Dos de los 3 aspirantes a la ESFE fueron empleados de Francisco Domínguez
El lunes 8 de febrero, la Legislatura local aprobó la terna de aspirantes por la titularidad de la entidad conformada por José Gil Pérez, Jorge Sánchez Martínez y Enrique de Echávarri Lary.
En la terna que votará la Legislatura del Estado para elegir al nuevo titular de la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE) se encuentran dos extrabajadores del Poder Ejecutivo; entre ellos está Enrique de Echávarri Lary, quien apenas hace unas semanas dejó el cargo de coordinador de la Unidad de Servicios para la Educación Básica (Usebeq).
De aprobarse a alguno de los extrabajadores del Poder Ejecutivo, el Congreso local —con mayoría del Partido Acción Nacional (PAN)— perduraría la costumbre de nombrar personas afines al gobernador Francisco Domínguez Servién en organismos autónomos, como ocurrió en su momento en la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Desde un punto de vista jurídico, Enrique de Echávarri Lary no está imposibilitado para buscar la ESFE, pues —pese a haber laborado desde el inicio de la administración de Domínguez Servién— la ley marca que se pierde la posibilidad de ser elegido si se milita en algún partido político o si el cargo que tiene fue de elección popular y no es el caso de la Usebeq, cuya designación depende del Ejecutivo.
La convocatoria tardía
En lo que el proceso se desahoga, Rafael Castillo Vandenpeereboom continúa al frente del organismo para el cual fue nombrado en 2006 y luego ratificado en 2013 para otros siete años. En términos formales, el periodo de Rafael Castillo concluyó en agosto de 2020; sin embargo, dado que no ha sido designado un sucesor, lleva cinco meses extra en el cargo.
La Legislatura del Estado de Querétaro apenas emitió la convocatoria para la elección del titular de la ESFE el pasado 18 de enero, sin convocatoria en redes sociales; sólo en diarios de mayor circulación en la entidad.
Los cuatro aspirantes que pasaron la segunda etapa de registro de solicitudes fueron convocados a la sesión de entrevistas el viernes 5 de febrero, a la cual asistieron todos los contendientes, menos Luis Aguilera Morelos. El mismo día, la coordinadora de Morena en la Legislatura local, Paloma Arce Islas, realizó una conferencia de prensa en donde rechazó la convocatoria para la elección del nuevo auditor, pues calificó al proceso como una “simulación”.
Además, la diputada del distrito I agregó que se quedó corto el requisito de la convocatoria que establece que los aspirantes no tenían que estar separados de su cargo ni estar afiliados a ningún partido político.
El lunes 8 de febrero, la Legislatura local aprobó la terna de aspirantes por la titularidad de la entidad conformada por José Gil Pérez, Jorge Sánchez Martínez y Enrique de Echávarri Lary.
El paso de los tres aspirantes por el poder del Estado
Echávarri Lary ejerció como Coordinador General en la USEBEQ durante cinco años y tres meses, misma a la que renunció la última semana del mes de enero del presente año. Durante su paso por esta institución, Enrique de Echávarri Lary recibió una recomendación por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) el 10 de abril de 2019, misma que sigue en proceso de cumplirse desde aquel año. La recomendación fue hecha por un caso de violencia laboral en la secundaria técnica 25, ejercida por el director de dicha institución.
Jorge Sánchez Martínez trabajó en la Jefatura de Recursos Humanos del Municipio de Colón y en el Gobierno del Estado como Asesor Jurídico en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. También ejerció en la presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
José Gil Reséndiz fungió como Coordinador de Informática en el Poder Legislativo del Estado de Querétaro. Después pasó a ser Coordinador General Jurídico de la ESFE —desde 2010 hasta 2016, año en el que se jubiló—. Regresó a laborar al mismo puesto desde 2018 hasta 2019, y en 2020 regresó a la jubilación.
Amigos en organismos autónomos
El nombramiento de personas cercanas a la administración de Francisco Domínguez Servién en organismos autónomos no es nuevo. Con las reformas de 2016 se autorizó la transformación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro a Fiscalía General del Estado de Querétaro, un organismo que ya no sería parte de la estructura del Ejecutivo.
Pese a la modificación y el proceso de selección, Alejandro Echeverría Cornejo pasó a titular de la Procuraduría a titular de la Fiscalía, lo cual pudo consumarse gracias al respaldo de la Legislatura local —de mayoría panista—. Echeverría tiene un encargo por nueve años; es decir, desde el 29 de mayo de 2016 hasta el 28 de mayo de 2025. Su cercanía al Ejecutivo también se observa en la empresa que tiene junto a Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno en la entidad, así como a Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana.
Otro nombramiento polémico fue el de Juan Pablo Rangel Contreras, quien de ser director del DIF en Querétaro pasó a ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa el 26 de abril de 2019, cargo que ocupará por 12 años hasta el 25 de abril de 2031. Fue propuesto por el actual gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién.
Rangel Contreras también fue detenido en su momento por el delito de portación de armas de fuego exclusivo de las fuerzas armadas. Rangel Ramírez obtuvo libertad bajo fianza el 29 de abril de 2015.
El mismo día en que fue nombrado magistrado, Rangel Contreras dejó la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Querétaro, perteneciente al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Entre otros exservidores públicos que han pasado del Poder Ejecutivo a un organismo autónomo se encuentran María Elena Guadarrama Conejo, actual comisionada de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro) desde febrero de 2016, quien saltó desde el puesto de asesora de la oficina de la Gubernatura.
