El acoso escolar (Segunda parte)

Por: Alfonso Reséndiz Núñez

En la nota aparecida en Tribuna de Querétaro el 9 de junio, decíamos que el acoso escolar o “bullying” ni es nuevo, ni surge en México y tampoco es un problema de los jóvenes, y terminaba la columna con una serie de señalamientos de omisiones de diversos actores en la estructura de autoridad del país; dichas omisiones se plantearon a manera de preguntas que deberíamos contestarnos, o qué, en el mejor de los casos, dichas autoridades nos deberían estar dando respuestas a esas y muchas otras interrogantes que surgen sobre el tema.

Durante varios días de esta semana han aparecido en la prensa nacional notas periodísticas sobre denuncias formales contra profesores o directores de escuelas por hacer caso omiso a sus quejas; incluso, la prensa da cuenta de protestas en la vía pública en varias partes del país, principalmente Chihuahua y Tamaulipas, así como el otorgamiento de amparos federales para proteger a los menores y sus familias en el DF, Morelos, Jalisco y otros estados. El problema sigue creciendo y, al parecer, la opinión de las autoridades sigue siendo que no hay ley que se pueda aplicar. El problema sigue creciendo, los padres de familia están recurriendo a otras instancias, incluso a las judiciales.

En esta ocasión, me propongo analizar algunas de las causas que, a mi juicio, han propiciado que este fenómeno aparezca de manera cada vez más recurrente y con más fuerza.

Recuerdo mis épocas de alumno de primaria o secundaria, cuando existía un grupo de compañeros del mismo grado o de grados superiores que particularmente se dedicaban a molestar al resto de los compañeros; pero también recuerdo que siempre aparecía un adulto que actuaba con autoridad moral para llamarle la atención a esos compañeros, que al final terminaban, por lo menos momentáneamente, de acosar a los más débiles. Esto sucedía tanto en al ambiente de la escuela, como de la calle, y esos chicos malosos siempre reconocían la autoridad de los mayores. Prácticamente, no recuerdo que alguna vez uno de esos chicos malos contestaran con altanería a los adultos que los reprendían o que el acoso no terminara con que el ofendido se arriesgara a echarse un “tiro” con el agresor o el líder del grupo de agresores; casi siempre el acoso terminaba cuando veían que el débil era capaz de defender su derecho a estar en paz, aunque esa paz se impusiera por la fuerza.

Eran los tiempos en que la familia se componía de papá, mamá, abuelos y tíos; en donde el papá salía a trabajar para proveer al hogar de todo lo necesario, la mamá se quedaba en casa al cuidado de los hijos y cuando por alguna razón la mamá no podía estar el frente de ellos, así fuera momentáneamente, entraba en su auxilio una persona del propio núcleo familiar a apoyar; esos apoyos eran los abuelos, los tíos o, en último extremo, el vecino más próximo.

Hoy en día, la estructura familiar ha cambiado drásticamente, además de la situación macroeconómica, pero sobre todo en la situación personal y familiar: En 1990, el 74.6% de los hogares en México eran nucleares; para 2005, disminuyeron a 68.2%, según datos del INEGI. Si una familia está compuesta por lo que se llama hogares nucleares, resulta que ambos tienen que salir a trabajar y ya no hay quién esté al frente del hogar y, por lo tanto, al cuidado de los hijos, quienes al regresar de la escuela se enfrentan con varias horas de programas de televisión con contenidos que nadie ha vigilado, que tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Gobernación deberían vigilar que cumplan con el papel de coadyuvantes en el proceso educativo y formador de niños y jóvenes en los términos establecidos por la Constitución y las leyes aplicables. Tenemos que dichos programas están llenos de violencia y de antivalores. Hay un acceso indiscriminado a la tecnología, las computadoras, las “tablets” los “iPad” o simplemente las máquinas de videojuegos; en todas ellas, los niños y jóvenes pasan largas horas de cada día jugando a matar, a violar o al menos a pelear ante un contrincante imaginario; por cada acción de esas que el niño realice con mayor habilidad, se le premia con una cierta cantidad de puntos que al final puede canjear por “más oportunidades para seguir con el juego o más vidas”. La solución no puede ser alejar a los niños de la tecnología, la solución la debemos encontrar en el cómo se regula la introducción de las distintas aplicaciones que se instalan en esa tecnología.

Mientras los padres (papá y mamá) tienen que salir a trabajar, los niños y adolescentes crecen casi en soledad y sin vigilancia ni orientación sobre las cuestiones de la vida, mucho menos sobre las conductas éticas, morales o cívicas.

Esa es una realidad de lo que está sucediendo con la primera institución con la que el niño se integra. Resulta que la “institución” está desintegrada tanto al interior como en su interrelación con las otras instituciones.

En el estudio que publicó el INEGI sobre Bienestar subjetivo de las familias en México 2012, que se elaboró a partir de la información de la Encuesta Nacional de Gastos en los Hogares, se encuentran datos verdaderamente alarmantes: más de un tercio de la población joven de entre 18 y 29 años de edad reportó haber recibido trato discriminatorio de una a tres maneras diferentes, que pueden ir desde el aspecto físico, poseer discapacidades, el color de la piel, el estrato social o padecer alguna enfermedad. Quienes dijeron haber recibido maltrato de tres o más maneras llegaron a ser casi al 40% (39.54%), y quienes dijeron haber recibido maltrato de al menos una manera fueron casi un tercio 32.78%. El mismo estudio refiere que, para el mismo grupo de población, 39.10% de los jóvenes sufrieron agresiones físicas, otro 33.61% sufrió amenazas y 33.51% reportó no haber sufrido ninguna de las dos cosas; las opciones de respuesta se orientan a las personas con quien vive, otros conocidos o de personas desconocidas. Algunos de estos jóvenes seguramente se encuentran en las instituciones educativas del nivel medio superior y superior; o sea que el fenómeno no está únicamente en los niños y adolescentes, es un problema que permea a toda la sociedad. Otro dato que me llama la atención es que en la propia encuesta, de las personas que dijeron no tener amistades con quién reunirse, el 23% pertenece al grupo de los jóvenes; además que el 30% dice no confiar en las amistades, mientras que -de ese mismo grupo- el 60% pertenece a alguna de las redes sociales.

La información sobre el problema ahí está, ahí ha estado siempre, pero las autoridades, al parecer, no están interesadas en profundizar en el problema o no se han preocupado ni siquiera por consultar la información.

Veamos otra institución: la escuela.

Si bien se reconoce que el acoso escolar o “bullying” no es nuevo ni en México ni en el mundo, también debemos reconocer que hace ya un buen número de años que los investigadores educativos se ha enfocado en conocer de ese problema. Hay investigaciones al respecto tanto en el mundo, como en el caso particular del país.

En México, encontramos que en los últimos años hay investigaciones del tema hechas por investigadores a título individual, quienes han publicado sus estudios en las revistas sobre temas educativos: También encontramos investigaciones realizadas por organismos como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa; algunas secretarías de Educación de diversas entidades federativas (la del DF, Yucatán,  Guadalajara o Tamaulipas, entre otros) han participado en la realización de estudios semejantes. Los resultados de esas investigaciones ya han sido publicados, pero, ¿qué acciones de atención, prevención y tratamiento se han puesto en operación? La respuesta pareciera ser “ninguna”, pues apenas hace una semana que el secretario de Educación federal y el secretario de Gobernación anuncian diversas medidas.

Por su parte, el Instituto Mexicano para la Prevención Integral, A.C., anuncia en su página de internet un amplio conjunto de acciones de prevención, muchas de ellas desarrolladas de manera conjunta con autoridades educativas así como con civiles en general; el problema es que se enfocan a números muy reducidos de escuelas, colonias o municipios en particular y no llegan a la población escolar de todo el país.

Uno de los pilares de la reforma educativa impulsada por Peña Nieto fue el que al Instituto Nacional de Evaluación Educativa se le fortaleciera y se le dotara de autonomía con respecto a la propia autoridad educativa, cosa que se logró en febrero de 2013; recientemente se publicó el informe de 2014 sobre la educación en México, bajo el título de El derecho a una educación de calidad. Informe 2014. Por tratarse del primer informe que presenta el nuevo y renovado INEE, uno esperaría, tanto en la orientación, como en los alcances, encontrar cosas totalmente diferentes a lo que veníamos encontrando en los otros informes que se tenían que elaborar como si fuera bajo pedido de la propia autoridad educativa. Se dice en la presentación que “La Junta de Gobierno decidió elaborar el Informe 2014 desde la perspectiva del derecho a la educación, añadiendo explícitamente el término de calidad, en atención a la definición que hace el Artículo 3° Constitucional en el sentido de que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria. La mirada a la educación como derecho humano fundamental… ”. Su pretensión, desde mi punto de vista, se quedó muy corta con el contenido, pues encontramos que el informe está lleno de tablas, cuadros, gráficas sobre el número de escuelas, maestros, alumnos, equipos, etcétera, pero carece de análisis sobre si la educación está logrando lo que le señala, ya no digamos la propia reforma constitucional, sino lo que se le señalaba desde antes, su sentido humanista, integral, de formadora para la ciudadanía; inclusive se omiten los análisis sobre las causas o problemáticas en general sobre los aprendizajes de los educandos.

En cuanto al clima escolar, nos dicen que existe una buena cantidad de escuelas que funcionan sólo con la presencia de los docentes del grupo (no tienen director), el 67% de los preescolares, 50.6% de las primarias y 46.5% de las secundarias; analizan la existencia de reglamentos escolares en preescolar, primaria y secundaria, cuya orientación va más a lo normativo que a lo pedagógico, anteponen las obligaciones de los escolares y no sus derechos; en general, se explicitan las sanciones (página 70 y siguientes). No todos los profesores se pueden dedicar a atender alumnos de un mismo plantel, pues hay muchos docentes que tienen que laborar en dos o más centros escolares. En preescolar, el 5.6% de los profesores presentan esa condición, así como el 15% de los de primaria y el 21.2% de los de secundaria.

A pesar de la existencia de los reglamentos, de la existencia de los marcos de valores y axiológicos de la educación, no se aplican de manera abierta.

Una omisión más del reporte cuando está revisando el clima escolar es ver el ambiente de convivencia de los educandos y analizar si se cumple con lo estipulado en la Constitución y en la Ley General de Educación.

Así está la otra gran institución: la escuela y sus órganos de vigilancia y coordinación.