Caso BMW, se rompe el silencio oficial

Benjamín Vargas Salazar, subprocurador jurídico y de control interno de la Procuraduría General de Justicia, se presentó después de diez años de silencio, en un programa de radio para informar de la situación jurídica del asesinato de Marco Antonio Hernández Galván, en donde informó que aún continúan realizando diligencias, pues “hasta el momento, no se ha podido determinar quién es el responsable”.

El 27 de diciembre del 2004 se cumplieron 11 años del asesinato perpetrado por el conductor de una camioneta BMW negra a un joven que viajaba en un Tsuru Blanco, a causa de un incidente de tránsito.

En aquella fecha, fue detenido el empresario Federico Ruíz Lomelí, señalado como el presunto autor del crimen, pero fue liberado sin ser presentado ante el ministerio público. Desde ese momento, el caso continúa en averiguación previa.

De acuerdo a lo expresado por Vargas Salazar en el programa En su propia voz, que se transmite por Radio UAQ, a 11 años del homicidio, continúan las indagatorias para que sea posible ejercer una acción penal en contra de quien resulte responsable del asesinato de Marco Antonio Hernández Galván.

Arnulfo Moya Vargas, representante legal de José Luis Hernández Guerrero, padre de la víctima, reconoció el valor personal por parte de la autoridad, de dar la cara después de la conferencia de prensa del 2005, sin embargo, denunció la estela de impunidad en la que continúa el caso.

De acuerdo al representante de la víctima, debido a la forma sistemática de actuar de la procuraduría de justicia, la investigación aún no ha alcanzado ningún avance, pues no hay respuesta a los oficios presentados por la familia.

“No ha habido ningún avance, las últimas actuaciones se han limitado, inclusive a no ejercer ni a respetar el derecho que tienen las víctimas, los ofendidos, a una respuesta rápida, inmediata ante las peticiones que se han hecho a la procuraduría” reiteró.

Sin embargo, el subprocurador jurídico explicó que el caso aún se encuentra reuniendo la mayoría de las diligencias posibles para poder comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, pues es un caso “complicado”, donde aún se continúan recuperando la mayoría de pruebas posibles en las 5 mil fojas contenidas en siete tomos en la averiguación previa de ese caso.

Ante la persistencia de demandas de justicia por parte de los familiares, Vargas Salazar declaró que el procurador de justicia del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, dio instrucciones al fiscal con la intención de seguir integrando, la indagatoria y en su momento, reunir los elementos necesarios para poder ejercitar una acción penal en contra de los responsables.

“Hay que entender la complejidad del tema (…) desafortunadamente hasta el momento, no se ha podido determinar quién es el responsable, quisiéramos que fuera lo más pronto posible, pero eso depende de las investigaciones que llevemos acabo” reiteró.

De acuerdo con el representante de la víctima, el crimen, ocurrido durante el sexenio de Francisco Garrido Patrón, presentó una serie de irregularidades, dentro de las cuales se encuentra la omisión de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 31 de octubre del 2005.

De la misma manera, insistió en que las autoridades en total y pleno ejercicio de sus funciones omitieron la inaplicabilidad de la constitución y de las leyes en materia del procedimiento penal, pues no se realizó ninguna revisión ningún examen ministerial al presunto sospechoso, ni se aseguró el vehículo hasta tres meses después de lo ocurrido.

Así mismo, la pistola, de uso exclusivo de las fuerzas armadas, no fue retenida ni presentada como prueba, ni se detuvo al conductor del vehículo, a pesar de que un elemento de la Seguridad Pública Estatal, declaró que él, junto con  otros compañeros se percataron del estado de ebriedad del conductor y la supuesta presentación de sospechosos ante los testigos de la calle, sin elementos que garantizarán su valor legal.

“A eso se le llama impunidad, es una línea de impunidad” expresó Arnulfo Moya Vargas, pues no se presentó ninguna declaración del culpable. Estos hechos fueron calificados por el abogado de la familia de la víctima como parte de la incongruencia de las autoridades.

Por su parte, Vargas Salazar, indicó que “si se iniciaron procedimientos, si se inició una averiguación previa a la cual se le dio el trámite correspondiente para determinar una indagatoria.

“A la procuraduría le toca investigar, muy probablemente pudiera parecer que es mucho tiempo (…) yo lo puedo apreciar, lo veo desde el lado de la víctima, que me merece todo el respeto, pero también hay que atender a una cuestión de legalidad” afirmó el abogado”.

A continuación se muestra un fragmento de la entrevista realizada en Radio UAQ:

Arnulfo Moya Vargas (AMV), abogado de José Luis Hernández Guerrero: Yo sigo insistiendo ahí que ahora sí que la recomendación efectivamente fue aceptada, sigo insistiendo en que no ha sido complementada y no ha sido cumplimentada  porque los ejemplos que yo puse son de manera enunciativa, no limitativa de lo que debería de hacer la procuraduría en torno a dicha recomendación y para dar cabal cumplimiento, se habla de una averiguación, pero aquí no se nos ha dicho qué averiguación, que funcionarios fueron procedimentados, en que resultó dicha averiguación, si se consignó la averiguación.

Es decir, así de incierta la información el señor José Luis nunca fue enterado, ni su familia ni un servidor de que hubiera dicha averiguación en ese sentido. Yo creo que no podemos caer en la retórica y en la falta de precisión. Que me diga qué averiguación fue la que se siguió en contra de los funcionarios y que fue lo que se determinó.

Benjamín Vargas Salazar (BVS): La averiguación previa que se inició en contra de los servidores públicos es la ASP135-2005 el procedimiento administrativo es el PEA 35-2005, eso y déjeme comentarle y puntualizar de todas estas diligencias y de todo esto que yo estoy comentando, la CNDH fue puntualmente informada.

AMV: Repito, José Luis no fue informado. Ok, y revisaremos porque hasta este momento me entero que hubo esa averiguación y ese procedimiento administrativo, pero no se ha dicho que pasó con esa averiguación, fue consignada, qué sucedió.

BVS: Se determinó que no ejerce a la acción penal en el procedimiento, se determinó la no responsabilidad. Ahora usted acaba de enterarse a lo mejor de este asunto señor licenciado, entiendo que el señor licenciado Arnulfo Moya Vargas toma el asunto en el 2011, cinco años después de que se inició, digo eso no tiene ninguna situación simplemente ara puntualizar y contextualizar el tema.

AMV: Si, el hecho que uno tome un asunto no indica que no conozca toda la historia del expediente, eso es una falacia.

Víctor López Jaramillo (VLJ) conductor: Retomando el punto que había comentado el abogado Arnulfo Moya sobre la necesidad de consignar ante un juez, ya el caso se compromete a que el subprocurador de llevar ya este caso ante un juez públicamente ante la comunidad universitaria.

BVS: Mire yo lo que puedo decir es que la averiguación se encuentra en integración y se realizaran todas aquellas diligencias que resulten necesarias para poder determinar esta indagatoria. Sería irresponsable de mi parte decirle sí, sí lo vamos a hacer cuando no tendría los elementos para poder afirmar esto, en estos momentos.

VLJ: ¿Entonces no hay un compromiso?

BVS: El compromiso es integrar conforme a derecho y realizar todas aquellas diligencias que resulten necesarias pertinentes y objetivas.

VLJ: ¿Cuántos años más? ¿Otros once? ¿22? ¿33? Digo, porque al paso que vamos, ¿cuánto tiempo se tardará?

BVS: A lo mejor el planteamiento resulta muy concreto, sin embargo ya lo mejor el señor Arnulfo Moya, el licenciado no me dejará mentir, todo depende de las investigaciones, la propia ley no señala un plazo, porque cada caso en particular es distinto y debemos a atender a sus particularidades.

Marcela Ávila Egletton, conductora: Pero mientras más tiempo pasa no resulta más difícil resolver el problema, digamos que creo que es un pendiente para la justicia en Querétaro. Yo sé que ustedes están llegando, pero lo cierto es que pareciera es que no hay una voluntad verdadera por resolverlo y que con los años que ella lleva pues solamente se les sigue dando largas.

BVS: A la procuraduría le toca investigar, muy probablemente pudiera parecer que es mucho tiempo, o es mucho tiempo, yo lo puedo apreciar y lo veo desde el lado de la víctima que me merece todo el respeto, pero también hay que atender a una cuestión de legalidad, vaya en las diligencias nos están dando ciertas líneas, pues bueno  tendríamos que agotarnos esas líneas de investigación, eso es lo que yo puedo comentar.

AMV: Antes de entrar a lo que comenta el subprocurador nada más para que no se pase, también hubo aquí una dimensión civil del anuncio que finalmente llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue algo que a mi juicio era totalmente ahora sí que pues aberrante que quienes estuvieron exhibiendo y exponiendo el caso como un asunto totalmente público, dado que se trata de un derecho, que ahora si no nada más compete a la autoridad o a un particular defender, se llega el asunto inclusive hasta una dimensión civil, hasta la Suprema Corte y la pregunta es; ¿Bueno y por qué en el caso específico de la procuraduría y por qué en el caso específico de quienes han estado participando desde la parte oficial en esto, no generaron que se diera ya una, ahora sí que un escalamiento jurisdiccional?

Aquí se nos dice, no pedimos que se torture a nadie, señor subprocurador, aunque ustedes lo siguen haciendo y se lo digo públicamente y actualmente y como ocurrió esta semana pasada, no pedimos que torturen a nadie, no pedimos tampoco que torturen la ley para hacer interpretaciones indebidas, pedimos que la apliquen y en ese sentido, yo creo que es la exigencia de todos nosotros, esperamos que no pase otro sexenio como el anterior, tal pareciera que se echan la pelotita, perdón la palabra, una y otra administración y con todo respeto se lo digo, tal pareciera que la misma administración anterior en el ámbito de la procuración es la misma en este momento.

Es lo que estamos viendo desafortunadamente, queremos un cambio, queremos que nos apliquen el buen procedimiento, los principios, no el procedimiento, por qué no los han aplicado. Eso es lo que nos pueden aplicar, no hay ninguna prohibición en los códigos para que ustedes ya entraran en aspectos de atención a las víctimas de reparación, de revisar que está pasando con el caso, no encerrarse en los viejos códigos que inclusive, ni siquiera esos han respetado, se lo digo con todo respeto, no es personal.

Me gustaría que lo entendieran como un mensaje de la comunidad universitaria que no estamos conformes con este modelo de procuración e impartición de justicia que se vio, aunque usted esté en el ámbito estrictamente de la procuración e investigación del delito.

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