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Desconfían de estudios para aumentar la tarifa de Qrobús

Pocas veces los estudios técnicos que justifican el aumento a la tarifa del transporte público son compartidos, por lo que no hay certeza o confianza cuando el Gobierno del Estado los autoriza, señalaron especialistas en la materia.

Pocas veces los estudios técnicos que justifican el aumento a la tarifa del transporte público son compartidos, por lo que no hay certeza o confianza cuando el Gobierno del Estado los autoriza. En el caso de 2018, que habrá una revisión en materia, especialistas consultados por Tribuna de Querétaro acotaron que es muy pronto para dar por hecho un incremento.

Mientras no tenga un dato real y preciso no sabremos si habrá un aumento o no”, sentenció Sergio Olvera León, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad en Querétaro. Por su parte, Saúl Obregón Biosca, coordinador de la maestría en Ingeniería de Vías Terrestres y Movilidad de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), puntualizó: “Deberíamos de revisar todos los datos de ingresos, acuerdos que ha tenido gobierno con los concesionarios y ya ver si es factible o no, pero también viene la parte del impacto social”.

De acuerdo con la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro, durante agosto el Instituto Queretano del Transporte (IQT) realizará evaluaciones técnicas para verificar si es necesario que se incremente la tarifa. En su artículo 164 dicta: “Las tarifas se revisarán por lo menos cada dos años o antes si la inflación obtenida en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor sobrepasa el 10 por ciento anual”.

Sin embargo, Olvera León recalcó: “Los estudios que hemos visto son muy escasos y dejan mucho que desear. Es como un requisito nada más que ponen ahí, porque curiosamente siempre se concluye en que sí se va a incrementar […] la realidad es que no los muestran”, dijo también que los estudios realizados anteriormente no se encuentran disponibles para el público en general.

Al respecto, Obregón Biosca aseveró que el año pasado se pudo tener acceso a solo uno de estos informes: “En la administración pasada se hizo la solicitud por acceso a la Información, y así se obtuvo. Habría que verificar la ley de movilidad”, puntualizó.

Usuarios relegados

Respecto a si en este informe técnico también se tendría que tomar en cuenta al usuario, en el sentido de sí es o no costeable, el vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad de Querétaro recordó que “antes, en el 2008, incluso la ciudadanía podía proponer en estos análisis y llevarlos, y el distrito estaba obligado a evaluarlos. Ahora son los concesionarios y debe de evaluarlos la autoridad […] No se contempla al usuario”.

Acotó también que se puede buscar alguna otra instancia para la elaboración de estos estudios: “Involucrar no sólo la UAQ sino al Tecnológico de Monterrey, que tienen departamentos que pueden hacer análisis muy precisos de esto; no son sólo concesionarios. Si el IQT ve bien el análisis, lo avala”, advirtió.

Sin embargo, para Saúl Obregón Biosca, esto tiene que ver más con la forma dispersa que tiene la urbe actual: “Los autobuses recorren más kilómetros y la captación no es alta, no hay continuidad. Eso incrementa el costo de operación e impacta mucho […] Habrá tramos donde no va a haber descenso o ascenso de pasajeros, en comparación, si fuera continúa y densa [la captación de pasajeros]”.

Por otro lado, Sergio Olvera señaló que también es necesario algún informe que indique las mejoras que hubo al realizar el aumento, pues es algo que daría como resultado indicadores que permitirían saber en dónde se debe mejorar el servicio del transporte público. “Siempre que nos incrementan la tarifa nos dicen que se va a mejorar el servicio, pero ahí queda. No sabemos qué es mejorar. ¿En dónde están las mejoras? No sabemos cómo medir la mejora”, criticó.

Tintes políticos en la tarifa

Ambos especialistas en el transporte público coincidieron que los aumentos en la tarifa del transporte colectivo también tienen que ver con tintes políticos: “La vez pasada que se incrementó la tarifa habían pasado 6 años; se incrementó y no hubo modificaciones en el servicio, hubo descontento social, y fue una de las razones políticas por las cuales se sentenció el voto a un cierto sector, sí hay descontento, obviamente” dijo Obregón Biosca.

“Siempre se vio eso en el cambio de gobierno. Estamos amarrados, dependemos de los concesionarios, no hay otra alternativa. Como ciudadanía no hay otra alternativa de decir ‘ya no uso el transporte que me ofrecen estos concesionarios, voy a usar este otro’. Estamos atados a lo que digan los concesionarios. ¿Que ha ocurrido? Cuando quieren ya el incremento a fuerza, paran el transporte y con un día que lo hagan hacen un caos”, concluyó Sergio Olvera.

La operación y sus costos

El artículo 161 de la citada ley señala que las tarifas que se fijen para las diferentes modalidades del servicio deberán ser suficientes para cubrir los costos fijos y variables de operación, de inversión, para el mejoramiento del servicio y una utilidad razonable para el concesionario, sin olvidar el interés prioritario del usuario del servicio.

Algunos de estos parámetros fueron puntualizados por el académico de la Facultad de Ingeniería, Saúl Obregón, de acuerdo a una de las metodologías aplicables: “La longitud de la línea, cuántas unidades están operando para ese servicio y las vueltas totales que se hacen. Y esa es la parte de operación”.

“En la parte de captación entran cuántos pasajeros ingresan; usuarios por mes, unidades en circulación, eso tanto en días hábiles como en días inhábiles, pues varía y se hace un ajuste de días equivalentes y ya de ahí se recorre a lo que son los pasajeros por año y los pasajeros por kilómetro”, ahondó el académico.

Indicó también que debe contemplarse el costo del combustible el precio por litro y los rendimientos del tipo de vehículo. “Y luego viene la parte de los operadores, del salario de los operadores, por mes [a] todo el personal administrativo y de confianza que maneje cada uno de los concesionarios, personal de mantenimiento, etcétera”, finalizó.

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