De los acuerdos de San Andrés a la nueva ley: la brecha entre simbolismo y autonomía real
Aunque el subcomandante Marcos y otros líderes mestizos fueron figuras visibles, las comunidades indígenas fueron protagonistas en la formulación de las demandas durante los acuerdos de San Andrés en 1996. Este proceso, sin embargo, contrasta con la nueva ley que busca reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes la cual fue aprobada en septiembre de este año, pues “es un gesto simbólico” sobre la ley, subrayando la ausencia de una verdadera participación de los pueblos originarios en su creación, comenta Juana Patricia Pérez Munguía, doctora en Historia por El Colegio de México, en entrevista con Tribuna de Querétaro.
El conflicto zapatista, que inició en 1994, marcó un hito en la historia contemporánea de México, destacando las demandas de los pueblos indígenas por reconocimiento y autonomía. Uno de los resultados más significativos de este levantamiento fue la creación de los Acuerdos de San Andrés, un documento que proponía la inclusión y el respeto de los derechos de las comunidades indígenas. Sin embargo, más de dos décadas después, surge el cuestionamiento de si la implementación de los acuerdos son una realidad actual en el país.
La Autodeterminación y el Retorno al Autogobierno Virreinal
Para la especialista en poblaciones afromexicanas, los Acuerdos de San Andrés, aunque contemporáneos, evocan un regreso al modelo de autogobierno de los pueblos de indios virreinales. En esa época, las comunidades indígenas mantenían cierto grado de autonomía: «Tenían sus propias demarcaciones, cobraban tributos, respetaban sus leyes de costumbre», señala. Este orden fue desarticulado por el Estado mexicano liberal del siglo XIX, cuyo objetivo era uniformar a la nación y desconocer la diversidad histórica de sus habitantes.
El levantamiento zapatista, en este sentido, no solo fue una lucha por mejores condiciones de vida, sino también una reivindicación de esa autonomía histórica. Los Acuerdos de San Andrés proponían el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas para decidir sobre su propio destino y manejar sus recursos de manera independiente, algo que, según la historiadora, todavía no se ha alcanzado del todo.
A pesar de que existen especialistas en historia, sociología y cultura de estas comunidades, la redacción de la ley “parece más un ejercicio de verborrea legal”, según la historiadora, que un documento enfocado en las verdaderas necesidades y aspiraciones de estos grupos.
Un punto que le resulta particularmente preocupante es la mención en singular de los «pueblos afroamericanos», una formulación que no refleja la diversidad histórica de las comunidades afrodescendientes en México, que, como explica, no tuvieron un modelo de autogobierno como los pueblos indígenas durante la época virreinal. «No hubo pueblos afro o africanos», señala, con la excepción de casos aislados como el de Yanga, en Veracruz.
Realidades Actuales: Crimen Organizado y Desplazamiento
A pesar de las promesas de los Acuerdos de San Andrés, las realidades políticas y sociales de México han complicado su implementación. Según la también maestra en historia, el crimen organizado ha emergido como una nueva amenaza para los pueblos originarios, especialmente en regiones como Chiapas, donde comunidades enteras han sido desplazadas de sus tierras debido a la violencia. «Lo que están viviendo es un despojo de su tierra, un desplazamiento forzado», afirma,
La historiadora señala que los pueblos indígenas no solo enfrentan desafíos económicos o de reconocimiento cultural, sino también una crisis de seguridad que pone en peligro su autonomía y supervivencia. Además, el contexto actual no solo afecta a las comunidades rurales, sino también a las urbanas, lo que agrava aún más la situación.
La Complejidad de los Afrodescendientes en México
En cuanto a los pueblos afrodescendientes, la doctora enfatiza que no puede simplificarse su historia en un solo relato. Los afrodescendientes en México, argumenta, no comparten una cultura común como los pueblos indígenas, sino que han creado sus propias tradiciones y formas de vida en distintas regiones del país. Sin embargo, la ley los trata de manera genérica, sin reconocer su diversidad cultural e histórica.
«Es como meter a todas las manzanas en la misma canasta», critica Pérez Munguía, quien aboga por un enfoque más matizado que incluya a especialistas y a los propios afrodescendientes en el proceso de creación de leyes que los reconozcan.
Un Llamado a la Participación Real
Para la doctora Patricia Pérez Munguía, el camino hacia una verdadera justicia y reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes pasa por su participación activa en la formulación de las leyes que los afectan. Las políticas no pueden ser decididas sin tomar en cuenta las voces de quienes viven esas realidades diariamente.
«La relación con el Estado tiene que ver con la propiedad de la tierra, la salud, la seguridad», subraya, indicando que no se trata solo de reconocimientos simbólicos, sino de abordar las necesidades fundamentales de estas comunidades. Mientras no se integren estos aspectos, los avances, tanto de los Acuerdos de San Andrés como de la nueva ley, seguirán siendo insuficientes para cambiar las condiciones de vida de los pueblos originarios y afrodescendientes en México.
