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Denuncia DDH contradicciones entre juezas en caso La Laborcilla

La DDHQ asegura que son contradictorios los criterios aplicados en la detención de los 33 implicados

Por: Mariana Chávez

La detención de 33 personas -entre éstos, dos menores puestos luego en libertad- acusados de ingresar armados y asesinar a un joven y herir a dos más en la comunidad La Laborcilla, donde ejidatarios y empresarios se disputan 222.6 hectáreas de terreno, es irregular, de acuerdo con documentos emitidos por los juzgados que llevan el caso.

En tanto, la Defensoría de Derechos Humanos del Estado (DDHQ) dio a conocer que existen criterios divergentes entre las dos juezas que llevan los casos sobre la legalidad e ilegalidad en la detención de los acusados, lo que provoca que “la validez de una desvirtúa a la otra” y, con ello, la desprotección de las personas procesadas penalmente y de los pobladores de la comunidad, en su carácter de víctimas que buscan justicia.

Además, la DDHQ exhortó a las autoridades a que “castiguen ejemplarmente” a los autores intelectuales del homicidio registrado el 11 de junio de 2013, cuando un grupo armado ingresó a la comunidad, ubicada en el municipio de El Marqués, a bordo de un camión de volteo.

Tales sujetos descendieron del camión disparando hacia pobladores que vigilaban el predio en disputa; en el acto falleció Heriberto Salinas Galván, mientras que Eduardo Salinas Galván y Ubaldo Manchado Montes resultaron lesionados.

De acuerdo con la narración de los hechos presentada por uno de los menores -que está registrada en el expediente 89/2013 y en el toca 10/2013- él fue contratado el 9 de junio de 2013 por José Archibaldo Manzano Cárdenas -alias Manzano- y Edgar Ventura -alias Ventura- junto con 32 personas más, en Guadalajara, Jalisco, para realizar funciones de “vigilancia en un predio y la construcción de una barda”.

En el documento se destaca que: “sabían que vestirían iguales, usarían máscaras antigás, que arribarían al lugar en un camión de volteo y descenderían de manera sorpresiva, lanzarían gas lacrimógeno hacia los pobladores para resguardar el lugar mientras se colocaba una barda, y que si tenía que usar arma de fuego, lo tendrían que hacer, ya que algunos la portaban”.

Además se cita: “previamente recibieron capacitación y les fueron mostradas fotografías y videos del grupo de personas que pudieran resultar lesionadas o fallecidas, dentro de los que se encontraban los ofendidos”.

Destacan también que las armas las portaban José Archibaldo Manzano Cárdenas, Francisco Javier Reyna Cambreros o Francisco Javier Reyna Camberos, Manuel Rincón Martínez, Felipe de Jesús López Rodríguez y Óscar Pérez Soto, quienes dirigían al personal de vigilancia contratado.

Detención de adolescentes carece de legalidad, pues MP no comprobó la flagrancia del delito: Jueza Ponce Villa

Los presuntos elementos de seguridad fueron trasladados durante la noche desde Guadalajara, Jalisco, e ingresaron al fraccionamiento residencial El Campanario la madrugada del 11 de junio de 2013; ahí estaba instalado un campamento en donde les entregaron uniformes, esposas, gas lacrimógeno y bastón. Luego los agruparon en equipos de diez personas.

Ingresaron a la comunidad La Laborcilla (contigua al fraccionamiento El Campanario) entre las 09:00 y 11:00 horas del 11 de junio de 2013.

Los dos menores de edad y los 31 adultos detenidos están acusados de incurrir en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

El Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes determinó que detuvo a los dos menores de edad, junto con 31 adultos, por encontrarlos en “flagrancia del delito”, pero la Juez de Primera Instancia Especializada en Justicia para Adolescentes, Mariela Ponce Villa, ordenó su libertad por considerar que no existen elementos probatorios que acrediten que ellos dispararon y dieron muerte a Heriberto Salinas e hirieron a otras dos personas.

Los menores destacaron que al descender del camión de volteo, los lugareños los empezaron a agredir con piedras y bombas molotov. Al escuchar los disparos, éstos se replegaron hacia el fraccionamiento El Campanario, que es el que disputa las tierras a los ejidatarios.

La jueza consideró que el hecho de que los adolescentes se hayan encontrado en el momento y lugar de la gresca no significa que son los responsables del homicidio; además, los menores fueron contratados para realizar labores de vigilancia, y no para agredir.

También señala que el fiscal a cargo no cumplió con su obligación de proporcionar todos los datos relativos al caso y con ello carece de elementos para determinar la legalidad de la detención.

Refiere que del análisis del Ministerio Público se desprende que la detención “se realizó en breve tiempo, sin mayor investigación e inmediatamente después de haber cometido la conducta tipificada como delito”, pero no detalla a qué hora ocurrió esto, a qué hora fue la detención y qué persona detuvo al adolescente.

“El Ministerio Público no es claro y más bien se advierte que elude su motivación por la evidente ilegalidad de la detención. Se está refiriendo a lo que se conoce como flagrancia equiparada o flagrancia de la prueba, supuesto que no está contemplada en el artículo 26 de la Ley para la Impartición de Justicia para Adolescentes en ninguno de sus párrafos y fracciones”, destaca en el documento con fecha del 13 de junio de 2013.

También refiere que no se acredita que la detención fue en flagrancia, pues la efectúan Agentes Investigadores del Delito después de cometido el ilícito y en consecuencia a la investigación que estaban realizando.

Existe una contradicción en los criterios legales aplicados en las detenciones de los presuntos agresores: DDHQ

Respecto a los 31 adultos detenidos, el criterio fue distinto, pues -a decir del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)- todos los acusados dieron positivo a la prueba de balística y, por lo tanto, existen elementos para que estén consignados como probables responsables de incurrir en el delito.

Así, la entonces Jueza Primera de Primera Instancia Penal, María Lourdes Portillo Coronado -actualmente magistrada del TSJ- determinó que la detención de los 31 adultos fue legal.

Lo que aún tiene que acreditar la autoridad correspondiente es quién de todos accionó el arma con la que se dio muerte a Heriberto Salinas.

La DDHQ, que encabeza Miguel Nava Alvarado, dio a conocer el pasado 29 de abril -al emitir un informe especial al presidente del TSJ- que en ese caso existe incertidumbre jurídica y convierte, tanto los adolescentes señalados, como a los 31 adultos detenidos, en “víctimas de violaciones a los derechos humanos” ante la contradicción de criterios sobre la legalidad de la detención.

Con ello, “se deja abierta la posibilidad de que no se sancione al culpable, lo que afectaría a las víctimas del delito y a la colectividad, al derivar esto en un ambiente de impunidad y desprotección”, afirmó Nava Alvarado.

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