Desastre redondo
Por: Efraín Mendoza Zaragoza
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer los resultados de mil 426 auditorías al gasto público federal correspondiente a 2013, el primer año del presidente Enrique Peña Nieto. Las 230 páginas del informe constituyen un condensado catálogo de prácticas que muestran cómo desde el gobierno se atenta contra el país. Ese informe, además, pone en evidencia que el viejo PRI regresó con todo el poder depredador de que es capaz.
Ese documento es como el reverso de la Constitución. Es la inutilidad del Código Penal en todo su esplendor. Y es importante que circule justo en momentos en que el país se encuentra en proceso electoral y justo cuando las instituciones del Estado viven el más evidente descrédito. Lo penoso es que el país tiene otros entretenimientos más redituables (para quienes gobiernan, claro), como la conversión de la senadora por Televisa, Arely Gómez, en procuradora general de la República, la crisis del INE o el cuento de La Tuta que anhelaba estrenar rostro y voz. Vayamos a cosas más cínicas para este país donde el surrealismo es vida cotidiana.
La información de la ASF tendría que estarse debatiendo en los foros públicos y en las redes sociales. Es exasperante cómo los ciudadanos usan esos espacios sólo para despotricar airadamente, no para analizar ni para comprender cómo funciona la maquinaria pública, menos aún para enderezar acciones orientadas a que la sociedad tome el control de la situación. Vamos a detenernos sólo en dos datos reveladores. Son botones que ilustran por qué el país está en el despeñadero y parece no tener remedio. Quienes deseen acceder al documento pueden descargarlo de la página de la Auditoría Superior de la Federación (www.asf.gob.mx).
El primer dato. Reportó la Auditoría Superior de la Federación lo que eufemísticamente llaman “extravío” de 397 millones de pesos destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Hay aquí varios agravios: resulta que las empresas a las que se contrató, simple y sencillamente, no existen. Además, resulta que los artículos supuestamente adquiridos fueron gorras, paliacates, globos y playeras. Eso huele más a mitin de campaña que a lucha contra el hambre. Pero si eso no fuera suficiente, resulta que esos artículos fueron pagados pero nunca llegaron a las delegaciones estatales. ¡Que se extravíen 397 millones en esas bagatelas, qué sentiditos los inconformes de siempre!
El segundo dato nos muestra en beneficio de quién se gobierna en este país. A los trabajadores no se les perdona ni un peso de impuestos. Y a quienes ahora tienen que contratar contador para hacer declaración fiscal cada mes no sólo no les perdonan un peso… si dejan de pagar un mes el SAT les envía amenazantes requerimientos con recargos incluidos. Bueno, pues resulta que las empresas más poderosas de este país pagan en una ventanilla y en la siguiente les devuelven los impuestos. En la lista de las empresas beneficiadas por el SAT en 2013 figuran petroleras extranjeras (2 mil 300 millones de pesos perdonados: eso equivale al sostenimiento de la UAQ por dos años). A las empresas cementeras les perdonó el SAT más de 6 mil millones y a las de telecomunicaciones más de 8 mil millones).
Pero quienes brillan en la cúpula de los privilegiados del SAT son la banca y los medios de comunicación: a ambos sectores les perdonaron 50 mil millones de pesos. Bueno, los 166 mil millones perdonados a esos poderosos consorcios en 2013 alcanzarían para sostener a nuestra Universidad de aquí al año 2181, esto es, por los siguientes 166 años. Ahí está la evidencia indiscutible de las políticas públicas, consistentes en saciar a los saciados y saquear a los saqueados. Aplica aquí la diatriba evangélica que dice: ¡Guías ciegos, cuelan el mosquito y dejan pasar al camello!
En un tiempo donde nada inspira confianza, hay un último dato que corona este tétrico cóctel, y tiene que ver con las consecuencias de la propia fiscalización. La ineficacia de los órganos de control de las dependencias, la inexistente actuación de los órganos de justicia frente a los continuos escándalos y la inacción legislativa para prevenir y castigar los desvíos, convierten a la Auditoría Superior de la Federación en una institución “decorativa, burocrática y enunciativa que nadie atiende”, como lo han señalado algunos legisladores.
Sólo dos datos para devolvernos al surrealismo mexicano: de los 458 expedientes abiertos en 14 años en relación con delitos de servidores públicos, tenemos que sólo 7 de estos han sido consignados. Para fincar responsabilidades resarcitorias, de 2001 a 2012 se iniciaron mil 141 expedientes, sólo que, por ejemplo, en 2011 fueron inhabilitados apenas 4 funcionarios menores. Y ya puestos en el extremismo del terrorismo fiscal, si midiéramos la eficacia de la fiscalizadora por el número de funcionarios inhabilitados, tenemos que, por ejemplo, le costó al país 500 millones de pesos castigar a cada uno, pues en esa inútil fiscalización se gastan al año 2 mil millones de pesos.
Desastre redondo.
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