En los casos BMW, Uber y 1 mayo, el secretario de Gobierno ha mostrado poco tacto

Por: Carmen Galván y Luis A. Alegría

PARA DESTACAR: Cuando Granados Torres era titular de la PGJ con Francisco Garrido hubo 131 quejas la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, por detención arbitraria, lesiones, irregular integración de averiguación previa, empleo arbitrario de uso de la fuerza y tortura.

Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno del estado de Querétaro, tras casi ocho meses de la administración de Francisco Domínguez Servién, ha mostrado deficiencias y poco tacto al resolver conflictos; los cuales se vienen mostrando desde su participación en administraciones anteriores. Las manifestaciones del Día del Trabajo, el creciente número de personas desaparecidas en el estado, el aparente crecimiento de la percepción de inseguridad y los problemas entre taxistas y Uber; son algunas de las situaciones que han puesto a prueba las capacidades del secretario.

Granados Torres es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), además cuenta con maestría en Derecho Penal y se especializa en temas de seguridad pública, en los cuales ha tenido dificultades durante la actual administración de Francisco Domínguez Servién.

Los eventos ocurridos durante el desfile del primero de mayo, en cual se lanzaron gorras y camisas contra el templete donde se encontraba Francisco Domínguez Servién, y el consecuente señalamiento de diferentes líderes civiles como causantes del incidente; es la última muestra de esta situación.

El señalamiento hacia Pablo Héctor González Loyola, Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz, Maximino Pérez Calixto, entre otros como ‘reventadores’ del desfile encubren la nula intervención en el evento por parte de elementos de la Policía Estatal; esta corporación se encuentra a cargo de su hermano, Juan Marcos Granados Torres.

La situación es similar a una marcha en Tequisquiapan, realizada el 20 de noviembre del 2015, en la cual fueron detenidas 20 personas que se manifestaron en contra de la designación de los delegados municipales; el cargo por el que los acusaron fue agravio al estado. En este caso Juan Martín indicó que en el estado se iban a permitir las manifestaciones de descontento, pero que en caso de la violación de derechos de terceros o la realización de actos delictivos durante estas, se aplicaría todo el peso de la ley contra esas personas.

Quizá el caso más importante, aunque no es un tema directo de la Secretaría de Gobierno estatal, fue la desaparición de Yosheline Arenas Heredia el 11 de diciembre del 2015; cuyo fallecimiento fue confirmado el 19 de febrero del año en curso. El caso tomó relevancia en los medios locales, presionando para la investigación del caso. El 21 de enero la Procuraduría General de Justicia (PGJ), a cargo de Alejandro Echeverría Cornejo –allegado a Granados Torres-, dio a conocer un video donde se veía a la joven subir a un auto; pidiendo ayuda para la identificación del vehículo.

En el periodo en el que se dieron la investigaciones, el día 12 de enero, familiares de Yosheline señalaron al semanario Libertad de Palabra que la procuraduría había arruinado una pista que habría ayudado a localizarla; señalando que en un número telefónico otorgado por la familia la PGJ se limitó a llamar a dicho teléfono y pedirle a la persona que se presentara a declarar, cosa que no hizo.

Además de destacar que cuando la Procuraduría trató de ingresar a la cuenta de Facebook de la joven, la cual había sido cerrada un mes antes de la desaparición, no obtuvieron la información que buscaban; pero un amigo de la familia si consiguió habilitar nuevamente la cuenta, pidiéndole a esta persona que le ayudara a solucionar otros casos.

Cuando se dio a conocer el fallecimiento de Yosheline, cuyo cuerpo había sido encontrado el 18 de enero en la comunidad de Saldarriaga, también se informó que se tenía capturado al agresor; de esta forma la PGJ comenzó el proceso por homicidio en primer grado, aunque diversos grupos pedían que fuera catalogado como feminicidio.

Esto abrió de nuevo el debate, que había sido tocado en los primeros meses de Granados Torres como secretario de Gobierno, de la existencia de feminicidios en el estado; y la urgencia de implementar una alerta de género en el estado, impulsada por diversos grupos de activistas.

Martín Granados Torres señaló que no se podía reclasificar el delito, debido a que no cumplía con las características de un feminicidio como lo señala la ley y de catalogarlo de esta forma el acusado podría tomar ventaja de este; además de recalcar que en el estado no es necesaria la implementación de una alerta de género.

Por su parte las asociaciones civiles en pro de las mujeres, señalaron se cumplían todas las características de feminicidio, además de recalcar que existían hasta ese momento otros dos casos similares que debían servir para emitir la alerta de género estatal. Apoyado también por familiares de personas desparecidas, que ya habían hablado con el secretario de Gobierno, pero aparentemente estos acercamientos no habían tenido efecto.

Los problemas entre los Taxistas y Uber comenzaron desde principios de año, cuando los primeros comenzaron a señalar a la empresa de taxi ejecutivo como una competencia desleal, explotando la situación el 15 de febrero. En este día se reportó que un grupo de taxistas, con base en la Terminal de Autobuses de Querétaro (TAQ),  llevaron una grúa a la terminal y estaban retirando ellos mismos a unidades de Uber que estaban haciendo base en el lugar. En total se llevaron 6 unidades de taxi ejecutivo al corralón, aunque no tenían la capacidad jurídica de hacerlo

Sobre esto Martín Granados Torres señaló que lo hecho por los taxistas estaba dentro de lo legal, ya que ningún carro particular tiene permitido operar en este lugar, destacando que los taxistas únicamente realizaron la detección de las unidades y el gobierno se encargó de llevarlos al corralón; pasándole la situación al Instituto Queretano del Transporte (IQT), quien debería poner la multa administrativa.

Los antecedentes de Granados

Juan Martín Granados Torres fue titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado durante tres años del gobierno de Ignacio Loyola Vera (1997-2003) y el sexenio de Francisco Garrido Patrón (2003-2009); además trabajó como “coordinador de proyectos” durante el gobierno en el municipio de Querétaro de Francisco Domínguez Servién; sin embargo durante este tiempo hubo varios casos que no fueron esclarecidos.

Uno de ellos fue el asesinato de activista Octavio Acuña Rubio el 21 junio de 2005, en dicho caso hubo al menos tres acusados distintos en el homicidio, sin embargo fue tipificado por el Ministerio Público como robo. Nadia Sierra, en aquel entonces coordinadora de la Asociación Queretana para la Educación Sexual (Aquesex), temió que detrás del asesinato impune de Octavio Acuña estuviera alguien que «pertenece a las organizaciones policíacas» (Tribuna de Querétaro 754).

Otro caso fue el de Genaro Arres Rascón, ocurrido en marzo de 2006, quien presuntamente falleció después de haber sido torturado por dos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM). Arres había sido acusado de robo calificado. El entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pablo Enrique Vargas Gómez, rompió relación institucional con la PGJ por unos meses, debido a que el crimen había quedado impune. (Tribuna de Querétaro 754).

Durante este tiempo hubo 131 quejas hacia la Procuraduría General de Justicia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, por detención arbitraria, lesiones, irregular integración de averiguación previa, empleo arbitrario de uso de la fuerza y tortura. Un ejemplo citado en Tribuna de Querétaro 391 fue el de Eduardo Yáñez Camacho quien fue torturado bajo la técnica de ahogamiento para que se declarara culpable de varios asaltos y de un robo de más de 600 mil pesos.

El pasado mes de noviembre al poco tiempo de haber iniciado gestiones la nueva administración, Francisco Domínguez fue interceptado por una mujer quien le pedía que la recibiera para que diera a conocer el caso de su hijo desaparecido desde hace más de nueve años, agregó que no había sido recibida por aquel gobernador y el procurador de aquel entonces, ahora secretario de gobierno, a lo cual ambos solo sonrieron.

De acuerdo con una entrevista realizada por el semanario Libertad de Palabra a los familiares, el joven se encontraba atendiendo un lote de automóviles en la colonia Los Ángeles cuando tres personas se lo llevaron. La familia realizó la búsqueda por su cuenta debido a que las autoridades no presentaban avances en el caso.

Caso BMW

El 27 de diciembre del 2004 fue asesinado Marco Antonio Hernández Galván, por el conductor de una camioneta BMW negra, a causa de un incidente de tránsito. Miguel Gerardo Rivera Alcántara, principal testigo y amigo del occiso, acusó públicamente a Federico Ruíz Lomelí de dispararle a su amigo y amenazarlo con un arma de fuego en su cabeza.

El caso fue muy criticado debido a que el entonces procurador, Juan Martín Granados, exculpó al principal sospechoso del crimen, el empresario Federico Ruiz Lomelí sin ser presentado ante el ministerio público.

De acuerdo con Benjamín Vargas Salazar, subprocurador jurídico y de control interno de la Procuraduría General de Justicia, quien se presentó el pasado mes de noviembre al programa “En su propia voz”, transmitido por TvUAQ, a 11 años del homicidio, continúan las indagatorias para que sea posible ejercer una acción penal en contra de quien resulte responsable del asesinato de Marco Antonio Hernández Galván.

El crimen presentó una serie de irregularidades, dentro de las cuales se encuentra la omisión de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 31 de octubre del 2005 declaró en el mismo programa Arnulfo Moya Vargas, representante legal de José Luis Hernández Guerrero, padre de la víctima.