DIF despide a empleada tras accidente en gira de trabajo
“Yo, yo le di la mano a la señora Karina y a mí me la soltó”, lamentó Paulina García Santos, quien denuncia un despido injustificado.
Hace tres años, mientras laboraba para el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Paulina García Soto sufrió un accidente de trabajo que la dejó con cuadriplejía y aunque, aseguró, al principio, la propia presidenta estatal del DIF, Karina Castro Alegría, prometió ayudarla, tiempo después dejó de recibir sus pagos y, a través de Juan Pablo Rangel Contreras, director estatal del organismo, le pidieron su terminación de contrato.
El vehículo donde viajaba Paulina García Santos cayó 50 metros desde un barranco en la Sierra Gorda, donde realizarían la entrega de despensas a adultos mayores, mientras viajaba en una avanzada en la gira “Toma mi mano” del SEDIF; tras esto, no le renovaron contrato y acusó que recibió un trato prepotente del entonces director del SEDIF, Juan Pablo Rangel Contreras, quien vez de ayudarla, le entregó los documentos para su terminación de contrato.
“Cuando regreso del hospital me entero de que solamente me habían pagado tres quincenas y que ya me habían suspendido el pago”, manifestó. El daño fue irreversible: una lesión medular le causó la pérdida de movilidad en sus brazos y piernas y del pecho hacia abajo, refirió en entrevista para Presencia Universitaria por la Noche. Paulina tiene el “cuerpo dormido”.
Por lo anterior, Paulina se negó a firmar la terminación del contrato. Un familiar de Paulina realizó una carta dirigida al gobernador Francisco Domínguez Servién, donde detalló la situación que ella tenía con el entonces director del DIF estatal. Sin embargo, ante el rechazo a la carta, le devolvieron nuevamente los papeles de terminación de contrato.
Tras el accidente, Karina Castro Alegría, presidenta del SEDIF, se contactó con ella para prometerle apoyo. A pesar de que le practicaron las intervenciones necesarias, quedó sin movilidad en brazos y piernas.
De acuerdo con la versión de Paulina García Santos, el entonces director del DIF estatal, Juan Pablo Rangel arguyó que la terminación de contrato se hizo “por buena voluntad” y que no existía obligación alguna hacia su persona. “Pregúntale a cualquier abogado y te va a decir lo mismo”, le dijo Rangel Conteras; recientemente nombrado magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
Paulina García precisó que ya hay una demanda ante el Juzgado Décimo Civil y una queja en la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ). No obstante, lamentó que en las reuniones de juzgados el exdirector Rangel solamente estaba dispuesto a ofrecerle un sueldo de entre 10 y 15 mil pesos; insuficiente para mantener su tetraplejía, dado que las sesiones de rehabilitación a las que acude —mismas que son externas, dado que el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ) le exigía pagar sus terapias— le cuestan aproximadamente 400 pesos por hora.
Finalmente, Paulina exigió un acercamiento a las autoridades: “Tristemente yo trabajaba para el Gobierno y a mí, a mí me dejaron, ahora sí, arrumbada. Yo, yo le di la mano a la señora Karina y a mí me la soltó”.
