las autoridades “aplicar de manera contundente e implacable el marco legal contra los infractores de Peña Colorada y en particular con los infractores de la ex hacienda La Solana y la parcela recientemente dañada”.

 

Exigen además la restauración del sitio, sin negociar las multas, ya que tienen conocimiento de que como medida de “compensación” se les pide a los infractores sembrar jacarandas en camellones, glorietas y banquetas y no restaurar el sitio dañado, como marca la ley. América Vizcaíno expresó que al llevar a cabo estas prácticas “estamos dando carta abierta a los infractores a que continúen destruyendo áreas forestales”.

 

La ambientalista indicó también que prácticas ilícitas como el desmonte o incendio se realizan de manera intencional a fin de destruir los terrenos y lograr que la Semarnat autorice más rápidamente el cambio de uso de suelo.

 

El desmonte del predio clausurado este año, afirmó, se realizó “entre Navidad y Año Nuevo, momentos en los que hay poco vigilancia en las instancias de gobierno, hay pocas personas para acudir a denunciar. Lo hacen porque la autoridad se los permite”.

 

Vizcaíno Sahagún explicó que los miembros del Consejo y los dueños de los predios han tenido diversos acercamientos en los que estos últimos demuestran que tienen una experiencia semejante con la Profepa.

 

“Ellos mismos se quejan de que hay infractores reincidentes, que cada vez se les trata como si fueran delitos independientes y no se aplica todo el peso de la ley”, manifestó, al tiempo que dijo que existe una percepción compartida de que “el comportamiento de la autoridad es discrecional y débil”.

 

Con este contexto, el Consejo entiende que si Profepa “no puede hacer cumplir el marco legal, prevenir delitos y mandar mensajes claros a los desarrolladores inmobiliarios que están acostumbrados a destruir, a que el Municipio les autorice y a que Profepa les libere los procedimientos administrativos, no se va a acabar con el círculo vicioso.”

Exigen la destitución del delegado de la Profepa

Uno de los puntos presentados en el pliego petitorio fue la remoción del delegado de Profepa, Arturo Eulogio Ortiz Montes, si es que éste no podía dar los resultados pertinentes a su cargo.

 

Sin embargo, América Vizcaíno consideró que el funcionario sí está capacitado, ya que “en su desempeño inicial fue extraordinario”, aunque no entiende qué ha pasado.

 

El delegado Ortiz Montes, en entrevista con el periódico Noticias expresó que los ambientalistas que piden su remoción del cargo, “tendrán también que elementarla, porque no es sólo pedir por pedir”.

 

En respuesta, América Vizcaíno Sahagún dijo: “hemos hecho muchas denuncias que no han sido atendidas; el resultado es la progresiva y extensiva destrucción del ecosistema forestal Peña Colorada, lo cual nos hace pensar que el delegado no está cumpliendo sus funciones.”

 

La ambientalista reconoció que la apuración del Municipio por liberar terrenos forestales para urbanización está provocando que tanto las autoridades como los desarrolladores inmobiliarios, se “salten” las normatividades ambientales y los trámites administrativos para acelerar la autorización de cambio de uso de suelo expedida por la Semarnat en detrimento de los ecosistemas forestales.

 

El martes 10 de enero, el Consejo presentó una solicitud de información a la Profepa acerca de los ilícitos previos en Peña Colorada; la Procuraduría argumentó que ésa era información reservada.

 

“Revisamos la ley y la información que solicitamos no está bajo los supuestos para reservarla”, comentó Vizcaíno Sahagún.

 

Por último hizo un llamado a constructores inmobiliarios a no comprar en zonas de preservación ecológica ya que tienen la “obligación moral hacia Querétaro, porque se han hecho millonarios a base de nuestras reservas territoriales, (en lugar) de colaborar con el gobierno y con la ciudadanía para hacer de Querétaro un lugar mejor».

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