Comunidades indígenas en Querétaro enfrentan incumplimiento de sus derechos políticos
En Querétaro se reconoce a 31 mil 383 personas mayores de tres años que hablan alguna lengua indígena según el Censo de Población y Vivienda de 2020 del INEGI, que representa al 1.3 por ciento de la población estatal, que consiste en 2 millones 368 mil 467 habitantes.
Por su parte, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2023, también del INEGI, estima que la proporción de hablantes de lenguas indígenas es del 2.1 por ciento, lo que equivale a 49 mil 738 personas.
De las 182 comunidades indígenas y afromexicanas en Querétaro catalogadas por el Instituto Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, 168 son de adscripción hñähñu (conocida coloquialmente como otomí), mientras que 23 son Xi’oi o Xi’uy (coloquialmente pame) y una es tének (o huasteca).
Incluso cuando existen asentamientos de predominancia indígena, su reconocimiento legal por el estado de Querétaro no es un asunto seguro, tal como ha sucedido con el barrio de San Francisquito que, a pesar de ser reconocido por el INPI y el Ayuntamiento de Querétaro, aguarda aprobación de la Legislatura para ser reconocida como comunidad indígena.
El reconocimiento jurídico, tal como está contemplado en la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro, implica que las poblaciones originarias tienen derecho a desenvolverse según las formas de gobernanza, justicia y organización social que deseen, usualmente vinculadas a los “usos y costumbres”, siempre que se respete el marco normativo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las mismas disposiciones legales establecen que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos deben consultar a las comunidades indígenas en sus planes de desarrollo, facilitar recursos económicos, impulsar la mejoría de espacios y viviendas, además de descentralizar y facilitar la prestación de servicios públicos en atención a sus necesidades y culturas. Sin embargo, las comunidades indígenas se mantienen entre las más desatendidas en los proyectos gubernamentales.
En materias como el acceso al agua, el acceso no está garantizado para muchas de estas comunidades, que carecen de infraestructura para un suministro constante a pesar de que algunas de ellas fueron afectadas directamente por la construcción de presas como la de Zimapán, que desplazó a 2 mil 109 personas indígenas entre Querétaro e Hidalgo en el proceso.
