Dividida la Comisión de Asuntos Indígenas en la Legislatura

La diputada panista comisionada indicó que buscarían un acercamiento con el Municipio de Querétaro, mientras que la morenista y también presidenta de la Comisión aseguró haberse reunido ya con funcionarios y grupos indígenas

La riña del 24 de diciembre entre inspectores y artesanos -y que derivó en heridos y órdenes de aprehensión-, lejos de llevar a la reflexión sobre el abandono a los pueblos indígenas y la falta de oportunidades para vender sus artesanías, sólo acentuó las diferencias entre los proyectos del Partido Acción Nacional (PAN) y Morena en la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local.

La panista integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas, Verónica Hernández Flores, aseguró estar “buscando el acercamiento con el Municipio de Querétaro capital, pues para que puedan ser atendidos nuestros indígenas de mi municipio [Amealco]”. En cuanto a propuestas para evitar que sucedan de nuevo este tipo de conflictos, Hernández consideró que, por la autonomía municipal, “tendremos un acercamiento y buscaremos que sea el Municipio el que les pueda otorgar estos permisos”.

Por su parte, Martha Fabiola Larrondo Montes, presidenta de la citada comisión, aseguró haberse reunido ya con funcionarios municipales y al menos tres grupos distintos de indígenas. Así mismo, la integrante de Morena aseguró que antes del conflicto ella suscribió un oficio, “porque sabemos que muchos vienen en esas fechas”. Se pidió “tolerancia, apoyo y buen trato por parte de los inspectores”.

Larrondo aseguró que ya tuvo pláticas con el delegado del Centro Histórico, Salvador Martínez, por lo que en abril buscarán lanzar una convocatoria para anotar interesados en un padrón, con el fin de llevar la información a las comunidades, y no sin antes conversar con los grupos de comerciantes “porque vienen muchísimos” a buscar un ingreso en la capital.

¿Derechos humanos o padrón?

En relación a si es válido incluir en la discusión de la Comisión a los comerciantes indígenas de otros lugares, Verónica Hernández reconoció que los derechos humanos deben ser para todas las personas y que por ello debe trabajarse una estrategia integral; aunque tampoco ofreció más detalles al respecto.

Martha Larrondo, por su parte, consideró que en la convocatoria propuesta para el padrón buscarán “alcance cobija a todos”, ya que tiene identificados indígenas de varias entidades y “tampoco los podemos excluir”.

Entre las propuestas de Larrondo está el establecer espacios por familias, así como organizar a varias personas para que puedan pagarlos juntas. El precio de estos espacios, aseguró, ascienden hasta los 12 mil pesos en “pueblos mágicos”; que es una cantidad que espera baje para el próximo año. “Porque sino, ¿quiénes van a vender?, pues probablemente comerciantes que tienen un soporte económico y no realmente los indígenas que necesitan ceder sus artículos para sacar su gasto”, consideró.

Asimismo, Larrondo pidió comprender a las dos partes para poder buscar una solución: por una parte, los inspectores municipales que siguen órdenes y que hacen su trabajo; por otra, los comerciantes indígenas que vienen a vender sus productos. Además, dentro de sus consultas recibió quejas de indígenas sobre el maltrato a la hora de tramitar los permisos, así como las afirmaciones de la burocracia municipal que indicó que “llegaron muy tarde” a solicitar dichos trámites.

Cabe recordar que según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 40.3 por ciento de la población indígena dijo sentirse discriminada; de la misma población, el 42.6 por ciento manifestó que se le negó información o no le explicaron sobre algún trámite o programa de gobierno.

A su vez, Larrondo reprobó que la discordancia escalara hasta los hechos violentos del 24 de diciembre que quedaron videograbados y circulan por internet. En estos se aprecia a comerciantes armados con sillas. “Nunca será un camino la violencia, tenemos que encontrar otros puntos de acuerdo, para eso es el diálogo”, consideró.

Comisión diverge con Municipio

Se insistió en la idea de un “espacio digno y seguro” para los comerciantes indígenas, de acuerdo a un comunicado de prensa del gobierno municipal de Querétaro. No obstante, el activista Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz ha sentenciado que las negociaciones para este espacio “digno y seguro” no fueron tomadas en serio por la administración municipal, toda vez que el enfrentamiento entre inspectores y comerciantes del pasado 24 de diciembre fue causado a raíz de una provocación, dijo para Presencia Universitaria.

En relación al posicionamiento del gobierno municipal, el secretario de gobierno, Apolinar Casillas, aseguró que el 80 por ciento de los comerciantes son de otros estados y que no aceptarían negociaciones con “los incitadores a la violencia que les están representado”.

Larrondo reconoció haber hablado con Benjamín Castro, abogado de algunos de los comerciantes, de quien recibió videos de los hechos. Además, calificó a Castro como “un abogado de buena fe y hombre desinteresado” que buscaba ayudar. Además, en su opinión, la denuncia que el Municipio de Querétaro puso en su contra es consecuencia de una “mezcla de otro tipo de asuntos”.

Denuncias sin comprobar

La presidenta de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Roxana De Jesús Ávalos, ya ha manifestado en medios locales que, aunque todavía está por determinarse si hubo maltrato el día del encuentro, sí han tenido constancia de previo maltrato por parte de los inspectores; además reconoció que no hubo funcionarios de dicha dependencia durante el operativo.

Sin embargo, el secretario de Gobierno municipal, Apolinar Casillas Gutiérrez, también ha declarado en medios locales que ya existen carpetas de investigación derivadas de denuncias hechas tanto por parte de los inspectores, entre los que se han identificado al menos ocho heridos a causa de la riña, tres de ellos de gravedad.