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El poderoso diputado número 26

Desde el Palacio de la Corregidora se cabildea y presiona a los diputados para cumplir los deseos del poder Ejecutivo, señaló el exdiputado Aguilera Rico

Por: Mariana Chávez

Así como en el Congreso de la Unión los legisladores federales son interceptados por los llamados “cabilderos” para evitar que proceda algún punto de acuerdo, exhorto o ley que perjudique a las empresas, al interior de la Legislatura existe un cabildero conocido como ‘el diputado número 26 cuya función es vigilar los intereses de Gobierno del Estado, afirmó José Luis Aguilera Rico, ex diputado local en dos diferentes periodos.

Este cabildero, puntualizó el también ex diputado federal y actual regidor del Ayuntamiento de Querétaro, está plenamente identificado y registrado como trabajador del gobierno estatal bajo la figura de Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno.

Esta persona entra en labores en cuestiones de intereses de partidos o para que se aprueben o se eliminen iniciativas de ley, según sea el caso, que favorecen o no al Gobierno del Estado.

Al respecto, Aguilera Rico aunque destacó que personalmente no le tocó vivir una experiencia de esta manera (durante los periodos 2003-2006 y 2009-2012), sí tiene conocimiento que la actividad de ese cabildero es “convencer” a los diputados que destaque o retire determinada iniciativa de ley.

Puso como ejemplo el decreto de patrimonio cultural inmaterial de las corridas de toros, que aseguró es una iniciativa diseñada desde el Poder Ejecutivo, encabezado por José Calzada.

“Cuando vemos que un diputado de Movimiento Ciudadano, que hoy ya no es del partido (Marco Antonio León Hernández) promueve esta iniciativa, en una reunión en México el presidente nacional le dice, de viva voz, ‘oye, ¿quién te dijo que hicieras esto?’. ‘Gobierno del Estado’. Él acepta que es Gobierno del Estado quien le pide que haga la iniciativa, que no es idea de él (…) fue el decreto de los toros. La iniciativa se la mandan para que la firme”.

Esta práctica, denunció, evidentemente es un indicador de corrupción, también se presenta en los Ayuntamientos pero más por intereses políticos o de partido, reconoció el integrante del Cabildo que preside Roberto Loyola Vera.

En los Ayuntamientos, agregó, sucede según la importancia del municipio, al citar como ejemplo el caso de Jorge Emilio González conocido como “El Niño Verde” que fue grabado cuando negociaba un soborno de 2 millones de dólares a cambio de, mediante sus influencias, conseguir un permiso para construir en una zona de Cancún.

Sin embargo, destacó que recientemente lo buscaron empresarios del Estado de México por el reglamento de valet parking que acaba de proponer y que el próximo martes se espera que sea aprobado en el Cabildo de la capital queretana.

“Al final llegó una asociación de valet parking del Estado de México a reclamarme por qué estaba proponiendo eso. Le dije, a ver, espérame. Primero tienes que ser de Querétaro para discutir un reglamento queretano. Ustedes representan al Estado de México, no pagan ni siquiera impuestos en Querétaro y vienen a quererme exigir ‘bajar’ este reglamento, pues no”

Ante el panorama, José Luis Aguilera señaló que el ciudadano en realidad no cuenta con un representante popular, dado que es decisión de cada político si atiende o no la demanda de su representado.

Advirtió que el principal indicador que puede observar el ciudadano sobre la existencia de un presunto acto de corrupción es cuando el legislador cambia de opinión vota diferente en el momento de aprobar las iniciativas de leyes en discusión.

Empresas mandan a mujeres “altas y güeras” para tratar de persuadirnos

La práctica de que diputados federales y senadores sean interceptados por los llamados “cabilderos” para que procedan iniciativas de ley, o se reviertan, de manera que beneficien a las empresas, es común al grado que los integrantes de los despachos que se dedican a esa actividad, tienen lugares especiales en el estacionamiento y en el recinto de San Lázaro y del Senado.

Al narrar aspectos que vivió como ex legislador federal por el entonces partido Convergencia, Aguilera Rico destacó que tras proponer un punto de acuerdo para prohibir la venta en México de Coca-Cola Zero porque contiene una sustancia que puede ser dañina y que el exhorto era para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), fue interceptado por Cabilderas que representaban a esa compañía.

Le propusieron retirar esa propuesta y para tratar de convencerlo a lo largo de una semana le regalaron productos Coca-Cola.

El entonces diputado federal durante el trienio 2006-2009 destacó que las personas que se acercaban para realizar esa práctica de “cabildeo” eran por lo general, mujeres “altas y güeras”.

“Me sientan con el representante de los refresqueros a nivel nacional, el Director de Mercadotecnia y un jurídico también.  Me hacen la ‘oferta’ de que baje el punto de acuerdo y que me invitaban a Atlanta (Estados Unidos) a que conociera cómo se hacía la fabricación de Coca-Cola Zero (…)

También cuando presentó un exhorto para prohibir la comercialización de la bebida Red Bull, por tener sustancias que pueden resultar nocivas para la salud, dado que pueden producir un infarto, nuevamente los “cabilderos” le propusieron que se olvidara de la propuesta.

Incluso para poder dialogar con el entonces diputado federal, abordaron un avión en dónde él viajaba hacia Tijuana, sólo para entablar contacto.

“Me llegó primero una abogada alta, rubia. Te invitan a una cena y te dicen ‘¿cuánto para que bajes el punto de acuerdo?’. Al final yo no accedí a la reunión. Hubo una oferta para que yo bajara el punto de acuerdo”, señaló.

Aguilera Rico consideró que estas son prácticas ‘muy normales’, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores. Las empresas que representan a las grandes empresas y que realizan “acuerdos” con los Legisladores se promocionan en revistas dirigidas al sector empresarial.

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