Denuncian a Gorráez por omisión en audio-escándalos

El secretario de la Contraloría recibió una demanda de amparo por no responder una denuncia interpuesta originalmente contra López Portillo

Por: Carlo Daniel Aguilar González

El secretario de la Contraloría, Juan Gorráez Enrile, tiene una demanda de amparo en el juzgado cuarto de distrito, por no haber respondido una denuncia de responsabilidad administrativa que un grupo de 30 ciudadanos interpuso contra el secretario de Gobierno estatal —Jorge López Portillo Tostado— y Abel Magaña Álvarez —coordinador de Comunicación Social— para que fuera investigado el trasfondo del contenido de una serie de conversaciones telefónicas en las que el primero sugiere “romperle la madre” a un conductor de radio que habló en su programa de la inseguridad pública que aqueja a la entidad.

El contenido de las conversaciones telefónicas entre López Portillo Tostado y Magaña Álvarez —publicadas vía YouTube en octubre de 2014 y en las que aquél llama “pinche putarraco” al locutor de radio Manuel Auzua, quien conduce el programa “El guardián de la noche” (Tribuna de Querétaro 728)— ya ‘alcanzó’ a Gorráez Enrile.

La demanda de amparo —expediente 998/2014 y del cual este medio posee copia— fue promovida a título personal por César Tarello Leal, catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro y quien encabezó legalmente a los ciudadanos que firmaron e interpusieron la “denuncia de hechos posiblemente constitutivos de responsabilidad administrativa cometidos” por López Portillo Tostado y Magaña Álvarez.

También señaló que sería una falacia argumentar que la Secretaría de la Contraloría no puede investigar a los funcionarios por la forma en que se obtuvo el audio.

Tarello Leal recordó que en las conversaciones entre ambos funcionarios también se menciona un posible pago con recursos públicos al medio de comunicación donde colabora Auzua y cuya gerente es Jacqueline Caballero: la estación de radio Integra 92.7, motivo por el cual el locutor no tendría por qué hablar de la inseguridad que se vive en el estado.

“Nos está hablando de que puede haber partidas secretas o mal uso de recursos públicos para cooptar a los medios de comunicación a través de entrega de dinero o compra de publicidad. Esto es terrible, porque entonces los servidores públicos estarían sacando dinero del erario para dárselo a medios para que hablen bien del gobierno, de los temas que el gobierno quiere (…) En la denuncia también se hace alusión a esto”.

El académico y litigante enfatizó que en una investigación administrativa “no pueden negar” la información correspondiente al gasto del gobierno estatal en medios de comunicación —quiénes reciben dinero y cuánto—, petición que este medio ha hecho en al menos 22 ocasiones en un lapso menor a tres años. Ninguna de las solicitudes ha conseguido respuesta satisfactoria.

“Creo que es el miedo mayúsculo que tiene Juan Gorráez. (…) El audio fue solamente lo que nos abrió los ojos de por dónde está mal el gobierno, dónde están haciendo mal sus labores Jorge López Portillo y Abel Magaña. Esto destapa una coladera, una cadena de responsabilidades administrativas que tiene que ser atendida e investigada (…)

“Lo más relevante aquí es que se utiliza el poder el Estado para reprimir a aquel que hable en contra de los temas que el Estado considera tabú. Además, que se utilizan recursos públicos no bien presupuestados, de oscura procedencia y destino, para comprar a los medios de comunicación”, expuso Tarello Leal.

“Muerto el perro, no se acaba la rabia”

Como el secretario de la Contraloría no admitió ni respondió la denuncia, César Tarello comenzó una demanda de amparo el 22 de diciembre, ante el juzgado cuarto de distrito de amparo y juicios federales de Querétaro; a partir de que ésta comenzó su curso, el juez tendrá tres meses para emitir una sentencia, en caso de que la “autoridad responsable” de violar el derecho de petición —Artículo 8 de la Constitución federal— no responda al particular.

Ante este panorama, Juan Gorráez tiene tres opciones: contestar que le va a dar trámite a la denuncia, responder que va a desecharla o esperar que el juez emita la sentencia —a finales de marzo, aproximadamente—, situación que también lo haría sujeto de responsabilidad y potencial demandado administrativa e incluso penalmente.

Además, Tarello Leal enfatizó que con esta demanda de amparo, “la responsabilidad los va a acompañar, al menos al secretario de Gobierno y Abel Magaña. Si se quiere subir al barco de la responsabilidad el señor Gorráez, que se suba también. Ese es el problema: ‘se acabó el cargo y se olvidó’. No, no. Aquí ‘muerto el perro, no se acaba la rabia’”.

“Tenemos toda una estrategia legal para seguir detrás de esto, investigarlo y no dejarlo de lado (…) La cosa es que no dejemos estos actos impunes”.

Entrevistado en su oficina el miércoles 7 de enero, Tarello Leal destacó que la problemática “se va a judicializar” e incluso puede terminar en tribunales federales. Lo más importante, dijo, es que los ciudadanos aprendan a “escrutar” a sus servidores públicos, en este caso, dos integrantes del gabinete del gobernador José Calzada.

“Estamos tras de ellos. Los estamos persiguiendo porque ellos ya nos persiguieron y abusaron de nosotros por muchos años. Nosotros tenemos que aprender a escrutarlos. (Para esto estamos utilizando) canales institucionales, válidos y no es delito”, manifestó.

{loadposition FBComm}