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El destino de “El Tortillas”, en manos del Segundo Tribunal Colegiado

Foto: Gabriela Lorena Roldan

Por: Ricardo Lugo Medina

Un horizonte plagado de instituciones carentes de oficio en la procuración de justicia complica el proceso jurídico de José Miguel Urbina, “El Tortilla”, cuyo futuro podría encontrar esperanza en la reunión que sostendrá su abogado defensor, Arnulfo Moya Vargas, y su mamá, la señora Ofelia Franco, ante el Segundo Tribunal Colegiado del estado el jueves 7 de febrero.

 

Arnulfo Moya y la señora Ofelia solicitaron la cita con el objetivo de plantear las anomalías encontradas en el expediente jurídico de Miguel Urbina.

“Lo haremos de manera directa con cada uno de los magistrados. Yo tengo la mejor opinión de este Tribunal Colegiado”, expresó Moya Vargas.

“En este momento se acaba de citar a sentencia en el amparo 256/2012 del segundo Tribunal Colegiado en la materia aquí en Querétaro”.

De acuerdo con Moya Vargas, se espera una resolución favorable a la víctima, porque el Tribunal puede ordenar la anulación o que se reinicie el proceso por el cual fue detenido y posteriormente recluido en San José El Alto.

Entre la serie de irregularidades identificadas en el expediente de Miguel, la agencia número 1 del Ministerio Público pasó por alto que no existe “una sola huella, un solo testigo directo que expresara que el joven José Miguel Urbina Franco hubiese sido quien cometió el delito. El expediente no debió ser seguido de esa manera”.

“No existe nadie quien diga: yo vi que Miguel empuñó un arma y aquí están la huellas, yo le tomé esta fotografía, yo lo describo con la playera, con los zapatos y fisionomía tal” aseguró Arnulfo Moya.

“En ninguna parte del expediente existe eso”.

Expediente estaba inactivo en la CEDH desde julio 2012

Miguel Nava Alvarado, presidente de la CEDH, aseguró que para la segunda semana de febrero la comisión tendría una resolución para el caso de Miguel Urbina “El Tortilla” (ver nota previa).

Sin embargo Arnulfo Moya aseveró que si la comisión decide ser “cómplice” de la detención arbitraria “como hasta ahora”, se acudirá a la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero de las personas que estén implicadas y exigir que se siga el procedimiento que marca la ley y que como todo ciudadano respondan ante sus actos ante una autoridad.

“En la Comisión Estatal de Derechos Humanos encontramos un expediente inactivo desde hace siete meses y preguntamos por qué esa inactividad procesal a pesar de que era un asunto urgente y además grave el que se estaba revisando.

“No nos permitían el acceso al expediente y nos niegan la copia del mismo, en una franca y abierta violación al artículo sexto de nuestra Constitución. Tuvimos que obligar a empellones la obligación de la consulta y vimos la razón de esa actitud tan cerrada, ya que desde el 12 de julio de 2012 no ha existido ninguna actuación, por lo que solicitamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que emitieran la recomendación correspondiente”.

El procurador Arsenio Durán Becerra a más de un año no “ha contestado a la petición de un informe solicitado y no cumplió con ese requerimiento. La ley es muy clara y dicta que a falta de una respuesta efectiva ante una acusación que tiene queja una autoridad se presume que los hechos son ciertos y la comisión no ha ejercido esa facultad”.

Arnulfo Moya resaltó que existe negligencia por parte de la CEDH y sus órganos, y agregó que al joven Miguel Urbina se le tomó como un “chivo expiatorio” sobre una presión mediática nacional que “con fuerza buscaba construir un culpable y finalmente Miguel fue quien se les atravesó y es el que está siendo sancionado sin haber cometido un delito”.

El abogado recalcó que la propia tortura basada en descargas eléctricas en los genitales es causa suficiente para suprimir un procedimiento penal ya que la Constitución lo estableció como una sanción de nulidad para la confesión coaccionada.

“Es el caso y hay una confesión coaccionada y es una regularidad documentada que está en el expediente”, recalcó.

“Se debe apelar al sentido de liderazgo democrático del gobernador. Sus colaboradores no son lo más eficientes ni cuidadosos en el ejercicio de las funciones. Pero él tiene la capacidad de solicitar internamente que le informen de este caso y que pida el expediente”.

‘Yo misma le entrego el expediente al gobernador’: Ofelia Franco

Ante las falta de pruebas fehacientes en la documentación procesal de Miguel Urbina, su madre con ojos tristes y llanto reprimido, aseguró que su hijo es inocente.

Lamentó por enésima vez las descargas eléctricas en los genitales de Miguel para que los judiciales obtuvieran una confesión manchada de crueldad y brutalidad ante la represión mediática sobre la muerte de Christian Said Bringas Pérez, aficionado del equipo América.

Con vehemencia, la señora Ofelia increpó diciendo que ella proporciona, con toda disposición, el expediente al gobernador José Calzada, “para que observe que señalan a otra persona como culpable y no a mi hijo”.

Por su parte el abogado defensor de Miguel insinuó que si el mandatario estatal lee el expediente va a solicitar de inmediato que el proceso se cancele.

 

“No dudo que si lo revisa en el escritorio puede tomar esa decisión”.

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