Educar a un niño con discapacidad en Querétaro puede costar hasta 14 mil pesos en materiales básicos

“Todo lo que tiene que ver con discapacidad está por encima de lo que el resto de la población paga”: Adriana Guillén, coordinadora de Atención a Estudiantes con Discapacidad UAQ

En Querétaro, la inclusión educativa sigue siendo un reto que no se mide sólo en discursos, sino en cifras y en el bolsillo de las familias.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el estado, aproximadamente el 7.5% de la población infantil presenta alguna discapacidad o limitación, lo que refleja que miles de niñas y niños requieren atención especializada para su desarrollo.

A nivel general, la problemática es aún mayor: Querétaro alberga a 150 mil 536 personas con discapacidad, lo que representa el 14.33% de su población total, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que evidencia la dimensión del reto para el sistema educativo.

Sin embargo, el acceso a una educación adecuada para este sector no siempre está garantizado.

Adriana Guillén Velázquez, coordinadora de Atención a Estudiantes con Discapacidad UAQ (ATEDI), advierte que educar a una persona con discapacidad implica gastos significativamente mayores que los de cualquier otro estudiante.

“Muy costoso, muy costoso… todo lo que tenga que ver con discapacidad está por encima de lo que el resto de la población paga”, señaló.

Los costos no se limitan a terapias o consultas médicas, que pueden ir de 500 a 1,500 pesos por sesión, sino que también incluyen materiales básicos indispensables.

Un ejemplo es la calculadora parlante, herramienta esencial para estudiantes con discapacidad visual, cuyo precio puede alcanzar entre 13 mil y 14 mil pesos, frente a una convencional que cuesta apenas unos cientos.

A esto se suman otros insumos:
-Regletas y punzones especializados
-Hojas opalinas (hasta cuatro veces más uso que una hoja normal)
-Dispositivos tecnológicos adaptados

Todo esto convierte el acceso a la educación en un desafío económico constante.

Aunque en México existe una política de inclusión educativa, en la práctica aún hay brechas importantes.

“Todavía tiene áreas de oportunidad”, reconoció Guillén, al referirse a la formación de estudiantes con discapacidad desde niveles básicos.

La problemática no distingue entre escuelas públicas o privadas. De acuerdo con la especialista, algunos estudiantes llegan a niveles superiores con rezagos académicos importantes, incluso cuando cuentan con certificados oficiales, lo que evidencia fallas estructurales en el sistema educativo.

Además, factores sociales agravan la situación.

En muchos casos, explicó, los estudiantes crecen en hogares con un solo ingreso, lo que limita aún más su acceso a terapias, materiales y acompañamiento especializado.

La demanda de atención también ha crecido. Tan solo en la Universidad Autónoma de Querétaro, el número de estudiantes con discapacidad ha incrementado hasta en 400% desde 2018, lo que refleja no solo mayor visibilización, sino también la necesidad urgente de fortalecer las condiciones de acceso.

Este crecimiento no es exclusivo del estado. A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía estima que más de 9.5 millones de personas viven con discapacidad en el país, muchas de ellas enfrentando barreras para acceder a servicios educativos.

Aunque la inclusión educativa está reconocida como un derecho, la realidad muestra que sigue estando condicionada por factores económicos.

“Para las instituciones es una obligación, pero para las familias es un reto económico”, concluyó Guillén.

En el marco del Día del Niño y la Niña, la pregunta es inevitable:
¿qué tan inclusivo puede ser un sistema educativo cuando el acceso depende, en gran medida, de cuánto puede pagar una familia?