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Cerrado el caso de Eustacio Yáñez; el fallo del juez, triunfo de la sociedad sobre el poder, según la defensa

Un año y tres meses después, este 27 de enero quedó definitivamente concluido el caso Eustacio Yáñez. El obrero nativo de Cadereyta que el 11 de noviembre de 2001 impactó su camioneta contra la caravana de motociclistas formada por el gobernador Ignacio Loyola Vera y varios amigos suyos, entre quienes se encontraban los finados Alejandro García Alcocer, director de Casas Geo, y Julián Segura Sosa, delegado de la SEP en la entidad tuvo que aceptar la sentencia del juez, que lo declaró responsable del delito de homicidio imprudencial y la pena impuesta (un año 8 meses de prisión) le fue conmutada por 3 mil pesos.

El encargado de la defensa, Enrique Botello Montes, sopesa que aún cuando el juez lo declaró culpable, “nosotros ganamos porque le demostramos a los arbitrarios que sabiendo utilizar la ley te puede ir bien. Este es un logro muy importante porque nos enfrentamos. al poder, nos enfrentamos al Ministerio Público en condiciones no tan normales”. Estima que si la sentencia hubiera sido por homicidio culposo y no imprudencial habría tenido que enfrentar cárcel por 50 años, además de que habría tenido que pagar indemnización por los dos difuntos, los gastos funerarios, el daño moral y el costo de cada moto, que es de 230 mil pesos.

A pesar de que “en la realidad nunca se demostró su culpabilidad” y pudimos acreditar que las pruebas de tránsito fueron manipuladas el día del accidente, Yáñez se conformó con la sentencia, explica el abogado, porque ya estaba “cansado de esta situación” y apelarla implicaba más dinero que ya no tenía la familia.

Recuerda que la Policía Federal Preventiva se trasladó desde Palmillas y el Ministerio Público desde San Juan del Río y en ese lapso de tiempo se alteró el lugar de los hechos: de las tres motocicletas que participaron en el accidente, una de ellas se la llevaron y, para que se reactivara el tráfico los restos de las otras dos motocicletas los barrieron al carril por el que conducían los motociclistas cuando habían quedado en el carril de Eustacio. Esto probaba que los motociclistas habían invadido el carril contrario. Entonces cuando llegó el Ministerio Público levantó un acta que no correspondía a la realidad y, por lo tanto, la acusación contra Eustacio es falsa. Además, confirma, repintaron la línea de la carretera quitándole 50 centímetros al carril donde viajaba Eustacio para demostrar que él había invadido el carril de los motociclistas.

Entre las razones que pesaron para que el sentenciado alcanzara el beneficio de la conmutación de la pena figuran el que la sentencia haya sido menor a los cinco años de prisión y el hecho de que no tenía en su expediente delitos anteriores, así como el resultado del examen criminológico, que arrojó un perfil de mínima criminalidad.

Por último, admite que “este es un triunfo de todos: de la sociedad queretana, de los medios de comunicación y de todos aquellos que le brindaron su apoyo a Eustacio”. Reconoce que los resultados no hubieran sido los mismos sin la intervención de la prensa, sobre todo en el momento en que le negaron la libertad bajo fianza.

La secuela: vómitos y diarrea constantes

En días pasados, Eustacio se realizó unos estudios clínicos debido al deterioro que sufre su salid, desde que dejó la prisión y luego de la tortura a la que lo sometieron en el Cereso de San Juan del Río el 2 de diciembre de 2001, pues desde entonces ha presentado vómitos y diarreas constantes, informa la hija mayor de Eustacio, María Francisca Yáñez Hernández, vía telefónica desde San Lucas Patoni, Estado de México…

Desde agosto pasado se ha sentido cada vez peor y bajó mucho de peso. “Y si los análisis arrojan que mi papá está afectado por la tortura, no voy a descansar hasta que paguen los culpables”. Precisa que desde el día del accidente, Eustacio ya no ha regresado a Altamira, Cadereyta, su lugar de origen, porque, dice: “no lo ha querido enfrentar, porque ese lugar está marcado con dos cruces”.

Al cuestionarle cuánto le costó a la familia el caso que se prolongó por un año tres meses responde: “el daño moral que se le hizo a mi familia no tiene precio. En cuanto a lo material, se perdió todo el patrimonio de la familia, pero ese se puede recuperar trabajando, como mi papá nos ha enseñado. Lo que no se supera nunca es el daño moral”.

Advierte que “el aparato de gobierno no midió hasta dónde nos afectaron. Mientras nosotros tuvimos que pagar un abogado, me costó un año de mi trabajo, mi tiempo y mis ahorros. A la otra parte le costó la pérdida de sus familiares, la cual no se recupera nunca. El único que no salió perdiendo fue el gobernador, porque basta que él dé una orden para que se cumpla. Todo el poder está de su lado”.

Recuerda que el 9 de diciembre de 2001 fue recibida por el gobernador, “me atendió para mentirme, pues me dijo que no me preocupara, que en cuanto las familias de los fallecidos se calmaran él iba a sacar a mi papá de la cárcel, que en un mes ya estaría libre. También me pidió que no hablara con ningún periodista”.

De la sentencia señala que “la hicieron a su manera. No hubo medios de comunicación, no hubo nada cuando mi papá fue a firmar. Ellos [las autoridades] tenían mucha prisa por cerrar el caso y yo ya no tenía fondos para seguir peleando. Ya no quise arriesgarme, porque así como el gobernador mandó golpear a una persona —“el bañista”— a mí me hubiera podido mandar matar. A lo mejor le pude haber dado otra lección al gobernador, pero ya no tenía dinero para seguir con el caso”.

Del estado de ánimo que guarda su papá, María Francisca dice que ya está tranquilo. “Ahora dice mi papá que a ver en cuánto tiempo vuelve a hacer su patrimonio y se hace de otra carcachita”. Mi familia, informa, ya está resignada y contenta porque mi papá ya salió de la cárcel, pero también estamos tristes porque nos quedamos sin nada”.

Reconoce que lo que salvó a Eustacio de que lo refundieran en la cárcel fue el apoyo de todo un equipo formado por el abogado Enrique Botello Montes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los medios de comunicación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el apoyo de la sociedad queretana y todo el trabajo que hizo el escritor Julio Figueroa Medina —el primero en destapar el caso y quien organizó la primera colecta por Eustacio—. “El trabajo de todo ese equipo fue acorralando al gobernador”, dice al mostrarse agradecida por todo ello.

De la segunda colecta que se organizó para pagar el peritaje, Francisca señala que sólo se reunieron mil 300 pesos. Al abogado le pagaron con el dinero que se reunió de la primer colecta “y ya nada más le debo al perito y a unos familiares que me prestaron 10 mil pesos”, señala.

Por último, reitera que el gobernador “sabe que mi papá es inocente, aunque lo hayan declarado culpable. Después de todo lo que nos hizo sufrir durante un año y medio… todas las humillaciones hacia mi papá y hacia toda mi familia, todo para que al final lo declararan culpable”.

Cerrado el caso, María Francisca envía el siguiente mensaje: “a los queretanos les quiero dar las gracias por todo su apoyo, les debo mucho…” Y al gobernador: “a ese señor le deseo que le vaya bien… que disfrute con su familia todo lo que le hizo a la mía…”.

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