Información

Cambian ley de acceso a información antes de elecciones

Por Miguel Tierrafría / Carlo Aguilar

Por segunda ocasión en tres años, los diputados locales aprobaron en sesión de pleno iniciativas de ley que obstaculizan el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Estas disposiciones jurídicas se caracterizan por haber sido aprobadas antes o durante el periodo electoral.

En diciembre de 2008 los diputados de la LV Legislatura avalaron la reforma al artículo 126-c de la Ley de Hacienda, con lo que dieron paso a que se cobrara por iniciar el trámite, la búsqueda y la entrega de información pública (Tribuna de Querétaro, 480).

Ahora, con lo aprobado en sesión de pleno el jueves 19 de enero, las entidades públicas y los sujetos obligados, no así la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG), tendrán la facultad de dictaminar la reserva de la información. Esta modificación se dio en el marco de la Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Querétaro.

En ambos casos, los cambios jurídicos aprobados y posteriormente publicados en el periódico oficial La Sombra de Arteaga (en el caso de lo ocurrido en la LV Legislatura, puesto que la modificación avalada el jueves 19 todavía no es publicada) contó con el respaldo de diputados del PRI y el PAN, y se dieron con los procesos electorales de la entidad en puerta (el 20 de marzo comenzarán las precampañas).

Contradicciones de los cambios aprobados con la ley vigente

El artículo 20 de la vigente Ley Estatal de Acceso a la Información Pública establece que “en ningún caso la entidad gubernamental podrá decretar de manera discrecional la reserva de la información pública, en todos los casos siempre será requisito indispensable el acuerdo con la Comisión (CEIG)”.

Esto contraviene una de las justificaciones de los cambios en la Ley: “Se establecen las causas que por ministerio de ley permitirán a los sujetos obligados la clasificación de reserva de información tratándose de los casos en que se pueda poner en riesgo el interés jurídico o colectivo, los bienes jurídicos supremos al orden, a la seguridad y a la paz social en el Estado”.

Además, en la misma ley ya se encuentra instaurada como causa de reserva de información lo que puede dañar a las instituciones públicas y poner en peligro a la ciudadanía.

El artículo 14 de la Ley vigente considera información reservada “a) La que cuya revelación pueda causar un perjuicio o daño grave a las funciones de las instituciones públicas y por tanto al mismo Estado; b) La que comprometa la seguridad del Estado o la seguridad pública”.

Cuestionada en la sesión de pleno del jueves 19, la diputada María García Pérez (PAN), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública en la LVI Legislatura, defendió los cambios impulsados desde la comisión.

Destacó que las facultades y atribuciones de la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG) no se verán afectadas con las reformas a la ahora Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Querétaro.

“Toda garantía, se halla sujeta a limitaciones o excepciones que se sustentan fundamentalmente en la protección de la seguridad pública y en el respeto a los intereses de la sociedad y de los gobernados, imitaciones han dado origen a que se conozca en la doctrina como reserva de información”, es la tesis que planteó la diputada María García Pérez en torno a las reformas al derecho a la información en Querétaro.

En contraparte, dotan de autonomía a las unidades de acceso

Entre las propuestas y reformas que se aprobaron en el pleno de la LVI Legislatura, se encuentra la supresión de “la posibilidad de cobrar por la búsqueda y procesamiento de la información dejando como válidos todos los costos que representan la reproducción sin que ello signifique el lucro para la autoridad, además de que se establece que cualquier cobro que deba hacerse ya está contemplado en las leyes hacendarias que correspondan”.

Esto con base en que el ciudadano proporcione medios por los cuales se le entregue la información (medios de almacenamiento). También se modificó la reducción del plazo de entrega de información solicitada, de 15 a 20 días naturales.

Además, “se contempla la creación de las unidades de información gubernamental, las cuales gozarán de dos autonomías: la técnica que consiste en la administración responsable con criterios propios, la cual supone una actuación basada en la ley y en la capacidad de un juicio independientemente y debidamente fundamentado (…), y la de gestión, la cual se refiere a la libre disposición y ejercicio de su presupuesto con base en los principios de eficacia, eficiencia y transparencia” expresó la legisladora.

Sin embargo, en el artículo 21 se tiene previsto en las entidades gubernamentales “contar con una unidad administrativa ante la que se tramite la solicitud de información pública y se resuelva lo conducente”.

Reformas a la Ley de Acceso a la Información:

-Se encuentra instaurada como causa de reserva de información el peligro a la ciudadanía.

-Entidades públicas y los sujetos obligados tendrán la facultad de dictaminar la reserva de información.

-Supresión de la posibilidad de cobrar por la búsqueda y procesamiento de la información dejando como válidos todos los costos que representan la reproducción.

-Reducción del plazo de entrega de información solicitada, de 15 a 20 días naturales.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Botón volver arriba