Información

De nuevo la Ley Calzada, ahora a través del IEQ

Por Martha Gloria Morales Garza, Eduardo Miranda Correa, Efraín Mendoza Zaragoza, Edmundo González Llaca, Ramón Lorencé Hernández, Germán Espino, Luis Alberto Fernández García, Julio Figueroa Medina, Agustín Escobar Ledesma, José Luis Durán Olvera, José Luis Álvarez Hidalgo, Francisco Ríos Agreda, Gerardo Ayala Real

De una primera lectura de la Iniciativa de Ley que presentó formalmente el Instituto Electoral de Querétaro ante la LVI Legislatura del Estado, el pasado cinco de julio, podemos desprender dos conclusiones. Primera, en sus aspectos fundamentales es una calca de la que presentó el gobernador José Calzada el nueve de septiembre de 2010. Y segunda: contra su naturaleza, la autoridad electoral plantea la mutilación de su propia autonomía y propone un retroceso en aspectos muy sensibles para una ciudadanía que en Querétaro ha venido empujando la transformación democrática desde hace 20 años.

Poca falta hace recordarlo, pero no está de más señalar que la autoría de esta iniciativa es de un Consejo General que proviene de una designación inconstitucional a raíz de que el bloque parlamentario liderado por el Partido Revolucionario Institucional se impuso sin considerar la participación de la fuerza política que representa casi la mitad del electorado en la entidad. Creíamos que en su iniciativa, el instituto reflejaría su aprecio por la opinión ciudadana, de ahí que resulta muy inquietante confirmar la plena comunión de esa autoridad electoral con los deseos y el proyecto político del gobernador.

 

Cuando hace casi un año el Secretario de Gobierno llevó personalmente la entonces llamada “Ley Calzada” ante la Legislatura, cuestionamos que el gobernador pretendiera meterle mano a las reglas de la competencia electoral, que lo hubiera hecho sin previa consulta a la ciudadanía y que hubiera ignorando a la autoridad que la propia Constitución creó para ocuparse de la materia. La oposición ciudadana y la postura del Partido Acción Nacional, frustraron entonces los deseos del mandatario.

Para que este nuevo intento de reforma prospere, es cierto, basta con que se reúnan 13 votos, que el bloque mayoritario tiene sin mayor problema. El mismo día que recibió la iniciativa, el presidente de la Mesa Directiva y por muchos años representante del PRI ante el IEQ, Hiram Rubio, anunció que antes de que finalice septiembre estará aprobándose la reforma. La premura, por supuesto, es para atender el deseo del gobernador (véanse los artículos 336, 337 y 341 de su propuesta de Código Electoral) que ha quedado plasmado en el proyecto del IEQ (artículos 21, 97 y 102) de anticipar el inicio del proceso electoral y que en lugar de comenzar a finales de marzo arranque en los primeros 10 días de enero.

Es posible que la iniciativa del instituto tenga bondades. Pero por ahora interesa poner el acento en las maldades. Por los retrocesos que representa, sería muy reprobable que el bloque priísta aprobara este proyecto y desde ahora demandamos que no consume este atentado.

Comunión espiritual: siguen cumpliéndose las profecías

Decimos que el proyecto del IEQ es, en sus aspectos fundamentales, una repetición del proyecto del gobernador. En el considerando 13 de su iniciativa, el instituto asegura que su proyecto se asienta en 311 propuestas recibidas tras un esforzado despliegue publicitario consistente en colocación de estructuras de aluminio “en todas las presidencias municipales”, la distribución de dos mil 500 carteles y nueve mil volantes, así como 23 entrevistas, un programa radiofónico y ocho inserciones pagadas en los periódicos.

Si bien en las 84 páginas de la iniciativa se proponen reformas a seis leyes secundarias, dominan los cambios propuestos a la Ley Electoral en similitud con el proyecto del Poder Ejecutivo. En esa línea de pragmatismo que se advierte, hubiera sido mejor ahorrarse el montaje de las estructuras de aluminio, los foros y los conferencistas. Ah, y los nueve mil volantes callejeros.

Para quien tenga paciencia, va aquí una sencilla guía de análisis que permitirá correlacionar el articulado de la iniciativa del instituto con la iniciativa del gobernador. En algunos casos sorprende la fidelidad de la copia: las mismas palabras, la misma sintaxis. Otra profecía cumplida. Si es usted un curioso de la numeralia, tome la Iniciativa de Ley presentada por el instituto y la propuesta de Código Electoral presentada por el gobernador y asómbrese ante la espiritual comunión en ambos articulados:

 

Iniciativa

IEQ

Iniciativa JCR

21, 97 y 102

336, 337, 341

32, XIX

77, V

33, V

123, VI

33 y 45, IV

171

45

168

39

140, 141

45

168

46, I

174

46, III

175

47

179

48

182, 183

49

172

58, II

220, 268-272

73

269

61

223, I

62, VI

224, X

62, VII

296

65, VIII

235

67

241

82

294

90-A

300

92

329

106 y 109

195

113

392

120

426

144

466

191-A a 191-X

196 al 214

226

533

 

La incómoda autonomía

Veamos la dirección de las reformas.

Para empezar, es absurdo que sea el propio Consejo General el que pretenda renunciar a su autonomía. Pide que algunas facultades que hoy tiene, y que representan ventajas democráticas, le sean quitadas y sean asumidas por los señores diputados. Propone que su presidente ya no sea electo por el propio Consejo, sino por los diputados; propone que el cargo no sea rotativo, sino que dure los siete años. Actualmente el presidente es electo por un año con posibilidad de dos reelecciones.

Es como si de pronto el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro, le pidiera a la Legislatura que cambie la Ley Orgánica para que en adelante el rector sea nombrado como se hacía en los dorados días del autoritarismo. O como si los magistrados del Tribunal Superior de Justicia pidieran a los diputados que en adelante ellos elijan a su presidente. Cuando la Legislatura intentó hacerlo, no hace mucho, ahí estuvo la Suprema Corte para impedirlo. Que el presidente sea elegido por el propio cuerpo colegiado permite el equilibrio interno y permite que las lealtades no estén en instancias externas al órgano. Esperamos que los diputados no caigan en la tentación de acceder a esa extraña generosidad del instituto. Esta propuesta es del gobernador, por supuesto. Véase la fracción I del artículo 223 del Código.

No podemos pasar por alto que hasta 1996 en Querétaro la organización de las elecciones era responsabilidad del Gobierno del Estado y dado el absoluto descrédito en que se encontraban los procesos electorales, se pactó la creación de un organismo dotado de autonomía constitucional encabezado por ciudadanos desligados de partidos. El gobierno sacó las manos de las elecciones y se recuperó la confianza en los comicios. Hoy se pretende dar marcha atrás, hoy se pretende un retorno al viejo régimen autoritario.

Aunado a la renuncia de la autonomía, se propone abrir la puerta para que el presidente sea militante de algún partido. Para eso el instituto propone eliminar la prohibición actual de que los militantes de partidos políticos puedan ser Consejeros Electorales, prohibición que curiosamente se mantiene para ser Capacitador-Asistente, un cargo jerárquicamente muy menor.

Como si se tratara de la feria de la abdicación, el instituto plantea debilitar sus órganos colegiados y fortalecer esquemas jerárquicos. En esa dirección va la creación de la Junta General Ejecutiva, otro deseo del gobernador, que sería presidida, por supuesto, por el poderoso presidente designado por los diputados. Da la apariencia de ser un órgano colegiado, sólo que los colegiados son formados por pares, y aquí no los hay pues todos son, en los hechos, subordinados del presidente.

De otra parte, se plantea la reducción del número de Consejeros Electorales en los Consejos Distritales y Municipales, de cinco a tres, con la consecuencia de que esto hará más vulnerables a los consejos frente a las presiones de los partidos políticos: aunque no tengan voto, para ocho partidos será más fácil ejercer toda su presión sobre tres ciudadanos que sobre cinco. No se encuentra la razón para debilitar de ese modo a los consejos. Se argumenta en el considerando 134 que es para ahorrar dinero. Otra vez el más pobre y manipulador de los argumentos.

Si ésa es la razón, rechácese entonces el cambio de estructura que pide el instituto: se quiere dar la impresión de que se fusionan áreas y desaparece la dirección general… sí, pero a cambio se crean cinco nuevas dependencias: la Dirección de Procesos Electorales y Educación Cívica, la Dirección de Administración; la Dirección Jurídica, la Unidad de Fiscalización y la Contraloría Interna (artículos 75 a 79, todas con rango jerárquico de dirección), que van a ejecutar funciones que realizan actualmente órganos existentes sin problema alguno. Como Querétaro y Nayarit, según argumenta el considerando 119 de la propia iniciativa, son los estados con las estructuras más ligeras, y la media de direcciones en los institutos es de 4.6, entonces hay que engordar el aparato burocrático. Y tan no se trata de ahorrar ningún centavo, que el artículo 8 transitorio de la iniciativa prevé, literalmente, que “para cumplir con las disposiciones de esta Ley los poderes Legislativo y Ejecutivo deberán considerar una ampliación presupuestal que le permita al Instituto Electoral de Querétaro, llevar a cabo sus fines”.

Curiosa lógica: para “ahorrar” se debilitan los órganos colegiados temporales pero se crean obesas estructuras permanentes. En el Ejecutivo el argumento del ahorro podía entenderse como parte de su concepción propagandística y electorera del ejercicio del gobierno, pero en el instituto ciudadano eso es deleznable.

Las reformas van en otra dirección, que nada tiene que ver con los dineros y el espíritu ahorrador. Se trata de ejercer controles centralizados y abrir deliberados agujeros en los procesos electorales. Por ejemplo, ¿qué se busca con reformar la fracción VII del artículo 92, equivalente al 329 del Código del gobernador Calzada? Esa fracción precisa aquellos cargos cuyos ocupantes no pueden recibir los votos en las casillas; de todos los cargos sólo se mantiene la prohibición a los Notarios Públicos, con lo cual se abre la posibilidad legal de que funcionarios con mando en fuerzas armadas o los titulares de cualquier dependencia del Gobierno Estatal, puedan ser habilitados como funcionarios de casilla. Hoy lo tienen prohibido.

Manos libres a partidos y más opacidad

Por otro lado, una de las funciones relevantes del instituto, que justifica su permanencia fuera de elecciones, es la vigilancia sobre los partidos y la fiscalización de los recursos que manejan. Por aquí anda otro gato encerrado. En la dirección contraria de lo que exigen los ciudadanos, esto es, más control sobre partidos, más transparencia y rendición de cuentas, lo que propone el instituto es justamente lo que la ciudadanía, en tonos muy diversos, viene reprobando.

Pues resulta que es la propia autoridad electoral la que abiertamente está planteando ablandar el control sobre los partidos. Eso hace al pedir que se derogue la fracción VIII del artículo 65, que dispone que el Consejo General tiene competencia para “vigilar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a esta Ley y cumplan las obligaciones a que están sujetos”.

Esta automutilación viene acompañada de otras propuestas muy generosas con los partidos. Por ejemplo, que los partidos ya no entreguen documentación legal comprobatoria de sus gastos; que ya no estén obligados a expedir recibos con requisitos fiscales por el dinero que reciben; que además de no entregar documentación comprobatoria, la revisión de sus cuentas se haga a domicilio, tal como reza el estribillo de moda: “soluciones cerca de ti a domicilio”; que ya no rindan cuentas cada tres meses, sino cada cuatro; que las asociaciones políticas ya no entreguen informes financieros cada tres meses sino cada año; que ya no entreguen al instituto su padrón de militantes cada año, sino cada tres… todo, por supuesto, en apegada sujeción al deseo del gobernador (véanse los artículos 140, 141, 168 y 171 del fallido Código Electoral, y 33, 39 y 45 de la iniciativa del IEQ).

Actualmente la ley prevé que puede ordenarse la ejecución de auditorías a partidos en tres circunstancias: cuando no entreguen estados financieros, cuando no presenten documentación comprobatoria y cuando presenten información o documentación falsa. Bueno, pues el instituto pide que le quiten los dientes y contempla auditoría sólo para el primer caso. El artículo 49 que el instituto quiere reformar late con la misma intensidad que el artículo 172 del Código propuesto por José Calzada.

Es paradójico que en los hechos se elimina la fiscalización (en forma permanente se exime a partidos de presentar documentación comprobatoria, en tanto que en los gastos de campaña casi el 90 por ciento de los recursos por ser provenientes de los órganos federales su fiscalización corre a cargo del IFE), pero eso sí, se crea una Unidad de Fiscalización con rango de dirección. Es patético.

En otro lance de automutilación, el instituto propone que la facultad sancionatoria se inicie exclusivamente cuando se presente denuncia. Al proponer la modificación del artículo 226 (equivalente al 533 de la Ley Calzada), el instituto pretende renunciar a la facultad que le fue otorgada en 2008 para actuar de oficio, es decir, “cuando cualquier órgano del Instituto tenga conocimiento de la comisión de conductas que infrinjan” la ley, iniciando la investigación de inmediato.

Un llamado final a los legisladores

En un comentario anterior (Libertad de Palabra, 4 de julio de 2011) se advertía que para desmentir a sus críticos, que lo señalan de haber abdicado de su independencia y de estar subordinado al Poder Ejecutivo, el IEQ tenía dos fichas por jugar.

Una era el proyecto de redistritación del estado, que por Ley debió presentar la autoridad electoral a la Legislatura. Resulta que apoyado en un “dictamen” de la Comisión Jurídica, que carece de competencia en relación con la redistritación (el artículo 12 de la Ley Electoral es puntual respecto de las instancias con competencia expresa en esta cuestión), el pasado 30 de junio determinó “la imposibilidad de realizar en tiempo” el estudio técnico correspondiente.

Y la otra era, precisamente, el sentido de las reformas que propondría. Así, tenemos que lejos de atender la petición de un grupo de ciudadanos, académicos y activistas, que solicitaron que la autoridad electoral pronunciara un formal rechazo al proyecto autoritario y antidemocrático del gobernador por constituir un retroceso y un flagrante atentado contra la autonomía de esa autoridad, con preocupación verificamos que su propuesta apunta exactamente en la dirección contraria, a dar marcha atrás a importantes avances democráticos. El organismo electoral se debe a los ciudadanos y, siendo autónomo, no puede ahora subordinarse a los poderes y, mucho menos, a los partidos.

Es reprobable que los Consejeros Electorales del IEQ estén celebrando de esta manera los 15 años de autonomía del instituto. Sobre su proceder, contrario a la pauta marcada en 1996, deben una explicación pública. En tanto, dado que la Legislatura del Estado no ha iniciado la discusión pública del tema, pedimos que los señores diputados valoren nuestras consideraciones y eviten consumar esta reforma.

Ciudad de Querétaro, agosto 3, 2011

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba