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El laberinto de la participación ciudadana en Querétaro

Texto de la cápsula informativa que se presentará en el foro de este miércoles 5 de diciembre a las 11:00 horas en el auditorio Fernando Díaz Ramírez

La participación ciudadana no se reduce a las urnas cada tres años, cuando el pueblo acude a votar para elegir a sus gobernantes. La participación ciudadana trasciende el sufragio y es la posibilidad que tiene la sociedad de intervenir en todo momento en las decisiones cotidianas del gobierno, sobre todo las que le afectan en su vida cotidiana.

En los últimos años se han venido aprobando en los estados leyes que buscan fortalecer la democracia en México, a través de la participación ciudadana, mediante procedimientos como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana y la revocación de mandato. Este último es el mecanismo menos contemplado en las leyes.

Actualmente, 24 estados de la República y el Distrito Federal cuentan ya con una Ley de Participación Ciudadana, siendo Querétaro el último estado en sumarse a esta iniciativa.

 

15 años de retraso

A partir de 1992 tomó forma en Querétaro la idea de realizar una “Reforma de Estado”. El tema primordial fue la materia electoral, cosa que se logró cuatro años después al sacar las manos el gobierno de la organización de las elecciones y con ello recuperar la confianza ciudadana en los procesos electorales. Luego de ser reformada la Constitución, fue promulgada en 1996 la nueva Ley Electoral del Estado, cuyas nuevas reglas del juego permitieron la alternancia política en forma ordenada y pacífica.

Además de regular el voto, la Constitución contempló en su artículo 13 la creación de dos figuras de participación ciudadana directa, mencionando explícitamente dos: iniciativa popular y referéndum.

A partir de ese momento, en todas las consultas ciudadanas previas a las reformas electorales de 1999 a 2008, por muy diversos conductos la ciudadanía planteó la necesidad de reglamentar esas figuras para hacerlas efectivas, así como crear otras como el plebiscito y la revocación de mandato. Esta demanda fue planteada por ciudadanos y organismos y a través del Instituto Electoral de Querétaro se pusieron a consideración de la Legislatura.

La realidad es que no sólo no se regularon las figuras, sino que, en los hechos, fueron eliminadas. En la llamada “Constitución renovada” de 2008, el artículo 7 sólo establece que la ley regulará las figuras de participación ciudadana, sin mencionar cuáles son los instrumentos creados para su ejecución.

Con más de 15 años de retraso, sin embargo, el estado de Querétaro cuenta ya con una Ley de Participación Ciudadana.

El laberinto de una ley

Antes de analizar su contenido, detengámonos en la historia de esta ley. La Legislatura del estado de Querétaro hizo el primer intento por sumarse a este esfuerzo de participación popular el 30 de julio de 2009. Recién habían concluido las elecciones constitucionales de ese año, donde resultó electo el actual gobernador del estado, José Calzada Rovirosa. Una vez aprobada, dicha ley se turnó al Poder Ejecutivo, todavía encabezado por Francisco Garrido Patrón, para que se publicara en el periódico oficial. Sin ninguna explicación, y violando las disposiciones constitucionales y legales que existen respecto del procedimiento legislativo, la ley no se publicó.

Pasaron 2009, 2010 y 2011, y la ley siguió sin publicarse.

En 2012, tres años después de aquella aprobación, y luego de que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo omitieron ordenar la publicación de la ley, de modo intempestivo la Comisión de Participación Ciudadana retomó el tema. Con extraña celeridad, en sólo dos días el proyecto fue presentado y dictaminado por la comisión integrada por los diputados Gerardo Cuanalo, Micaela Rubio, Marcos Aguilar, Pablo Ademir Castellanos y León Enrique Bolaño, todos ellos de extracción panista. Y en una semana más, el 20 de marzo, sin foros ni la menor discusión pública, el pleno de la Legislatura la aprobó.

Transcurridos los plazos legales dentro del procedimiento legislativo, el tema quedó colocado en una situación inédita, pues la misma Legislatura había aprobado dos leyes distintas para la misma materia, sin que ninguna de las dos fuera publicada. La sorpresa ocurrió el 17 de agosto, cuando el Poder Ejecutivo del estado, por conducto del periódico oficial La Sombra de Arteaga, sin explicación alguna respecto de la demora, publicó la ley aprobada en 2009, tres años atrás. Una nueva sorpresa vino dos días después, el 19 de agosto, cuando se publicó la ley aprobada el 20 de marzo anterior, ordenando la abrogación de la publicada dos días atrás.

Es grave la irregularidad en que incurrió el Poder Ejecutivo, pues tardó cinco meses más para publicar la ley en vigor. Según explicó la entonces diputada panista Berenice Ortiz Pérez, en el proceso legislativo intervienen tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo y es a este último al que le corresponde la promulgación y publicación de leyes. Una vez que le fue remitido al Ejecutivo el dictamen aprobado, el 24 de marzo, éste contaba con un plazo de 15 días naturales para formular observaciones al proyecto de ley. Al no haber presentado observaciones, contaba con un plazo de 30 días naturales para publicarla, debiendo haberlo hecho el pasado 23 de mayo.

Más aún, la gravedad mayor radica en el contenido de la norma.

Avances, límites y retrocesos

En términos conceptuales, la ley en vigor contiene novedades significativas al contemplar cinco figuras de participación directa: 1) Plebiscito; 2) Referéndum; 3) Iniciativa ciudadana; 4) Consulta vecinal, y 5) Obra Pública con Participación Ciudadana.

Una notoria insuficiencia es que no se contempla la revocación de mandato, esto es, la posibilidad legal de que los ciudadanos así como eligen a un gobernante puedan cesarlo de manera anticipada al cumplimiento de su compromiso, cuando su gestión no ha sido satisfactoria.

La Constitución de Chihuahua es la única en el país que ha creado la figura de revocación de mandato para todos los cargos electorales desde 1997. No obstante, es fecha en que no cuentan aún con una ley secundaria que regule el procedimiento, esto es, que fije con precisión los mecanismos de participación por parte de los ciudadanos.

Entre los retrocesos de la ley del 19 de agosto hay que notar que fue eliminada la figura de los Cabildos Abiertos, mismos que daban la oportunidad a los ciudadanos de participar en las sesiones públicas del Ayuntamiento para plantear asuntos de interés colectivo.

Otro retroceso consiste en que se presenta un endurecimiento de requisitos para la presentación de una iniciativa de ley ciudadana. En la ley del 17 de agosto se establecía que bastaba con cien ciudadanos inscritos en el padrón electoral, con domicilio en el estado, para hacer uso de este derecho, mientras que en la aprobada el 19 de agosto se eleva de modo impresionante el requisito, pues ahora se requiere la firma de al menos el uno por ciento del padrón electoral, es decir, de cien pasó a 13 mil 285 ciudadanos los que deben reunirse para presentar una iniciativa de ley.

Para el caso de plebiscito y referéndum, en las dos leyes se impuso el requisito de que se reúna la firma de al menos el tres por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral en el estado o municipio, lo que implica que para el caso del estado de Querétaro se necesitan por lo menos 39 mil 850 ciudadanos.

Para que usted se dé una idea, con esta cantidad podrían ser creados dos partidos políticos de acuerdo a la legislación electoral del estado. Con esa misma cantidad de ciudadanos podrían crearse cuatro asociaciones políticas estatales.

Otro retroceso relevante consiste en que la ley del 17 de agosto establecía que el resultado de un plebiscito tendrá efecto vinculatorio para la autoridad estatal o la municipal, es decir, que la autoridad estará obligada a obedecer, siempre y cuando participe al menos el 20 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, mientras que en la ley del 19 de agosto, la vigente, el porcentaje se incrementó a un 40 por ciento.

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