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CNDH documenta irregularidades 34 estancias de internamiento

En el caso del Cereso de San José el Alto, resalta la falta de respeto hacia los internos, la insalubridad de sus instalaciones, la carencia de planchas para dormir, la falta de ventilación e iluminación natural o artificial, así como de agua suficiente.

En 34 estancias de internamiento y detención del Estado de Querétaro, se encontraron diversos factores de riesgo que incumplen con los principios constitucionales referentes a los Derechos Humanos, según el informe 2018, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

El documento apunta que entre los lugares que carecen de condiciones óptimas para el cumplimiento de los Derechos Humanos, se encuentran fiscalías y unidades del Ministerio Público, así como los centros de reinserción social, un albergue e instituciones privadas de asistencia social.

De la misma forma, el reporte añade que existen deficiencias en un instituto de rehabilitación para menores de edad, víctimas de maltrato, el Centro de Internamiento Especializado para Ejecución de Medidas para Adolescentes, además de señalar a una casa hogar del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.

Dentro del informe, dirigido al gobernador de estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién y al fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, se puntualiza que existen deficiencias en las condiciones materiales de las instalaciones, en el trato humano y digno, la alimentación, la sobrepoblación, el hacinamiento, así como la falta de lugares de detención, legalidad y seguridad interna.

De acuerdo con los datos surgidos de la inspección realizada en junio de 2017, la cual fue acompañada por personal de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José el Alto, ubicado en el municipio de Querétaro, es la estancia que cuenta con la mayor población, albergando a mil 472 internos, seguido del penal de San Juan del Río, con 401 reos.

Les siguen en número: la casa hogar “Caminando juntos”, perteneciente al DIF capitalino, con 111 personas; la Fiscalía de Acusación de San Juan del Río, con 59; la casa hogar “Ministerios Pan de Vida”, ubicada en el municipio de Corregidora, con 58 niños; y el Centro para Adolescentes, que registró a 45 internos.

El texto del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura detalla las deficiencias encontradas en cada instalación. En el caso del Cereso de San José el Alto, resalta la falta de respeto hacia los internos, la insalubridad de sus instalaciones, la carencia de planchas para dormir, la falta de ventilación e iluminación natural o artificial, así como de agua suficiente y salubre, además de la falta de regaderas, la presencia de basura acumulada y plagas de cucarachas y ratas.

Además, se añade que el penal de San José el Alto carece de suficiente personal médico y se requieren de, al menos, otros 150 oficiales para cubrir las necesidades de seguridad. La misma situación se describe en el Cereso femenil de San José el Alto, que tampoco cuenta con los médicos suficientes para atender a las internas.

En cuanto a la casa hogar del DIF estatal, fueron detectadas filtraciones de agua en los techos, así como grietas en las paredes y la presencia de piojos en los menores de edad. En tanto, en la Casa Hogar Juvenil del Santísimo Redentor carecen de algunas puertas y vidrios para ventanas, además de un servicio médico.

Por su parte, en la subsede de la Fiscalía General, en el municipio de Cadereyta, se descubrió que las autoridades no proporcionaban alimentos a los detenidos ni cuenta con algún registro de ello. La misma situación se registró en la sede de la Fiscalía de Investigación en el municipio de Tequisquiapan.

Sobre el Cereso de San Juan del Río, se detectó que los alimentos que ofrecen son escasos y se encuentran en malas condiciones, además de que son repetitivos. Además, también se observó que las instalaciones carecen de áreas de visita familiar e íntima. Igualmente, los internos manifestaron que se cobra por el ingreso de ropa y calzado, además de que algunos de los reclusos cuentan con teléfonos celulares.

También al referirse al Cereso de San Juan del Río, el documento carece de secciones de ingreso, sanciones, locutorios, cocina, comedores, talleres, biblioteca, área médica y de visita familiar. Así mismo, se carece de personal técnico para el área femenil, además de que existen actividades remuneradas al interior. Por otra parte, las internas declararon permanecer varias horas encerradas, con muy pocas actividades.

De igual manera, el Centro de Internamiento Especializado para la Ejecución de Medidas para Adolescentes en Querétaro carece de secciones de ingreso, comedores, aulas, locutorios, patio, biblioteca y secciones deportivas y médicas. En el mismo lugar, tampoco se lleva a cabo una clasificación criminológica, además de que los medicamentos son insuficientes, al igual que el personal de seguridad.

Al señalar las irregularidades en las fiscalías de Acusación de Amealco, Colón y Tequisquiapan, así como en la Unidad especializada en Justicia para Adolescentes, se destaca que las dependencias no se cuentan con servicio médico. De la misma forma, en las unidades especializadas de Investigación del Narcomenudeo, Delitos Sexuales contra el Menor y Violencia Familiar y de Delitos Comunes, Unidad III y Unidad V, ambas de Querétaro, no se cuenta con ningún tipo de material de curación.

El reporte añade que las fiscalías de Acusación de Amealco y San Juan del Río, así como las Especializadas en Justicia para Adolescentes, en Delitos Sexuales contra el Menor y Violencia Familiar y en Delitos Comunes de Querétaro, al igual que la Fiscalía de Investigación de Tequisquiapan, no cuentan con programas para prevenir o atender situaciones o eventos violentos, misma situación que prevalece en el Centro de Internamiento Especializado para Ejecución de Medidas para Adolescentes de la capital.

De igual manera, en diversas instalaciones de fiscalías y unidades, así como en casas hogar e instituciones de asistencia social particulares, se hallaron deficientes inspecciones de seguridad, salubridad, salud, aseguramiento, supervisión y nulos programas contra adicciones.

Finalmente, en varios centros de readaptación social se permite que los reclusos cubran la visibilidad de sus celdas. En ocho fiscalías, de diferentes municipios, se vio que carecen de instalaciones para facilitar el acceso a personas con discapacidad física.

En general, el informe 2018, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, concluye que el trato y las condiciones de las personas detenidas e atendidas en estos centros son precarias, indignas y peligrosas, ya que atentan contra la integridad física y moral de los mismos.

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