El principal proveedor de la obra, Bajío Post tiene turbios antecedentes en Guanajuato

Por:Alfredo Rodríguez/Marco Antonio Lara

Desde abril del 2014 y hasta noviembre del 2015, el Poder Legislativo del Estado de Querétaro destinó 74 millones 915 mil pesos para la construcción de su nueva sede, ubicada en la calle Fray Luis de León, en la zona denominada Centro Sur. 

Es decir, en un año y medio, gastó 44 veces más de lo que pagaba anualmente por la renta de espacios de trabajo en la “Casa Mota”, ubicada en el Centro Histórico, a la que se destinaban un millón 692 mil pesos, de acuerdo con la información difundida por los diputados que abanderaron la obra.

Aun así, el Congreso del Estado está lejos de saldar su deuda, que en total ascenderá a 598 millones 732 mil pesos, lo que hubiera alcanzado para rentar su antiguo edificio por alrededor de 350 años.

Esta cifra, quedó lejos de lo anunciado por los diputados locales, quienes en su momento, aseguraron que la obra costaría tres veces menos, unos 186 millones de pesos.  Pagados los primeros 74 millones de pesos, la deuda de la Legislatura local aún es de 523 millones de pesos, los cuales tendrá que pagar en los próximos 19 años.

Los responsables de dicha decisión , fueron el entonces Presidente de la Mesa Directiva en la LVII Legislatura, Braulio Guerra Urbiola, además del Presidente de la Junta de Concertación Política, Marco Antonio León Hernández y el de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge Lomelí Noriega.

Cincos factura a nombre de Bajío Post

La Legislatura local aprobó el 27 de marzo del 2014, la “Adjudicación del Contrato de Inversión y Prestación de Servicios Integrales para el Nuevo Recito Oficial del Poder Legislativo, a favor de la empresa Bajío Post, mediante la figura de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios. Antes de cumplirse un año, el 6 de febrero del 2015, se informó que estaba concluida la construcción del Salón de Pleno y se declaró como recinto oficial.

Después de una solicitud de acceso a la información, presentada por Presencia Universitaria, se pudieron revisar las facturas erogadas a favor de la empresa Bajío Post, S.A de C.V., en las que consta que hasta finales del 2015, sólo se había cubierto una anualidad, de las 20 que deberán realizarse.

Hasta el momento, la Legislatura local ha emitido cinco facturas a nombre de la empresa Bajío Post, S.A. de C.V., por la construcción del nuevo edificio. El primer documento, con folio 487, del 30 de abril del 2014, registró el gasto de 9 millones 164 mil pesos, correspondiente a la “entrega del proyecto arquitectónico ejecutivo, más el programa de obra”.

La segunda factura, del 12 de agosto del 2014, es por 10 millones 615 mil  pesos, destinado a la cimentación del Inmueble. El tercer pago, del 13 de marzo del 2015, fue por 4 millones 365 mil pesos, para la coordinación y administración del proyecto.

La cuarta factura, por 23 millones 200 mil pesos, del primero de junio del 2015, corresponde a la “venta y entrega de mobiliario”. Finalmente, el quinto documento, con folio 945, del primero de agosto del 2015, muestra un pago por 27 millones 569 mil 359 pesos, que se destinó a la liquidación de la primera anualidad al remanente del precio de la cláusula.

Dueño de Bajío Post, con negros antecedentes

Detrás de la empresa Bajío Post, está Salvador Cayón Ceballos, hijo de Melchor Alfonso Cayón Villanueva, ambos empresarios de Irapuato Guanajuato, quienes se vinculan con diversas razones sociales, dedicadas a la construcción, la hotelería, la venta de inmuebles, la gestión de negocios y el sector automotriz.

Una de las empresas más destacadas, pertenecientes a la familia Cayón, es  Fibra Shop, que en su página electrónica resalta que en el tercer trimestre del 2015, registró una fortuna de 137 millones de pesos, con una inversión mayor a los 2 mil 115 millones, en más de 20 centros comerciales, distribuidos por el país.

Una de las inversiones de Salvador Cayón se encuentra precisamente en Querétaro. El 7 de diciembre del 2011 y a propuesta del alcalde de San Juan del Río, el Cabildo aprobó el “Convenio de Cooperación Otorgamiento de estímulos para la Atracción de Inversiones y el Desarrollo de un Centro Comercial en San Juan del Río”.

Con el acuerdo se condonó el pago de permisos y se destinaron 45 millones de pesos para la construcción de infraestructura, como vialidades, drenaje y alumbrado. Finalmente, en el lugar se edificó la plaza comercial “Fashion Mall”, la cual tuvo una inversión de 80 millones de pesos y en la que se incluyeron cines, locales comerciales y la tienda departamental Liverpool.

Salvador Cayón también se relaciona con la razón social Grupo CACEBA, famosa en Guanajuato por el enfrentamiento legal con la Constructora Aryiba, de Eduardo Arena Barroso, hijo de Alejandro Arena Torres Landa, un empresario de León. Ambas empresas se asociaron para construir la Plaza Cibeles de Irapuato, lo que culminó en un conflicto.

En una columna de opinión, el priista,  Héctor Andrade Chacón, aseguraba que Salvador Cayón Ceballos ganó el litigio, en una primera instancia, apoyado por el gobernador panista Juan Carlos Romero Hicks. Sin embargo, posteriormente la autoridad federal tomó el el caso y determinó que existían los elementos suficientes para sentenciar a Cayón por el delito de fraude.

Preocupado, Cayón Ceballos acudió a otro abogado y su asesor jurídico, el exministro de la Suprema Corte de Justicia, Salvador Rocha Díaz, quien los remitió al despacho del exsecretario de Gobernación federal, Fernando Gómez Mont, quien frecuentemente se reunía con el gobernador panista de Guanajuato, Juan Manuel Oliva.

Sólo tres días después de que Gómez Mont recurrió a Juan Manuel Oliva, las autoridades estatales se negaron a cumplir con la orden de aprehensión, desatendiendo lo que determinaron las autoridades federales, de acuerdo con la versión de Andrade Chacón.

El nombre de Salvador Cayón Ceballos también se mencionó en marzo del 2014, cuando el diputado federal por Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que algunos legisladores estaban cobrando cuotas por gestionar recursos para las comunidades de su estado y condicionando la entrega de obras a determinadas empresas.

Esta versión la respaldó un reportaje publicado por la revista Sin Embargo, que cita la denuncia anónima de presidentes municipales de Guanajuato, quienes aseguraban que el coordinador parlamentario del PAN, Alberto Villareal García, cobraba regalías a cambio de la entrega de recursos federales e intentaba imponer a la empresa constructora Caceba, de Salvador Cayón Ceballos, como la encargada de realizar las obras.

León Hernández estaba impedido de participar en el contrato.

En marzo del 2014, la Legislatura local otorgó el contrato a la empresa Bajío Post, para construir y equipar la nueva sede del Congreso, un edificio de cuatro pisos, con estacionamiento subterráneo y oficinas para 27 diputados, la cual fue terminada a mediados del 2015.

El edificio fue presentado por el diputado Marco Antonio León Hernández, quien encabezó la negociación, aunque no contaba con los derechos para hacerlo, de acuerdo con su propio partido, Movimiento Ciudadano.

En el Juicio de Protección de los Derechos Político Electorales, interpuesto por José Luis Aguilera Ortiz, presidente de Movimiento Ciudadano en Querétaro, señala que Marco Antonio León Hernández suscribió el convenio a favor de Bajío Post, como representante de la fracción en la Junta de Concertación Política, cuando existía una sanción en su contra.

La ley dice que la junta se integra con los coordinadores de las fracciones legislativos, cuando estaba sancionado con una suspensión de 6 meses y tuvo que haberse excusado de participar, no contaba con los derechos inherentes a su cargo, señala el documento.

Sólo cuatro meses después de su inauguración, trabajadores del Congreso denunciaron que la obra contaba con deficiencias y mostraba una mala calidad en su construcción. Posteriormente y una vez que se renovó la Legislatura, el mismo señalamiento fue hecho por el diputado panista, Eric Salas González.

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