Cese al hostigamiento en Santiago Mexquititlán y San Idelfonso exigen con protesta en CDMX
Ciudad de México.- “No nos vamos a mover hasta que Claudia Sheinbaum y Adelfo Regino se sienten a dialogar con nosotros” señaló Isabel Valencia, una de las mujeres hñöhño que desde el pasado 12 de octubre tienen tomadas las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para exigir el acceso y regularización de los predios que por más de 50 años ha usado como vivienda la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, así como la cancelación de los megaproyectos turísticos y el reconocimiento de la autonomía en las comunidades de Santiago Mexquititlán y San Ildefonso Tultepec en el estado de Querétaro.
Las voceras de la comunidad otomí agregan también que estos hechos son parte de una estrategia gubernamental para acabar con la resistencia de las comunidades originarias frente a la imposición de megaproyectos que atentan en contra los pueblos indígenas a través de las agresiones que sufren defensores comunitarios.
“Nosotras hacemos responsable al gobierno de cualquier agresión que sufran nuestros compañeros por defender su territorio” señala Paola López, pobladora de la comunidad de Santiago Mexquititlán “tal como el caso de nuestra compañera Estela, quien, a raíz de la lucha por el reconocimiento de la autonomía en Santiago, ha sido objeto de difamaciones y denuncias por parte de funcionarios del municipio de Amealco”.
El pasado 15 de octubre, la defensora comunitaria de Santiago Mexquititlán, Estela Hernández, acudió a una comparecencia ante la Fiscalía General de Querétaro, esto después de que recibiera un citatorio por parte de dicha institución en donde se le acusa de los delitos de robo y daños dolosos a propiedad pública del ayuntamiento.
“Esto es parte de una ofensiva del gobierno municipal” señala Estela Hernández “pues a raíz de que la comunidad ha luchado por el reconocimiento de nuestra autonomía, varios de nosotros hemos sido objeto de calumnias y difamaciones por parte del gobierno de Rosendo Anaya y sus funcionarios, pues ahora no nada más es Mexquititlán quien está luchando por el reconocimiento de su autogobierno, sino también nuestros hermanos de San Ildefonso, a quienes les han violentado su derecho constitucional a la autodeterminación y les han impuesto a supuestos representantes que no han sido electos por la comunidad.”
En meses anteriores, el delegado municipal en San Ildefonso Tultepec fue removido de su cargo tras una denuncia de acoso sexual en su contra que se publicó a través de redes sociales. Tras este suceso, el Municipio de Amealco de Bonfil designó a un nuevo responsable de la delegación, esto sin consultar a la comunidad.
Pese a la gravedad de la acusación, las y los habitantes de San Ildefonso sostienen que este acto es una violación a su derecho de autonomía y autodeterminación, pues argumentan que la comunidad es la única facultada para definir a sus representantes, así como el manejo de estos casos. Y agregan que lo que está de fondo en estas acciones de intromisión del ayuntamiento es el control de los recursos naturales de la comunidad, así como el presupuesto designado para la remodelación del templo y la creación de obras públicas.
“Lo que el gobierno de Rosendo Anaya quiere es adueñarse del cerro” señala Martina, pobladora de San Ildefonso Tultepec “pues durante varios años se ha dedicado a talar los árboles para construir cabañas para el turismo.
Ante estos hechos, la comunidad otomí pide a la sociedad que, en medida de sus posibilidades, les apoyen con alimentos no perecederos y productos de higiene personal para quienes están sosteniendo la toma de las instalaciones pues insisten que la lucha continuará “hasta que la dignidad se haga costumbre”.
Sin diálogo
El pasado 15 de octubre, el INPI – a través de sus redes sociales – emitió un comunicado en donde aseguraban que tanto la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, así como la Comisión local de Derechos humanos, habían acordado con las y los manifestantes establecer una mesa de trabajo con el titular de dicho instituto, Adelfo Regino Morales.
Sin embargo, las y los integrantes de la comunidad otomí aseguran que “esto es un acto de imposición” alegando que se trata de una maniobra gubernamental para disuadir su legítimo derecho a la protesta. Pues una de las condiciones que las y los manifestantes exigen es la presencia de la titular del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Por lo que argumentan que “no hay ningún acuerdo para entablar una mesa de trabajo” y sostienen que la toma de las instalaciones del INPI continuará “hasta que las autoridades garanticen las condiciones para llevar a cabo un diálogo”.
Ante este hecho, diversas comunidades y pueblos originarios, adheridos al Concejo Indígena de Gobierno y al Congreso Nacional Indígena, han hecho expresa su solidaridad y apoyo con la comunidad otomí, y han trasladado diversas delegaciones a la capital del país para reforzar las acciones durante la toma de las instalaciones del INPI.
“Aunque el gobierno pretenda minimizar nuestra protesta diciendo que somos tan sólo ‘unos cuantos’. La realidad es que es toda la comunidad otomí la que está sosteniendo esta acción, pues nuestras demandas no sólo son de quienes vivimos aquí en la ciudad, sino también las de nuestras hermanas y hermanos de Mexquititlán y San Ildefonso, quienes hoy hemos despertado y alzado la voz tras 528 años de opresión”. Agregó Maricela Mejía, integrante de la comunidad otomí residente en la ciudad de México.
“Hoy no sólo estamos exigiendo nuestro derecho a la vivienda digna y la autonomía para el pueblo otomí”. Continúa Maricela “sino que también exigimos la cancelación de todos los megaproyectos que atentan en contra de los pueblos originarios, así como el cese al fuego que grupos paramilitares están detonando en contra de nuestros hermanos de Aldama en Chiapas”.
