El cáncer que ataca a la libertad de expresión

El representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas asegura que  las violaciones a los derechos humanos en el medio periodístico se deben localizar y sancionar

Por: Norma Hernández Loza

Las violaciones a los derechos humanos de los periodistas en México se han convertido en “cáncer a la libertad de expresión”, manifestó Javier Esteban Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU),  Navanethem Pillay.

Entrevistado en exclusiva al término de la conferencia magistral La situación de los derechos humanos en México, que impartió el 27 de septiembre en el Auditorio Díaz Cabrera de la Facultad de Bellas Artes de la UAQ, Hernández Valencia atribuyó los ataques tanto al crimen organizado, como a los poderes institucionalizados que no toleran la crítica o la denuncia.

“Primero la obligación principal para la cuestión periodística no es de los medios sino de las autoridades” indicó el especialista, quien también recordó que los medios no son una cara “anónima” y que las mujeres y hombres que trabajan en el ámbito de la difusión deben hacer correctamente su labor.

Lo que se espera y se exige de ellos, recordó, es que la libertad de expresión vaya más allá de satisfacción personal y que las violaciones a cuestiones relacionadas con el medio periodístico se localicen y se sancionen ya que se presentan como un cáncer a la libertad de expresión.

“Los periodistas sienten ya que no hay garantías y que no existe libertad de expresión, por colegas que ya no están o viven en la amenaza”, y reitera que estas cuestiones no sólo vienen del crimen organizado sino de los poderes, y que la crítica y la denuncia son elementos que deben utilizarse para no permitir la censura.

Hernández Valencia también argumentó que los medios de comunicación necesitan luchar a favor de los derechos humanos pero que la sociedad debe abogar por la prevención y sanción de posibles violaciones a los mismos, pues el punto en discordia de muchos mexicanos sobre este modelo de concentración delictiva es conocer los contenidos que forman parte como derechos de la ciudadanía.

“Considero que lo que es irreversible es encontrar eso y debatirlo. Lo que la sociedad mexicana no ha hecho es traducir eso como un debate crítico sobre las respuestas institucionales en materia de derecho y lo que no puede seguir sucediendo es un divorcio entre el debate social y el debate en medidas públicas”, advirtió.

Próximo a realizarse informe de México en materia de derechos humanos

Javier Hernández recalcó que es una ocasión propicia para recordar a la sociedad mexicana que el 23 de octubre, en Ginebra se reunirá el consejo de derechos humanos para hacer el informe de México en materia de derechos humanos.

El documento se basará primero en una triada de documentos: el informe de México sobre la situación de derechos humanos, el cual es público y se encuentra en la página web de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y en la del Consejo de los Derechos Humanos y Naciones Unidas, y en otros dos documentos de síntesis, uno se basa en la postura de las asociaciones de la sociedad civil, institutos de derechos humanos, medios académicos y periodísticos con distintos puntos de vista, asimismo otra síntesis con los puntos de vista de las instituciones de las Naciones Unidas.

El representante en México de la Alta Comisionada de la ONU señaló que el Gobierno hace énfasis frente a las recomendaciones y mantiene su compromiso de buscar soluciones con las herramientas de las reformas institucionales en cuestión  de derechos humanos, la reforma de amparo y la Ley de Víctimas.

“El Gobierno subraya que la reforma del marco normativo mexicano permite un abordaje de los problemas.

“Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) insisten que las desapariciones forzadas, los derechos de los migrantes y los derechos de igualdad de género, tienen un desequilibrio en lo económico y social, que abren la brecha de la desigualdad y discriminación”.

La inconveniencia y los límites de usar fuerzas armadas como cuerpo policíaco

Uno de los elementos que dará el nuevo set internacional de recomendaciones para México es en la manera en la que las autoridades implementen las recomendaciones nuevas, pendientes y de otros procesos que no son en materia universal.

También indicó que una de las partes importantes de los derechos humanos en México es la permanente preocupación en la comunidad internacional en el impacto del uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad ciudadana, pues esta cuestión no es sólo aplicada a México sino que hay señalamientos a muchos países sobre la inconveniencia y los límites de usar fuerzas armadas como cuerpo policíaco, por lo cual se ha recomendado siempre el retiro de estas funciones o la comprensión de que son temporales.

“El entrenamiento de los soldados no empata con disposiciones de preservación de escena del crimen o cadena de custodia indispensables en cualquier crimen para proteger este proceso. La lucha contra el crimen organizado pierde eficacia cuando se empieza a presentar deficiencia en colecta y construcción de evidencias determinantes pero que en operaciones los soldados no tienen este tipo de entrenamiento”, explicó.

Con base en su perspectiva, recordó que el comité contra la tortura supervisa el caso de México, y que la instancia se enfocará en la utilización de seguridad ciudadana.

“Vamos que tener que reforzar, insistir en las recomendaciones y el ciclo desde el cual se dieron desde hace cuatro años. El comité contra la tortura que supervisa a México ha dicho de manera explícita que deben revisar el uso en materia de seguridad ciudadana, habilitarlo en el tiempo y restablecer la capacidad civil para hacerlo”, manifestó, al citar el  anunció que en su momento la campaña de Enrique Peña Nieto hizo a la nación sobre las herramientas para retirar la fuerza armada con la creación de un nuevo cuerpo de seguridad nacional llamado Gendarmería.

Javier Esteban Hernández aseguró que el esfuerzo para este asunto procede con los anuncios públicos para la convocatoria de postulantes y espera que los primeros graduados ya estén titulados en el año 2014.

El objetivo deberá ser que los militares en México no se ocupen de las tareas de las autoridades correspondientes a la sociedad civil, comentó.