“El agua no puede ser negocio”: voces del Parlamento Ciudadano en Querétaro

El Parlamento Ciudadano sobre la Ley General de Aguas reunió a colectivos, académicos, estudiantes y los pocos legisladores que asistieron, en un ejercicio que buscó confrontar el poder político con las experiencias de quienes viven la crisis hídrica en Querétaro. Entre tensiones, ausencias y reclamos, la ciudadanía ocupó el micrófono para exigir una legislación que garantice el derecho humano al agua y detenga su privatización.

Un auditorio que despierta

Se abrió la convocatoria al Parlamento Ciudadano sobre la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales este sábado 15 de noviembre, en el Auditorio CII de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro.

A las 9:59 de la mañana, el olor a café comenzó a esparcirse por el auditorio. En ese momento apenas éramos veintiocho personas. Las organizadoras del evento se movían de un lado a otro, ajustando cables, dispositivos y últimos detalles para dar inicio a la jornada. El ambiente tenía algunos murmullos, sorbidos a sus bebidas y unas cuantas boronas de galletas sobre la mesa.

Dando en el reloj las 10:07 de la mañana, el micrófono se enciende.

“Muy buenos días a todos, todas y todes…”, se escucha, rompiendo la espera.

Ausencias legislativas y tensiones iniciales

Para ese momento, ya habían llegado algunos académicos, estudiantes, activistas y representantes de colectivos como Bajo Tierra Museo del Agua, Festival Agua que Corre, Awüita Vida y Territorio, Voceras de la Madre Tierra, entre otros grupos que han defendido el agua en Querétaro. Sin embargo: de los diez diputados federales invitados, incluida toda la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, solo dos hicieron acto de presencia.

La primera intervención formal vino acompañada de un reconocimiento sobrio, casi resignado:
“Nos hubiera gustado ver aquí a todos los legisladores. Este espacio es para que escuchen a la ciudadanía, no solo para cumplir con trámites legislativos.”

Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Los únicos diputados federales presentes fueron Gilberto Herrera Ruiz y Rufina Benítez Estrada. También asistió el diputado local Eric Silva Hernández y el regidor capitalino Fernando Flores Pérez. Durante su intervención, Gilberto Herrera miró al público con cierta incomodidad y aclaró que él “solo venía a escuchar”, que no le habían explicado con claridad qué hacía ahí y que, por lo mismo, “no venía preparado para abrir una mesa de diálogo”. Su declaración provocó miradas cruzadas entre los asistentes, un gesto silencioso que resumía la distancia entre representantes y ciudadanía.

La crítica ciudadana se abre paso

La jornada tomó fuerza cuando Francisco Landa, integrante del colectivo Awüita Vida y Territorio, tomó el micrófono. Con voz firme: “La iniciativa que presenta Conagua es un texto cínico y una burla. Está lleno de huecos e imprecisiones. No protege el agua, la expone.”

Más adelante añadió: “No se explica quién dispondrá del agua que se libere. Eso deja abierta la puerta a intereses privados”.

A su lado, Bernardo Romero, del Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano, expuso con claridad jurídica lo que muchos temen: “La Constitución es clara: el suministro de agua potable es responsabilidad de los municipios. Si la ley permite delegarlo a privados o concentrarlo en organismos estatales, estamos vulnerando la ley máxima”.

Un silencio pesado siguió a sus palabras. Afuera, el sol comenzaba a calentar el ambiente; adentro, las miradas cruzadas confirmaban que no se trataba de una alarma exagerada.

A media mañana, el auditorio ya sumaba más personas. Cada testimonio dejaba ver la urgencia del tema: pozos sobreexplotados, colonias con tandeos interminables, comunidades sin agua mientras parques industriales reciben concesiones millonarias.

Participación ciudadana: entre lo permitido y lo necesario

En contraste con las declaraciones de los diputados, Pamela Siurob, una de las participantes del primer encuentro ciudadano, tomó la palabra para señalar que la baja participación no debía interpretarse como desinterés. “La participación abierta existe, sí, pero es permisiva, porque nos invitan a opinar cuando todo está casi decidido,” sentenció.

Y añadió: “No es falta de voluntad de la gente; es falta de espacios reales donde nuestras voces tengan peso.”

Su comentario resonó entre varios asistentes, conscientes de que incluso en un parlamento ciudadano, la presencia de la gente sigue siendo un territorio en disputa.

Una estudiante de sociología alzó la mano y dijo: “Siempre se habla del agua como si fuera un recurso inagotable, pero aquí, en Querétaro, ya estamos viviendo la crisis. ¿Qué esperan para escucharnos?”

Las propuestas comenzaron a tejerse: garantizar el derecho humano al agua, frenar la privatización, democratizar los Consejos de Cuenca, asegurar la gestión comunitaria y escuchar a las comunidades indígenas.

Un cierre que no cierra

Hacia el final del encuentro, los organizadores recordaron que este parlamento ciudadano no era un evento simbólico, sino el primer paso para llevar estas voces a instancias federales.
“Lo que se diga aquí no se va a quedar en estas paredes”, insistieron.

El auditorio comenzaba a vaciarse mientras los vasos de café se acumulaban debajo de los asientos. Afuera, el campus seguía su ritmo habitual, pero quienes asistieron sabían que ese sábado habían participado en un espacio poco común: uno donde la ciudadanía reclamaba su lugar frente a decisiones que históricamente se han tomado sin consultarla.

Al salir, todavía podían escucharse frases sueltas entre los asistentes:

“El agua no puede ser negocio.”

“No vamos a quedarnos callados.”

“Ya estuvimos demasiado tiempo esperando.”

Y quizá esa fue la verdadera fuerza del parlamento: demostrar que, aunque los representantes no siempre acuden, la ciudadanía está dispuesta a ocupar el micrófono y hacerse escuchar…