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De policía a defensora de los Derechos Humanos

“Conozco muy bien cuáles son las más frecuentes violaciones que se cometen en contra de las víctimas”: Valdés Argüelles

Por: Alejandra L. Beltrán

Norma Patricia Valdés Argüelles, exdelegada de la Procuraduría General de la República (PGR) en Querétaro cuando estuvieron encarceladas las mujeres indígenas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, acusadas de secuestrar a seis agendes de la extinta AFI, se desempeña como coordinadora legal de atención a la víctima en la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) desde febrero de este año.

Entrevistada por este medio, Valdés Argüelles dijo que no hay “contradicción” alguna en haber laborado en la PGR durante el encarcelamiento de las mujeres originarias de Amealco (caso que incluso atrajo la atención de organismos internacionales) y estar ahora trabajando directamente con las víctimas en la DDHQ.

Norma Patricia Valdés renunció a su cargo en la PGR en 2011, junto con otros 21 delegados, cuando manifestaron su inconformidad por las reestructuraciones que la entonces procuradora, Marisela Morales Ibáñez, pretendía hacer. Consideró que éstas no le eran “favorables”, ya que interferían con su proyecto de familia.

Durante los últimos dos años, refirió, ha realizado asesorías en casos relacionados con menores de edad.

Actualmente, como coordinadora legal de atención a la víctima en la DDHQ, Valdés Argüelles es la encargada de revisar y evaluar los casos en su aspecto jurídico.

Una vez que la Defensoría toma el caso de una víctima, ya sea porque ésta se acercó directamente al organismo solicitando ayuda o porque, a través de medios de comunicación o redes sociales, la institución se enteró de la situación, la exdelegada de la PGR tiene la obligación de vigilar que el caso se desarrolle conforme a la ley.

El caso de Alberta y Teresa

En 2006, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, indígenas de la comunidad de Santiago Mexquititlán, fueron detenidas y condenadas a 21 años de prisión por el supuesto secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

El 26 de marzo de ese año, elementos de la AFI realizaron un operativo en el tianguis de la comunidad. Los afectados exigieron el pago de los daños y los agentes aceptaron dar una compensación. Sin embargo, mientras unos fueron por el dinero, otros seis se quedaron con los vendedores; luego afirmaron que habían sido secuestrados.

Aunque la hoy coordinadora legal de atención a la víctima en la DDHQ insistió en 2009 en que el secuestro fue llevado a cabo por 200 personas, sólo tres de ellas fueron consignadas: Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.

Jacinta Francisco fue liberada en septiembre de 2009. No obstante, las otras dos mujeres permanecieron en prisión hasta 2010, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ponerlas en libertad debido a la serie de irregularidades encontradas en el proceso.

Al respecto, Norma Patricia Valdés Argüelles, delegada de la PGR en Querétaro de 2007 a 2011, recordó que “la Corte declaró que, en algunas cuestiones de ese juicio, hubo violación a los derechos humanos.” No obstante, refirió que no fue durante su periodo cuando inició el proceso en contra de estas mujeres.

Afirmó, además, que debido a que la Procuraduría presentó conclusiones no acusatorias en el caso de Jacinta, fue que ésta pudo salir de prisión.

“En el caso de Jacinta, los testigos que habían declarado en la primera ocasión que fue consignada ya no comparecieron yes a causa de eso que nosotros, haciendo una valoración del asunto, aquí en Querétaro, presentamos las conclusiones no acusatorias”, aseguró.

Si bien la PGR había aceptado liberar a Jacinta, en los casos Alberta y Teresa se mantuvo firme. Es más, respecto a la primera, Valdés Argüelles acusó que tenían evidencia de que vendía droga.

“En ese momento se reunieron las pruebas que había, hubo declaraciones de gente que estaba en el lugar y se le presentaron a un juez (…). Quizá en algún momento del juicio no se hayan respetado los derechos humanos y fue a causa de esto que la Suprema Corte valoró el caso de Alberta y Teresa y las declaró inocentes”, enfatizó.

Entre las irregularidades encontradas en el proceso, de acuerdo con la SCJN, están la fabricación de testimonios, el uso de pruebas ilícitas y la falta de intérpretes en el momento de la detención.

Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio salieron del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San José el Alto, por resolución de la SCJN, el 28 de abril de 2010, luego de haber pasado más de cuatro años en prisión.

‘Comparte pasado’ con Miguel Nava (también fue delegado de la PGR)

El presidente de la DDHQ, Miguel Nava Alvarado, también fue delegado de la PGR en Aguascalientes, años antes de ser electo presidente de la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en febrero de 2012.

Norma Patricia Valdés Argüelles resaltó que a lo largo de su experiencia en la PGR ha tenido la oportunidad de observar posibles violaciones a los derechos humanos.

“Conozco muy bien cuáles son las más frecuentes violaciones que se cometen en contra de las víctimas, en contra de las personas que resultan ser víctimas de algunos delitos. Ahora, en esta institución, adquiero el compromiso de utilizar toda mi experiencia para, precisamente, vigilar que esto no suceda en ninguna circunstancia”, explicó.

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