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Ejecuciones y líderes criminales: una historia rechazada por los gobiernos

Aunque por décadas la presencia del crimen organizado en el estado ha sido un secreto a voces la realidad es que, al igual que el resto del país, Querétaro ha sido el escenario de ejecuciones, secuestros, balaceras, asaltos, etc., crímenes de alto impacto ligados a estas organizaciones.

Mediante una revisión hemerográfica, Tribuna de Querétaro identificó patrones en los discursos de las diferentes administraciones, que, sin importar el partido en el poder, recurren a las mismas declaraciones: la negación de la existencia del narco en el estado y las ejecuciones que se han presentado son resultado de “ajustes de cuentas”.

Garrido Patrón, cambio de paradigma

Francisco Garrido Patrón fue gobernador de Querétaro de 2003 a 2009, el segundo emanado del Partido Acción Nacional (PAN). Durante su primer año de gobierno se reportaron 344 homicidios en el estado y para su penúltimo año, acumuló mil 638.

Aunque este sexenio marcó un parteaguas en la criminalidad, Querétaro no era ajeno a criminales de alto impacto, pues en la década de los noventa operó en el municipio de Corregidora Daniel Arizmendi López, secuestrador conocido como ‘El Mochaorejas’, quien fue detenido años después en el Estado de México (Tribuna de Querétaro, 726).

Los últimos años de gestión de Garrido Patrón estuvieron marcados por un incremento en el índice delictivo. En 2005 tuvo lugar la ejecución del notario Luis Felipe Ordaz, ultimado a balazos afuera de su oficina en el primer cuadro de la ciudad.

Para el año 2007 anunciaría el estado de alerta máxima debido a dos homicidios ocurridos en menos de 24 horas; no obstante, el discurso sería que Querétaro era el escenario de una disputa entre bandas de narcotraficantes que venían de otros estados.

El 4 de abril del 2007 se reportó la ejecución de Joel Enrique de la Rosa Tinoco, abogado, y Jesús Hernández, su chofer. El 16 de abril, se encontró el cadáver de J. Guadalupe Trejo Rosales, comerciante, y al día siguiente el de Jaime Nava Moreno, agente de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

En agosto del 2008, se encontró un cuerpo en La Cañada, mientras que en la comunidad de La Luz en Santa Rosa de Jauregui el de cuatro agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP). Al año siguiente, detuvieron a tres narcomenudistas que aseguraron ser miembros de los Zetas.

El 13 de enero de 2009, Garrido y Manuel González Valle, en ese entonces el alcalde capitalino, negaron la presencia del crimen organizado en Querétaro. En abril de ese mismo año se detuvieron a cuatro presuntos sicarios pertenecientes a “La Compañía” y en junio se realizó un decomiso de droga más grande del año al detener a dos sujetos con 30 kilos de marihuana y 11 dosis de cocaína.

Paradójicamente, el Consejo Nacional de Seguridad consideró a Querétaro como el segundo estado más seguro a nivel nacional. Mientras que al final de su sexenio, Garrido señaló que el narcotráfico había buscado asentarse en el estado luego de la derrota del PAN.

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Andrea Elizondo

Tamaulipeca. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Reportera de Tribuna Diario desde agosto de 2021.

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