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Crimen de Octavio Acuña es revisado por la CIDH

Por Abril Suárez

El caso de Octavio Acuña, activista por los derechos sexuales y promotor de educación sexual, quien fue ejecutado en el año 2005, ha dejado a gran parte de la sociedad inconforme.

Martín Romero, también activista y ex pareja del fallecido, explicó las irregularidades que han dejado insatisfechos a muchos en cuanto a este caso.

“El crimen que sucedió hace seis años fue una ejecución meramente por homofobia, y siempre los y las activistas buscamos que se diera una investigación clara, objetiva y libre de prejuicio alguno, buscábamos que se diera una línea por homofobia, cosa que las autoridades descartaron inmediatamente”, recordó.

Un año después de haberse cometido el crimen se presentó un posible responsable donde se señalaba a un travesti con el alias de Salma, de nombre Miguel Ángel, que fue procesado y encarcelado.

En 2007 el caso dio otro giro donde presentaron una declaración de una señora de la tercera edad que acudió a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia a dar una declaración de una confesión que le habría hecho su hijo en el lecho de muerte, donde manifestaba que él había hecho cosas “muy graves” y que inclusive había asesinado y que había personas inocentes en la cárcel, refiriéndose a un crimen de odio, siendo él el autor material de la ejecución de Octavio y por lo tanto que debía quedar en libertad la persona que se encontraba procesada.

Ante esta situación, Martín Romero afirmó que muchos activistas cuestionan que puedan tomar como declaración la confesión de una persona moribunda.

“¿Con qué fuentes o bajo qué seguridad?, ¿cuáles fueron los criterios objetivos que tomaron esa declaración o confesión?, simplemente le dieron carpetazo”, señaló.

Aunado a esto, añadió Romero, el presunto homicida lo acusaba de violador, con lo que echaba por tierra todo el trabajo que Octavio había realizado por muchos años, “esto nos produjo una sensación de impotencia”.

En cuanto a esta situación, el activista por la diversidad sexual manifestó que meses atrás, varias organizaciones civiles (entre ellas Aquesex) levantaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se le diera una revisión más intensiva. Actualmente el proceso está vigente porque los activistas y otras personas no quedaron conformes con la respuesta del Estado.

“Para nosotros, quien ejecutó al activista Octavio Acuña fue el propio Estado”, sentenció Martín Romero ya que enfatizó que este caso se volvió “muy emblemático”, debido a la respuesta favorable de muchos activistas nacionales e internacionales, organizaciones civiles, comisiones de derechos humanos de otros estados y otros países, Amnistía Internacional, e incluso la realización de documentales.

Además de la reacción de historiadores, catedráticos y escritores, como Carlos Monsiváis, Modesto Cervantes Sixtos, Hugo Gutiérrez Vega, quienes hicieron foros y exigían una investigación clara porque se le debía a la sociedad el esclarecimiento.

“Al ver toda esta presión nacional e internacional, al Estado le urgía dar una respuesta y proporcionar una solución a esto, pero ése fue el resultado”, lamentó.

El supuesto culpable fue liberado

Romero recordó que posterior a la declaración de la madre del supuesto homicida, la persona que estaba apresada, Miguel Ángel, fue liberado inmediatamente por una orden de un juez, cuando estaba a punto de dictársele sentencia y cuando se había realizado incluso una reconstrucción de hechos, donde acudió a las instalaciones en que se ejecutó el crimen a decir y recrear todo: desde la ruta que tomó, cómo entró, qué puerta estaba abierta, dónde lo encontró y cómo lo mató, todo con Miguel Ángel.

Finalmente agregó que se pone en juicio y queda en el aire la resolución ya que se toma en cuenta la declaración de un moribundo que tenía un historial de drogas y adicciones, sólo tomaron en cuenta a la mamá y fue imposible encontrar a esa señora para platicar con ella, para ver qué había pasado, todo esto sin pruebas.

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